El Estado conquistador en los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua
Maldito País
agosto 9, 2023
Exclusión y racismo, una continuidad histórica
La situación actual de los derechos históricos de los pueblos indígenas en Centroamérica, tal como reflejan las denuncias de sus organizaciones, como las de derechos humanos, no es positiva. Los y las defensoras de los territorios, como de la vida de sus pueblos, están en riesgo debido a la violencia ejercida por las élites, tanto por el racismo institucionalizado, como por una lógica extractivista ligada a los mercados internacionales en cuanto a la demanda de bienes que van desde la minería, el turismo, hasta la economía verde, que busca expropiar los bienes comunes que están en sus territorios. Todo esto le da forma a una política de colonialismo que afecta a los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes.
Es importante tener en cuenta que esta situación no es una novedad, sino que es parte de un largo continuum histórico, que no se ha roto desde la formación de los Estados nacionales en Centroamérica, cuyos procesos de independencia no rompieron con el pasado colonial, sino que lo retomaron, muchas veces con mayor virulencia, formulando e implementando políticas sociales, económicas y culturales que buscaban la homogeneización cultural, la supresión de la organización indígena y el despojo territorial, revocando muchas veces derechos que los pueblos indígenas habían conquistado durante la etapa colonial.
Específicamente en Nicaragua, el Estado Nación utilizó una combinación de acciones legales y fuerzas para suprimir distintas comunidades indígenas ubicadas en el Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. Abolieron sus títulos y formas de organización, lo que llevó a la desmembración de sus tierras, muchas de las cuales fueron transferidas a las élites formadas por familias que formaron parte del aparato colonial y que, después de la independencia, mantuvieron el poder.
El proyecto homogeneizador del Estado Nación en Nicaragua incluyó lo que el historiador Jeffrey Gould1 denominó el mito de la «Nicaragua Mestiza». Esto consistió en establecer una narrativa oficial que se expresó en las ciencias sociales, la literatura, el arte, la poesía y la historia, proyectando la imagen de un país étnicamente homogéneo. Se divulgó la tesis de que las poblaciones indígenas iban desapareciendo en favor de un mestizaje, mientras se invisibilizaba cualquier acontecimiento que las involucrara.
Jeffrey Gould demostró cómo la narrativa oficial de la «Nicaragua Mestiza» invisibiliza el papel transcendental que las poblaciones indígenas jugaron en la política y la economía durante el período de 1880 a 1925, así como en otros momentos de la historia; la lucha de Sandino, durante el somocismo y la revolución sandinista. En estos momentos históricos, las poblaciones indígenas jugaron un papel importante en la resistencia y la lucha contra la opresión y la injusticia, pero a menudo se ignoró o minimizó su participación en la narrativa oficial.
Junto con la descapitalización simbólica, también se llevó a cabo la territorial. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado nicaragüense implementó una serie de medidas para privatizar las tierras ejidales, imponer impuestos, establecer alcaldías sobre organizaciones indígenas y el trabajo forzoso, con el fin de debilitar la figura jurídica de las comunidades indígenas. Estas acciones continuaron más allá de esos períodos, como se puede ver en casos estudiados por este investigador, como Telpaneca, Mozonte, Cusmapa y Totogalpa.
En cuanto a la Costa Caribe, aunque legalmente formaba parte de Nicaragua durante la época colonial, en realidad nunca estuvo bajo su control. Por lo tanto, fue necesario emprender un proceso de conquista del territorio inconcluso de la colonia española, denominado por la historia oficial como «la reincorporación«, que se consumó en 1894.
Todo esto se presentó como un proyecto civilizador, en el que la élite nacional se colocaba como el agente civilizador cuya misión era establecer un Estado-nación. Para ello, consideraban necesario acabar con aquellas identidades consideradas premodernas. En el territorio anexado, el gobierno nacional tenía la intención de despojar a los pueblos indígenas de sus bienes comunes y territorios, siguiendo su práctica habitual con otros grupos indígenas en Nicaragua. Sin embargo, debido a los conflictos inter-oligárquicos constantes y la situación neocolonial con los Estados Unidos, se estableció una relación compleja entre el Estado, las élites y la región en cuestión. En última instancia, las compañías estadounidenses asumieron el control efectivo de la región y establecieron una economía de enclave para la extracción de banano, minería y madera, y también ejercieron el control político.
