Edgardo Mancía Hernández
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«Los 5 de Santa Marta»: Criminalización, hostigamiento y la resistencia de una comunidad en busca de justicia
Maldito País
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Tras meses de detención, 5 líderes comunitarios de Santa Marta recuperaron su libertad. La Fiscalía los acusó de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas por un caso ocurrido durante el conflicto armado. Sin embargo, la comunidad, organizaciones sociales y sus abogados defensores aseguran que las acusaciones fueron infundadas sin pruebas, buscando arremeter contra los defensores del agua y el territorio. Actualmente, una Cámara Judicial admitió la petición de la Fiscalía de revocar la libertad de los 5 y repetir el juicio en un nuevo tribunal.
Desde el 11 de enero de 2023, los líderes comunitarios Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gamez han transitado un camino escabroso para demostrar su inocencia. La Fiscalía General de la República sostiene que los 5 son responsables del secuestro y asesinato de una mujer en 1989 y otros delitos como agrupaciones ilícitas. La falta de pruebas, una campaña internacional y la insistencia de organizaciones sociales incidieron en la decisión del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que les liberó de los cargos.
“Los 5” son líderes comunitarios, activistas por la defensa del territorio y ex combatientes de la Resistencia Nacional, uno de los grupos que conformó el FMLN en 1980. Ellos provienen de Santa Marta, una comunidad ubicada en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas, que fue repoblada luego del éxodo de sus habitantes hacia Honduras, debido al conflicto armado y que vivió diversos momentos históricos como las masacres del Río Lempa y de Los Planes.
Santa Marta es reconocida por su organización comunitaria y su labor por la defensa del agua y el territorio ante diferentes amenazas, entre ellas, la minería metálica. Ha sido, junto a otras comunidades del norte de El Salvador y organizaciones populares, impulsora de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en 2017, luego de 20 años de lucha.
Los activistas recientemente absueltos han declarado a medios de comunicación que, meses previos a su captura, Santa Marta recibió visitas de investigadores de la Fiscalía con la intención de indagar sobre masacres que se dieron durante el conflicto armado, por lo que entrevistaron a varios pobladores incluyendo a dos de los líderes. “Luego se supo que fue para incriminarnos”, dijo Saúl Rivas, uno de los 5 líderes y abogado de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social, ADES.
“Llegaron a Santa Marta y a las oficinas de ADES preguntando sobre las masacres desarrolladas en la comunidad. En las oficinas se les dijo que eso solo lo conocían en Santa Marta y que fueran a preguntar allá. Ya en la comunidad, les dieron mucha información de testimonios de personas de aquella época. Esos hechos los tomó la fiscalía para ponerlo en nuestro caso. Yo en esa época ni conocía Santa Marta. Era una clara manipulación”, dijo.
Según el informe “Defensoras y defensores ambientales de El Salvador. Redes del cuidado frente a la criminalización. Estudio de casos ambientalistas de Santa Marta y Levi Morales”, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM), los investigadores realizaron diferentes entrevistas, fueron a los lugares donde se dieron las masacres e hicieron simulacros de recolección de objetos clave. Sin embargo, hasta la fecha, no existe ninguna captura ni investigación por estos hechos que la comunidad ha denunciado por años.
Paralelo a estas visitas de la Fiscalía, la comunidad, ADES y la MNFM alertaban sobre una posible reactivación de la minería metálica en el país, ya que a las comunidades habían llegado “inversionistas” peruanos comprando terrenos con potencial minero. Gracias a una investigación periodística, se conoció que fueron personeros de Titán Resources, una empresa minera que puso el ojo en El Salvador, el único país que ha prohibido la minería metálica.
Las organizaciones consideran que la acusación contra los cinco líderes ambientalistas tiene intenciones de “sembrar miedo en la población afectada por la posible introducción de la minería y para desmovilizar a líderes que fueron clave en la lucha por la prohibición minera”.
La resolución del Tribunal que devolvió la libertad a los 5 afirma que se extingue la acción penal por prescripción debido a que no fue posible sostener que los acusados hubieran participado en el hecho. También determina que la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes que respaldaran la acusación de los activistas. Según el tribunal, los cargos formulados por la Fiscalía no constituyen un delito de lesa humanidad ni justifican la acción penal.
La libertad en vilo
El pasado 29 de octubre, la Fiscalía apeló la decisión del Tribunal ante la Cámara de Segunda Instancia, solicitando que anule la sentencia que dejó en libertad a los 5 de Santa Marta y que el juicio sea repetido en otro tribunal, bajo el argumento que las juezas que emitieron el fallo no valoraron todas las pruebas presentadas.
