Nuestros pueblos, en Honduras y en Guatemala, están cansados de tanta injusticia. Llevamos, al menos, cinco años manifestando por ratos más por ratos menos, pero no nos hemos detenido. Se han logrado no pocas cosas. En 2015, salimos a las calles masivamente durante todo el año. En Guatemala pedíamos la renuncia del presidente Otto Pérez, que se logró, en buena medida gracias a la independencia del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes sacaron decenas de casos donde implicanna altos funcionarios de ese gobierno, incluyendo al presidente. Por otra parte, en Honduras, también salimos a pedir una comisión parecida, que se logró para 2016; la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y desde entonces comenzaron a destaparse redes de corrupción sin precedentes, investigaciones contra altos funcionarios que, hasta entonces, se creían intocables, como una ex primera dama, diputados y exdiputados, ministros y grandes empresarios.

​La estrategia de los presidentes, Juan Orlando Hernández, en Honduras y Jimmy Morales, en Guatemala, fue básicamente la misma: atacar a quienes trabajaban en las misiones internacionales y a sus aliados, líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales, operadores de justicia. Las acciones no se quedaron a lo interno del país, sino que se desarrolló un cabildeo millonario en Estados Unidos para propagar desinformación con el fin de que la administración de Donald Trump le retirara los apoyos a la MACCIH y a la CICIG. Y lo lograron por medio de firmar acuerdos migratorios que perjudicaban a nuestros países pero que servían a la causa antimigratoria de Trump, vendiendo la firma de estos tratados como un logro fundamental. 

​El gobierno estadounidense le dio preeminencia a su relación con los gobiernos sobre la lucha contra la corrupción, por lo que a cambio de las firmas de los presidentes Hernández y Morales, retiró los apoyos políticos a las comisiones internacionales.  La CICIG dejó el país en septiembre de 2019 y la MACCIH en enero de 2020. Desde entonces el sistema de justicia ha venido en picada. En Guatemala el Congreso se ha negado a elegir nuevas cortes y desde los tres poderes se ha emprendido una cruzada descarada contra los fiscales y jueces independientes. La nueva Fiscal General busca debilitar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (la que lleva los casos de la CICIG) al retirarle casos y no darles insumos ni personal para que trabajen. También se mantiene una presión contra la Corte de Constitucionalidad, que es el único bastión imparcial que no se ha plegado a la corrupción. 

​En Honduras, el congreso nacional ha construido un andamiaje que blinda la impunidad y legaliza la corrupción, mediante leyes que transfieren o restan facultades al Ministerio Público. La UFERCO, que antes era UFECIC y brazo que ejercía la acción penal pública por la MACCIH, desde la salida de ésta, ha sido debilitada sistemáticamente, los recursos económicos y humanos restringidos. El Fiscal General ha brillado por su ausencia, lo que impide a la cooperación internacional apoyar a la UFERCO que, según palabras de su director, se encuentra colapsada. La Corte Suprema ha ordenado repetir juicios y liberar a condenados por corrupción que la MACCIH – UFECIC habían logrado judicializar, además de la aprobación del Código penal de la Impunidad en plena pandemia.