El trabajo de Carlos Vilas2 destaca cómo la economía de enclave, basada en la explotación de recursos naturales, como la madera y los recursos minerales, en manos de empresas extranjeras y locales, produjo una estructuración social que marginó a la población indígena y la relegó a trabajos asalariados en los enclaves. Esta economía de enclave se articuló con el proyecto homogeneizador cultural, que buscaba imponer una identidad mestiza y occidental en la región del Caribe, alejada de las tradiciones y prácticas culturales de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Todo esto produjo una serie de tensiones y conflictos en la región.
Durante la dictadura somocista, la presencia del Estado en la Costa Caribe fue marcada por el interés de controlar y explotar los recursos naturales de la región, como la madera y el camarón, mediante la intervención de empresas transnacionales. Para ello, se utilizaron funcionarios mestizos del Pacífico como intermediarios, quienes mantenían un vínculo con el Estado y las empresas, mientras que la población indígena seguía siendo marginada y excluida.
Además, durante esta época se incentivó (voluntaria u obligadamente a través del destierro) la colonización interna mestiza en la región, impulsando la migración de campesinos empobrecidos desde otras partes del país hacia la Costa Caribe, en busca de tierras para cultivar y establecerse.
La relación con el Caribe también fue conflictiva dentro de los procesos de cambio social que implicaban una refundación. Tanto la revolución liberal como la revolución sandinista compartían una lógica de Estado Nación y la misión civilizadora de integrar al país, lo que implicó conflictos con las comunidades indígenas y afrodescendientes. En el caso de la revolución sandinista, el agravamiento del conflicto militar en la Costa Caribe y la resistencia miskitu llevaron a la necesidad de iniciar conversaciones que permitieran la formulación de la autonomía regional actual. Este proceso de negociación y construcción de la autonomía se dio en un contexto de intensos debates y tensiones políticas, culturales e identitarias, que dieron lugar a la creación de un marco jurídico y político que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Costa Caribe, y que busca garantizar la participación de las comunidades en la gestión de sus territorios y bienes comunes.
Desde su puesta en marcha en la década de los noventa, la implementación del proceso de autonomía en la Costa Caribe no implicó una transformación profunda de las relaciones con el Estado y las élites económicas y políticas del Pacífico. Se mantuvo una política cultural de homogeneización y un modelo de desarrollo basado en los tratados de libre comercio, que dieron continuidad actualizando la vieja economía de enclave. Además, se continuó con la colonización interna y la expropiación de los territorios indígenas, con el uso de colonos empobrecidos como punta de lanza. También se dio la cooptación del liderazgo indígena, lo que debilitó el surgimiento de una administración nativa con una perspectiva autonómica. Todo esto ha generado tensiones y conflictos en la Costa Caribe, y ha dificultado el pleno ejercicio de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región.
Desde el inicio de la dictadura de Ortega-Murillo en 2007, se ha registrado un aumento significativo de la presencia de grupos paramilitares en las regiones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Estos grupos son acusados de perpetrar graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados de poblaciones.
Los grupos paramilitares actúan en connivencia con el gobierno de Ortega-Murillo y sus fuerzas de seguridad, lo que ha generado un ambiente de impunidad para los delitos que cometen. Esto ha llevado a una situación de profunda inseguridad para las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, que se ven obligadas a vivir en un estado de permanente temor y vulnerabilidad ante los ataques de estos grupos armados.
En este contexto, el proceso de colonización interna y la usurpación territorial se han agravado significativamente, ya que estos grupos paramilitares actúan como una fuerza de ocupación al servicio de intereses económicos y políticos que buscan la apropiación de los bienes comunes de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la dictadura de Ortega
Con la llegada al poder en 2007, el gobierno de Daniel Ortega prometió a los pueblos indígenas y afrodescendientes un cambio en las políticas históricas impulsadas por las élites y el Estado nacional. Se presentó como una administración comprometida con la restauración de derechos y realizó algunas acciones significativas, como la creación de la procuraduría de derechos de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169 de la OIT, una demanda que había sido ignorada por gobiernos anteriores. Estas señales iniciales generaron expectativas de un mayor reconocimiento y protección de los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
A pesar de estos gestos iniciales, el gobierno de Ortega no buscó avanzar en la protección y reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. En lugar de promover políticas coherentes con sus promesas, se mantuvo en lógicas coloniales al impulsar políticas identitarias homogeneizadoras que adoptan un enfoque folclorista. Estas políticas favorecieron el mito de la «Nicaragua Mestiza» en lugar de reconocer y empoderar la agencia de los pueblos indígenas para que ellos mismos pudieran definir sus destinos. Como resultado, se limitó la participación real de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan sus territorios y culturas, perpetuando así las desigualdades históricas y la falta de reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios.
