Nicaragua ha otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, de acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que registra siete planteles de industria mineras operando en el país centroamericano. Amaru Ruiz afirma que en algunos casos, las operaciones mineras son ilegales, ya que no tienen permisos de operación, por lo que hay un aumento de la conflictividad social en zonas rurales e indígenas, sobre todo en la Costa Caribe.

“Estamos hablando que somos el país que más concesiones de la región, que más constituciones mineras tiene dentro de territorios indígenas y algunas de ellas también están dentro de área protegidas y eso tiene graves repercusiones tanto ambientales como sociales, porque hay un desplazamiento, un aumento de la conflictividad en las zonas donde se instalan. Además, se generan cambios en las dinámicas locales, a través de esta actividad se generan otras actividades ilegales como la comercialización ilegal de mercurio y obviamente la contaminación de la fuente hídrica”.

Amaru también es uno de los ambientalistas que disertó este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo promueven la minería ilegal, revelando que esta actividad extractivista representa el 30% de la exportación del oro de este país. “Más de 40,000 mil personas se dedican a esta actividad ilegal en al menos 38 municipios del país. Solamente en estos últimos tres años se cuantifican al menos 55 personas fallecidas», explicó Ruiz ante la CIDH.

El informe presentado por el ambientalista ante la Comisión indica que son cuatro pueblos indígenas que están siendo impactados por la minería, “generando afectaciones en un total de 21 territorios indígenas, de los cuales cinco son territorios Chorotegas, un territorio Matagalpa, seis territorios Mayangnas, siete Miskitos y dos territorios multiétnicos (Mayangna y Miskito)”.

“Lamentablemente, nuestra región es de alto riesgo para los defensores ambientales, algunos de ellos se han tenido que exiliar, otros siguen resistiendo en sus territorios y otros han sido asesinados este año. Nosotros hemos contabilizado nueve asesinatos a defensores de la tierra y el territorio, defensores sobre todo vinculados a indígenas de la etnia miskita, que están en sus propios territorios. Sigue habiendo asesinatos, uno de ellos fue una masacre en la comunidad de Wilu, dónde fueron asesinados cinco indígenas. Luego de Honduras, creo que somos el segundo país con mayor nivel de asesinato en la región centroamericana”, lamentó.

Para el 2024, Ruiz espera que la gran resistencia de la sociedad nicaragüense, dentro y fuera del país, continúe, no solamente por las transformaciones sociales, sino por la defensa del territorio. Además, espera que existan siempre alternativas para visibilizar lo que sucede en su país, ante la falta de espacios para el ejercicio de la libertad de expresión.