Insostenibilidad ambiental en Nicaragua: neoextractivismo y dictadura
Maldito País
febrero 29, 2024
El régimen de Daniel Ortega ha entregado al sector privado y multinacional gran parte del país, con concesiones mineras y de monocultivos. Así lo han señalado organizaciones ambientalistas y también se plasma en diversos informes que detallan una grave situación para el sector campesino e indígena, sobre todo de la Costa Caribe del país. Según el informe “Perfil extractivo Centroamericano” de la OIE, en Nicaragua se observa una deriva hacia el neoextractivismo con vicios de autoritarismo; por un lado, con la creación e implementación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), una empresa pública que participará directamente y en asociación con otras compañías privadas extranjeras y locales en la actividad minera. Por otro lado, el gobierno ha recrudecido los niveles de represión y persecución, a partir de la rebelión cívica de abril de 2018, en contra del liderazgo social, comunitario e indígena que intenta movilizar acciones colectivas de defensa de sus derechos. Es por ello, que gran parte del liderazgo del Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial (MONAFMI), ha tenido que exiliarse como un mecanismo de autoprotección.
Amaru Ruíz, presidente de la Fundación Del Río, afirma que el neoextractivismo estará generando un proceso de “insostenibilidad ambiental”, ya que ha habido un aumento de concesiones vinculadas a empresas de monocultivos, palma africana, minería y causantes de la deforestación, contaminación y otros impactos en la biodiversidad del país. Además, observan un proceso de aumento de la ganadería y ganadería extensiva, que se ha desplazado hacia el Caribe nicaragüense, generando graves impactos en términos de invasión a los territorios indígenas y afrodescendientes.
“Esto ocurre en un ambiente y en un modelo antidemocrático que se impone precisamente por el régimen de Ortega-Murillo, para tener la hegemonía y todo el control político del país. Se da en medio de represiones, de una profundización de la dictadura que ocupa y mantiene el control totalitario de todos los poderes del Estado y, por ende, también de todas las instituciones y de todo el aparato estatal. También hay una cierta apertura del régimen para la entrada de empresas de capital chino o asiático en el país, sobre todo cuando acaban de firmar un acuerdo de comercio que abre otra serie de riesgos, porque las empresas chinas tienen estándares muy bajos para el control de los procesos de transparencia, además de mucha experiencia en incumplimiento de materias legales. Ahí se abre un escenario de mucho mayor riesgo no sólo en Nicaragua, sino con otros países de la región que también han visto en China una posibilidad de seguir entre comillas comercializando, sabiendo los riesgos que pueda tener”.
Investigaciones periodísticas indican que Nicaragua exportó un total de 952 millones de dólares en oro en bruto entre enero y octubre de 2023. La nueva cifra representa un récord para ese sector, cuyos principales administradores gubernamentales fueron sancionados por Estados Unidos. El oro se ha convertido en el principal producto de exportación. Las investigaciones también reportaron que entre 2009 y 2022 se han enviado al mercado internacional 23.9 toneladas de oro que no cuadran con la producción nacional, es decir, que el país exporta más oro de lo que produce.
Nicaragua ha otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que registra siete planteles de industria mineras operando en el país centroamericano. Amaru Ruiz afirma que en algunos casos, las operaciones mineras son ilegales, ya que no tienen permisos de operación, por lo que hay un aumento de la conflictividad social en zonas rurales e indígenas, sobre todo en la Costa Caribe.
“Estamos hablando que somos el país que más concesiones de la región, que más constituciones mineras tiene dentro de territorios indígenas y algunas de ellas también están dentro de área protegidas y eso tiene graves repercusiones tanto ambientales como sociales, porque hay un desplazamiento, un aumento de la conflictividad en las zonas donde se instalan. Además, se generan cambios en las dinámicas locales, a través de esta actividad se generan otras actividades ilegales como la comercialización ilegal de mercurio y obviamente la contaminación de la fuente hídrica”.
Amaru también es uno de los ambientalistas que disertó este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promueven la minería ilegal, revelando que esta actividad extractivista representa el 30% de la exportación del oro de este país. “Más de 40,000 mil personas se dedican a esta actividad ilegal en al menos 38 municipios del país. Solamente en estos últimos tres años se cuantifican al menos 55 personas fallecidas», explicó Ruiz ante la CIDH.
El informe presentado por el ambientalista ante la Comisión indica que son cuatro pueblos indígenas que están siendo impactados por la minería, “generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, un territorio Matagalpa, seis territorios Mayangnas, siete Miskitos y dos territorios multiétnicos (Mayangna y Miskito)”.
“Lamentablemente, nuestra región es de alto riesgo para los defensores ambientales, algunos de ellos se han tenido que exiliar, otros siguen resistiendo en sus territorios y otros han sido asesinados este año. Nosotros hemos contabilizado nueve asesinatos a defensores de la tierra y el territorio, defensores sobre todo vinculados a indígenas de la etnia miskita, que están en sus propios territorios. Sigue habiendo asesinatos, uno de ellos fue una masacre en la comunidad de Wilu, dónde fueron asesinados cinco indígenas. Luego de Honduras, creo que somos el segundo país con mayor nivel de asesinato en la región centroamericana”, lamentó.
Para el 2024, Ruiz espera que la gran resistencia de la sociedad nicaragüense, dentro y fuera del país, continúe, no solamente por las transformaciones sociales, sino por la defensa del territorio. Además, espera que existan siempre alternativas para visibilizar lo que sucede en su país, ante la falta de espacios para el ejercicio de la libertad de expresión.