El gobierno ha llevado a cabo una política colonial de expansión territorial sobre los territorios indígenas y afrodescendientes del Caribe, siguiendo el patrón histórico de conquista del Estado nacional. Esta política busca desmantelar la propiedad colectiva, debilitar las formas de autogobierno y apropiarse de los recursos naturales para favorecer su privatización, beneficiando tanto a las élites tradicionales como a las emergentes. Además, esta política también responde a los intereses del capital transnacional, especialmente en los sectores de la carne, minería, pesca, silvicultura y proyectos de la economía verde, lo que se enmarca en los tratados de libre comercio.
El proyecto de Ortega se alinea con el proceso de acumulación por desposesión, liderado por las élites centroamericanas en alianza con transnacionales. Estos actores han sido principales promotores de la violencia contra defensores de la tierra y bienes comunes.
Ortega, respaldado por un estado policial , ha adoptado la violencia como herramienta para llevar a cabo la desposesión de los bienes comunes y territorio de los pueblos. Para lograr esto, implementó las siguientes acciones.
Criminalización de defensores de derechos y tierras en Nicaragua
Estos defensores son vitales para proteger los derechos de las comunidades, pero enfrentan persecución y acoso por parte de la Policía Nacional y otros actores vinculados al FSLN, partido gobernante. Se destacan casos específicos, como la persecución policial en Santa Clara, donde se investiga y amenaza a líderes comunitarios por sus actividades organizativas. Además, durante la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, líderes comunales fueron constantemente vigilados y amenazados por organizar el evento. Para debilitar a los defensores, se han desarrollado estrategias que generan conflictos internos en las comunidades, como atacar a activistas comunitarios durante las asambleas y forzarlos a abandonar la comunidad. Diversas organizaciones comunitarias y de derechos humanos denuncian coacciones por parte de partidos políticos y enfrentan graves riesgos para sus miembros, incluido el peligro de ser asesinados.
Violación de derechos territoriales
La violencia que afecta a las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua está estrechamente relacionada con la violación de sus derechos territoriales. Los casos denunciados por diversos organismos de derechos humanos y las comunidades revelan una presencia constante de grupos armados, que junto con la criminalización y otras formas de amenaza, generan una gran presión sobre estos territorios.
Existen diversas modalidades de usurpación en las comunidades, como ventas ilegales de tierras comunales que según la ley no pueden venderse, pero líderes cooptados en alianza con abogados y jueces facilitan estas transacciones. También se observa la invasión y ocupación directa del territorio, lo cual también constituye una violación de los derechos territoriales de las comunidades, generando conflictos y tensiones en las zonas afectadas.
Los colonos armados han invadido áreas de uso familiar, obligando a los comunitarios a abandonar sus parcelas y cultivos por temor a represalias. Además, las ocupaciones de mayores áreas, como el caso de la comunidad de Sangnilaya, han provocado enfrentamientos y amenazas. El carrileo realizado por los colonos armados muestra un patrón de ocupación gradual, avanzando desde áreas de uso y disfrute familiar hacia áreas colectivas, ejerciendo un mayor control territorial, afectando la cultura y tradiciones de las comunidades locales, explotando recursos naturales y desplazando a las poblaciones originarias.
Estas ocupaciones de tierras comunales parecen ser parte de una planificación previa, incluso se han dado reuniones entre colonos y autoridades gubernamentales para ello. Además de las ocupaciones ilegales, el Estado está otorgando concesiones a empresas transnacionales mineras3 sin respetar el debido proceso de consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, afectando gravemente tanto su ecología como sus derechos.
