La situación actual de los derechos históricos de los pueblos indígenas en Centroamérica, tal como reflejan las denuncias de sus organizaciones, como las de derechos humanos, no es positiva. Los y las defensoras de los territorios, como de la vida de sus pueblos, están en riesgo debido a la violencia ejercida por las élites, tanto por el racismo institucionalizado, como por una lógica extractivista ligada a los mercados internacionales en cuanto a la demanda de bienes que van desde la minería, el turismo, hasta la economía verde, que busca expropiar  los bienes comunes que están en sus territorios. Todo esto le da forma a una política de colonialismo que afecta a los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes.

Es importante tener en cuenta que esta situación no es una novedad, sino que es parte de un largo continuum histórico, que no se ha roto desde la formación de los Estados nacionales en Centroamérica, cuyos procesos de independencia no rompieron con el pasado colonial, sino que lo retomaron, muchas veces con mayor virulencia, formulando e implementando políticas sociales, económicas y culturales que buscaban la homogeneización cultural, la supresión de la organización indígena y el despojo territorial, revocando muchas veces derechos que los pueblos indígenas habían conquistado durante la etapa colonial.

Específicamente en Nicaragua, el Estado Nación utilizó una combinación de acciones legales y fuerzas para suprimir distintas comunidades indígenas ubicadas en el Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. Abolieron sus títulos y formas de organización, lo que llevó a la desmembración de sus tierras, muchas de las cuales fueron transferidas a las élites formadas por familias que formaron parte del aparato colonial y que, después de la independencia, mantuvieron el poder.

El proyecto homogeneizador del Estado Nación en Nicaragua incluyó lo que el historiador Jeffrey Gould¹ denominó el mito de la «Nicaragua Mestiza». Esto consistió en establecer una narrativa oficial que se expresó en las ciencias sociales, la literatura, el arte, la poesía y la historia, proyectando la imagen de un país étnicamente homogéneo. Se divulgó la tesis de que las poblaciones indígenas iban desapareciendo en favor de un mestizaje, mientras se invisibilizaba cualquier acontecimiento que las involucrara.

Jeffrey Gould demostró cómo la narrativa oficial de la «Nicaragua Mestiza» invisibiliza el papel transcendental que las poblaciones indígenas jugaron en la política y la economía durante el período de 1880 a 1925, así como en otros momentos de la historia; la lucha de Sandino, durante el somocismo y la revolución sandinista. En estos momentos históricos, las poblaciones indígenas jugaron un papel importante en la resistencia y la lucha contra la opresión y la injusticia, pero a menudo se ignoró o minimizó su participación en la narrativa oficial.

Junto con la descapitalización simbólica, también se llevó a cabo la territorial. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado nicaragüense implementó una serie de medidas para privatizar las tierras ejidales, imponer impuestos, establecer alcaldías sobre organizaciones indígenas y el trabajo forzoso, con el fin de debilitar la figura jurídica de las comunidades indígenas. Estas acciones continuaron más allá de esos períodos, como se puede ver en casos estudiados por este investigador, como Telpaneca, Mozonte, Cusmapa y Totogalpa.

En cuanto a la Costa Caribe, aunque legalmente formaba parte de Nicaragua durante la época colonial, en realidad nunca estuvo bajo su control. Por lo tanto, fue necesario emprender un proceso de conquista del territorio inconcluso de la colonia española, denominado por la historia oficial como «la reincorporación«, que se consumó en 1894.

Todo esto se presentó como un proyecto civilizador, en el que la élite nacional se colocaba como el agente civilizador cuya misión era establecer un Estado-nación. Para ello, consideraban necesario acabar con aquellas identidades consideradas premodernas. En el territorio anexado, el gobierno nacional tenía la intención de despojar a los pueblos indígenas de sus bienes comunes y territorios, siguiendo su práctica habitual con otros grupos indígenas en Nicaragua. Sin embargo, debido a los conflictos inter-oligárquicos constantes y la situación neocolonial con los Estados Unidos, se estableció una relación compleja entre el Estado, las élites y la región en cuestión. En última instancia, las compañías estadounidenses asumieron el control efectivo de la región y establecieron una economía de enclave para la extracción de banano, minería y madera, y también ejercieron el control político.

