Según el registro⁸ de agresiones de INDEPAZ9, para 2021 se produjeron 57 asesinatos a líderes, lideresas y defensores de DD.HH¹⁰., 33 masacres y la muerte de 23 firmantes del acuerdo  de paz. En sólo cuatro meses es posible observar que la violencia en Colombia ataca a quienes persiguen el buen vivir.

Desde el 28 de abril hasta el 23 de mayo y en el marco del paro, según datos cruzados de distintas organizaciones de DD.HH., 58 personas fueron asesinadas por efectivos del ESMAD, policía y civiles. El uso de personas de civil, por parte de la fuerza pública que dispara y reprime a manifestantes, es ampliamente conocido dentro del país para evitar responsabilidades frente a la violación de los derechos fundamentales de quienes están en las calles protestando. De acuerdo al reconocimiento oficial, suman 129 las personas desaparecidas en el marco del paro.¹¹ Aunque las organizaciones sociales reportan más de 300.

La violencia sexual, tortura y detenciones arbitrarias también se sumaron al paro. Según la ONG Temblores entre el 28 de abril y el 18 de mayo se registraron¹² 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género cometidos presuntamente por miembros de la policía. Una joven de 17 años de la ciudad de Popayán tuvo que quitarse la vida luego de que cuatro policías antidisturbios abusaron  de ella.

Apenas iniciado el paro, el 30 de abril, el senador por el Centro Democrático y expresidente  de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde arengaba a la población a dar apoyo a la fuerza pública para reprimir la protesta con el uso de armas. La red social censuró la publicación durante el mismo día¹³. Sin embargo, la declaración del expresidente  y promotor del paramilitarismo no causa sorpresa, más aun, los comentarios de apoyo y crítica en la red social evidencian la polarización política existente en el país.

El 13 de mayo, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, junto a organizaciones sociales, presentaron ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra del Estado colombiano, allí recogen más de 1.500 situaciones de violencia en contra de las personas que ejercen el derecho a la protesta social durante el paro. Durante la semana del 24 de mayo la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, rechazó la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el 14 propuso una misión al país.

La violencia en el país más desigual del continente cumple un siglo de opresión en manos de los poderosos que detentan la tierra, el trabajo y la educación para su élite. Como versaba un cartel en las calles: “Colombia no es un país, es una finca con bandera”. Cuando el campesinado trabajador de la compañía bananera estadounidense United Fruit Company realizó en 1928 la huelga histórica de 25 mil personas, el Ejército colombiano intervino en defensa de los intereses de la empresa y acribilló a quienes protestaban. La historiografía de Gabriel García Márquez en la novela Cien años de soledad y la memoria necia del pueblo han permitido que este suceso no caiga en el olvido. Un siglo de represión e impunidad: ¿Cómo se llega hasta el presente?

En 1948 fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, un referente popular que representaba la opción para la clase desposeída en el campo y la ciudad. El atentado despertó la ira y movilización social en lo que la historia nombra hoy como Bogotazo. Durante esos años, grupos insurgentes se enfrentaron a la violencia de los conservadores, hasta que se creó una concertación entre liberales y conservadores (Frente Nacional) para perseguir a los liberales radicales. Así, para 1960 el líder histórico de las FARC-EP¹⁴, Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”, fundaba la República de Marquetalia en las montañas de Colombia.

Mientras la guerrilla estaba en el monte, la violencia oligárquica en las ciudades se encargó de perseguir y asesinar a liderazgos de izquierda, con impronta alternativa o popular, como sucedió con el genocidio a la militancia de la Unión Patriótica a partir de 1984.¹⁵ Los años 80 y 90 fueron años de consolidación de las FARC como una organización armada para obtener el poder del Estado y hacer la demorada Reforma Integral Agraria, contando con el apoyo del campesinado históricamente negado y una gran participación de la juventud. Frente a la amenaza guerrillera, empresarios y políticos se unieron para crear las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada conocidas como las Convivir, en 1994, que pasaron a ser grupos paramilitares que asesinaban a cualquier persona con la excusa  de la “limpieza social”, promovidas por Álvaro Uribe Vélez¹⁶, por entonces gobernador de Antioquia, donde implementó el modelo al pie de la letra y lo extendió como política nacional cuando ejerció como presidente de la república (2002-2010). 

​Durante los años que gobernó Uribe, institucionalizó la matanza, creando los “falsos positivos”, que consisten  en el asesinato de campesinos por parte del Ejército presentándolos luego como “guerrilleros”, para aumentar las cifras del control sobre la guerrilla. La Comisión de la Verdad, creada después del acuerdo de paz  entregó la cifra de 6.402 posibles falsos positivos, pero esta puede sobrepasar los diez mil. Existen numerosos trabajos documentales y denuncias nacionales e internacionales sobre la participación de Uribe Vélez en el asesinato sistemático a militantes sociales, el narcotráfico y en la apropiación de tierras, pero hasta la fecha reina la impunidad.