Las ventas ilegales de tierras comunales y las ocupaciones directas realizadas por colonos armados han generado conflictos y amenazas, debilitando el tejido social y cultural de estas comunidades.
Violaciones al Derecho a la institucionalidad y organización de los pueblos indígenas y afrodescendientes
Se identifican varios casos de intervención estatal en la organización y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes, vulnerando su derecho a la libre determinación y autonomía. Al cooptar liderazgos y promover la imposición de autoridades, el Estado debilita sus procesos democráticos internos y genera conflictos. Además, el Estado utiliza estrategias de criminalización y hasta violencia física para desarticular el autogobierno y justificar su negligencia en la protección de los derechos humanos y territoriales de estas comunidades.
Una práctica común es utilizar su competencia de avalar a los gobiernos indígenas, lo que permite al Estado negar la certificación a su conveniencia, debilitando el poder de decisión de las comunidades y creando dependencia hacia el Estado. Ejemplos en las comunidades de Sangnilaya y La Esperanza muestran cómo el Estado manipula el proceso de elección y reconocimiento de las autoridades indígenas para imponer a personas afines al partido de gobierno, violando la Ley 28 que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas.
Uno de los objetivos de la imposición de autoridades indígenas, es poder manipular el poder de decisión y legitimar prácticas que violan los derechos de consentimiento, para limitar su autonomía. Una de estas prácticas es la emisión de avales por autoridades impuestas a favor de proyectos o concesiones, a favor del Estado o de las empresas.
Otra práctica, son las ventas ilegales de tierras comunales en territorios indígenas. A pesar de que estos territorios están protegidos por la ley y son inembargables, algunas autoridades indígenas impuestas por el gobierno regional están avalando documentos de compra y venta falsos o ilegales para justificar la ocupación de colonos en el territorio. Estos líderes corruptos son protegidos por las autoridades municipales y regionales, lo que evidencia la falta de voluntad política para proteger los derechos territoriales de las comunidades indígenas y castigar a los responsables. La comunidad ha denunciado estas prácticas y demanda medidas urgentes para garantizar su seguridad y bienestar, así como para llevar ante la justicia a los líderes responsables de la venta ilegal de tierras comunales.
Se observa una conexión entre la imposición de autoridades indígenas por el gobierno regional y el proceso de colonización del territorio, que en conjunto toman decisiones importantes que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, limitando su autonomía y afectando sus formas de vida y tradiciones. Ejemplos en comunidades como Santa Fe, Polo Paiwas y Santa Clara muestran cómo las autoridades han autorizado la presencia y asentamiento de colonos armados en territorios indígenas, sin considerar la seguridad y bienestar de las comunidades. Además, las autoridades no han abordado las demandas legítimas de liberarse de las invasiones de sus tierras, lo que genera desconfianza y tensión.
La imposición de líderes comunitarios ha generado dificultades en los procesos internos de las comunidades indígenas en Nicaragua. Estos líderes impuestos suelen actuar como obstáculos para la organización interna al proporcionar información manipulada o contradictoria, lo que crea confusión y desconfianza entre los miembros de la comunidad. También se han registrado reuniones clandestinas con colonos en las que se negocian acuerdos que afectan el territorio sin el consentimiento previo de la comunidad, lo que pone en riesgo la paz social y la seguridad.
Estas prácticas generan tensiones, conflictos, y afectan negativamente la calidad de vida y los tejidos sociales de los pueblos indígenas al despojarlos de sus tierras y sus bienes comunes.
Utilización de la fuerza o de coerción
La violencia armada es una constante en los casos denunciados. La continua presencia de colonos armados en territorios indígenas representa una grave amenaza para la seguridad y bienestar de las comunidades que allí residen. La posesión y uso de armas de fuego por parte de estos se convierte en un medio de intimidación y violencia, poniendo en riesgo la vida de los pobladores indígenas.
En los casos denunciados, durante asedios y ocupaciones son frecuentes la utilización de las armas por parte de los colonos para lograr sus objetivos de apropiarse de las tierras o presionar a las comunidades para que asuman sus pretensiones. En muchas ocasiones, estas intimidaciones han subido de nivel, causando muertos.