El trabajo de Carlos Vilas² destaca cómo la economía de enclave, basada en la explotación de recursos naturales, como la madera y los recursos minerales, en manos de empresas extranjeras y locales, produjo una estructuración social que marginó a la población indígena y la relegó a trabajos asalariados en los enclaves. Esta economía de enclave se articuló con el proyecto homogeneizador cultural, que buscaba imponer una identidad mestiza y occidental en la región del Caribe, alejada de las tradiciones y prácticas culturales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Todo esto produjo una serie de tensiones y conflictos en la región.

Durante la dictadura somocista, la presencia del Estado en la Costa Caribe fue marcada por el interés de controlar y explotar los recursos naturales de la región, como la madera y el camarón, mediante la intervención de empresas transnacionales. Para ello, se utilizaron funcionarios mestizos del Pacífico como intermediarios, quienes mantenían un vínculo con el Estado y las empresas, mientras que la población indígena seguía siendo marginada y excluida.

Además, durante esta época se incentivó (voluntaria u obligadamente a través del destierro) la colonización interna mestiza en la región, impulsando la migración de campesinos empobrecidos desde otras partes del país hacia la Costa Caribe, en busca de tierras para cultivar y establecerse. 

La relación con el Caribe también fue conflictiva dentro de los procesos de cambio social que implicaban una refundación. Tanto la revolución liberal como la revolución sandinista compartían una lógica de Estado Nación y la misión civilizadora de integrar al país, lo que implicó conflictos con las comunidades indígenas y afrodescendientes. En el caso de la revolución sandinista, el agravamiento del conflicto militar en la Costa Caribe y la resistencia miskitu llevaron a la necesidad de iniciar conversaciones que permitieran la formulación de la autonomía regional actual. Este proceso de negociación y construcción de la autonomía se dio en un contexto de intensos debates y tensiones políticas, culturales e identitarias, que dieron lugar a la creación de un marco jurídico y político que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Costa Caribe, y que busca garantizar la participación de las comunidades en la gestión de sus territorios y bienes comunes.

Desde su puesta en marcha en la década de los noventa, la implementación del proceso de autonomía en la Costa Caribe no implicó una transformación profunda de las relaciones con el Estado y las élites económicas y políticas del Pacífico. Se mantuvo una política cultural de homogeneización y un modelo de desarrollo basado en los tratados de libre comercio, que dieron continuidad actualizando la vieja economía de enclave. Además, se continuó con la colonización interna y la expropiación de los territorios indígenas, con el uso de colonos empobrecidos como punta de lanza. También se dio la cooptación del liderazgo indígena, lo que debilitó el surgimiento de una administración nativa con una perspectiva autonómica. Todo esto ha generado tensiones y conflictos en la Costa Caribe, y ha dificultado el pleno ejercicio de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región.

Desde el inicio de la dictadura de Ortega-Murillo en 2007, se ha registrado un aumento significativo de la presencia de grupos paramilitares en las regiones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Estos grupos son acusados de perpetrar graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados de poblaciones.

Los grupos paramilitares actúan en connivencia con el gobierno de Ortega-Murillo y sus fuerzas de seguridad, lo que ha generado un ambiente de impunidad para los delitos que cometen. Esto ha llevado a una situación de profunda inseguridad para las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, que se ven obligadas a vivir en un estado de permanente temor y vulnerabilidad ante los ataques de estos grupos armados.

En este contexto, el proceso de colonización interna y la usurpación territorial se han agravado significativamente, ya que estos grupos paramilitares actúan como una fuerza de ocupación al servicio de intereses económicos y políticos que buscan la apropiación de los bienes comunes de las comunidades indígenas y afrodescendientes.