Un objetivo claro de la violencia armada de los colonos, son los y las defensoras, quienes son las que sacan a la luz todos estos hechos o impiden que se irrespeten los derechos territoriales. Por lo tanto, la presencia armada de los colonos en territorios indígenas es utilizada como una forma de coerción constante para presionar a las comunidades a aceptar acuerdos y permitir la invasión de sus tierras.
La violencia armada de colonos, no se limita a los momentos de la ocupación, sino que es un ejercicio cotidiano, que tienen que enfrentar los y las comunitarias, en sus actividades de subsistencia, sociales y culturales en su territorio.
Los comunitarios han denunciado actos de violencia y despojo de tierras, sin embargo, las autoridades gubernamentales no han brindado respuestas satisfactorias, dejando a las comunidades en un estado de vulnerabilidad y desprotección. Evidenciado en muchos casos, la complicidad de las autoridades, al brindar impunidad a los colonos.
La dictadura de Daniel Ortega es una continuación del proyecto colonial
La historia de Nicaragua está marcada por procesos de colonización, opresión y lucha por la autonomía y la defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes. A lo largo de los años, distintos gobiernos y élites han promovido proyectos de homogeneización cultural y explotación económica que han generado conflictos y tensiones con las comunidades originarias, y han contribuido a la explotación y el saqueo de sus bienes comunes.
A pesar de que en las últimas décadas se han producido avances en la lucha por la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, estos avances han sido limitados y no han logrado revertir completamente la situación de opresión y exclusión que sufren estas comunidades. Actualmente podemos decir:
A pesar de haber prometido un cambio en las políticas históricas hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes, ha continuado con lógicas coloniales que favorecen a las élites y al capital transnacional en detrimento de los derechos y territorios de estas comunidades. Además, ha acelerado y profundizado el modelo colonial del Estado-conquistador, respaldado por un estado policial y de impunidad, que garantiza la ocupación del territorio.
Violación de derechos territoriales
Se ha evidenciado una violación sistemática de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Las ventas ilegales de tierras comunales, la ocupación por colonos armados y la falta de reconocimiento y respeto hacia sus formas de organización interna son algunas de las formas en que se vulneran sus derechos.
Criminalización de defensores de derechos
Los defensores de los derechos de estas comunidades enfrentan persecución, acoso y violencia por parte de la Policía Nacional y actores vinculados al partido gobernante FSLN, lo que dificulta su labor en proteger los derechos y territorios de las comunidades.
Autogobierno y libre determinación
El gobierno de Nicaragua ha intervenido en la organización y autogobierno de las comunidades indígenas y afrodescendientes, debilitando sus procesos democráticos internos y generando conflictos. La imposición de líderes y la falta de consentimiento en decisiones importantes son algunas de las prácticas que vulneran su derecho a la libre determinación y autonomía.
Coerción y violencia como herramientas
La utilización de la fuerza y coerción, tanto por parte de colonos armados como de las autoridades estatales y regionales, es una constante para despojar a las comunidades de sus tierras y territorios. Estas prácticas generan inseguridad y temor entre los pobladores indígenas y afrodescendientes.
En general, la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua es preocupante debido a la persistente violación de sus derechos territoriales, la criminalización de defensores de derechos y la coerción ejercida para favorecer intereses particulares sobre el bienestar de estas comunidades. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para proteger sus derechos y garantizar su seguridad y subsistencia como pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, es fundamental que se respete su derecho a la libre determinación y se promueva su participación efectiva en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios.
Esta situación es compartida por el resto de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica, cuyos territorios son objeto de colonización, con los mismos objetivos. Por lo que se hace necesario poder caminar hacia una convergencia entre pueblos, que permita dar respuesta común en pro de la defensa de sus derechos históricos, como una necesidad estratégica y urgente.
Citas
[1] Gould, J. L. (1997). El mito de «la Nicaragua mestiza» y la resistencia indígena, 1880-1980. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
[2] Vilas, C. (1987). La economía de enclave en la Costa Atlántica. Wani(5), 8-16. (1992). Estado, clase y etnicidad: La Costa Atlántica de Nicaragua. México DF: Fondo de Cultura Económica México.
[3] El Estado está dando diversas concesiones a las empresas transnacionales mineras tal como Calibre Mining, Zhong Fu Development, Condor Gold, tal como lo ha venido denunciado la Fundación del Río.