El acto de apelación es una clara evidencia de persecución política, dijeron más de 20 organizaciones el pasado 14 de noviembre, cuando presentaron una carta ante la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, para exigir que se declare en firme la sentencia absolutoria a favor de los 5 y rechace la petición fiscal. Desde mesas de trabajo hasta foros y colectivos de derechos humanos, todos se presentaron en la Cámara de lo Penal para respaldar a los líderes de Santa Marta, que se encuentran acusados de presuntos delitos que no han sido probados.
Casi un mes después, el 27 de noviembre, las organizaciones informaron que los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque decidieron aceptar la apelación fiscal y revertir el sobreseimiento definitivo de los líderes comunitarios de Santa Marta. Para ellos y ellas, los magistrados admitieron un recurso de apelación “mediocre, carente de argumentos legales y tendientes únicamente a postergar un injusto proceso penal contra defensores ambientales que denuncian la posible reactivación de proyectos mineros”, expresaron en su comunicado.
Según la resolución de la Cámara, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque “omitió valorar las pruebas de la fiscalía para establecer la existencia del delito, por lo que resolvió repetir el proceso judicial en el Tribunal de Sentencia de San Vicente y mantener a los cinco con medidas sustitutivas a la detención. En la misma resolución, la Cámara admite la carta que las organizaciones entregaron el pasado 14 de noviembre, donde piden no admitir la apelación.
Desde que inició el proceso judicial en 2023, los abogados defensores de los 5 de Santa Marta advirtieron una serie de irregularidades en el proceso judicial y en acciones de la Fiscalía. Por ejemplo, el informe de la MNFMM destaca que los 5 fueron detenidos bajo una orden administrativa, acusados de un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto armado, el cual no se encuentra tipificado en el Código Penal vigente desde 1998.
Además, se aplicaron medidas propias del régimen de excepción en un contexto en el que, según la Fiscalía, no existían razones legales para su aplicación. La audiencia inicial fue postergada hasta ocho días después de la captura, cuando por ley debía celebrarse en un plazo máximo de 72 horas, y el acceso del abogado fue severamente restringido, limitándose a encuentros breves y en condiciones precarias. “Esta situación no solo viola las normas nacionales de defensa, sino también los estándares establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la garantía de un juicio justo y el derecho a una defensa efectiva”, dice el informe.
Las organizaciones también denunciaron la inclusión de un testigo protegido cuya declaración fue tomada antes de la audiencia inicial. Este testigo, aseguran, no cumplía con los requisitos legales para ser considerado como tal y, en lugar de aportar evidencia directa, presentó una declaración basada en lo que otras personas habrían dicho. El informe indica que este tipo de testimonio no tiene validez legal por sí mismo, pero, en este caso, se utilizó como base fundamental para sostener la acusación. De hecho, sin la declaración de este testigo, la Fiscalía no habría contado con pruebas directas para sustentar las acusaciones contra los defensores.
Otras irregularidades denunciadas fueron que las acusaciones están basadas en un Código Penal que estuvo vigente de 1973 a 1998 y se les vincula con grupos armados de esa época, como si pertenecieran a pandillas, lo cual traslada situaciones propias del conflicto armado a un contexto completamente diferente y fuera del alcance temporal del Código Penal vigente. Además, afirman que la investigación, que debería haber seguido los estándares legales de recolección de pruebas, ha sido igualmente deficiente. En junio de 2023, la Fiscalía llevó a cabo una exhumación relacionada con el caso, pero no encontró ningún cuerpo, lo que significa que no se ha aportado evidencia científica de un homicidio. La falta de pruebas materiales demuestra la fragilidad de las acusaciones y pone en duda la credibilidad del caso en su conjunto.
El caso, que ha atraído la atención nacional e internacional, ha sido interpretado como una muestra de la instrumentalización de la justicia para criminalizar a los defensores del medio ambiente. Se argumenta que la acusación, que buscaba vincular a los activistas con crímenes de guerra y terrorismo, en realidad formaba parte de un intento de frenar el creciente movimiento contra la minería en el país. Los activistas habían denunciado los peligros de reactivar la minería metálica, que amenaza los recursos hídricos y los ecosistemas vitales para las comunidades locales.
“Eso más bien parece un campo de concentración”
La libertad para los 5 llega tras más de dos años de lucha para los acusados, quienes habían sido detenidos en condiciones inhumanas y sometidos a procesos legales que, según sus abogados, fueron claramente viciados. Durante el tiempo que estuvieron detenidos, algunos de los 5 como Antonio Pacheco y Saul Rivas, padecieron enfermedades graves debido a las pésimas condiciones de detención en los centros penitenciarios. A pesar de las múltiples solicitudes de medidas sustitutivas a la prisión, los tribunales habían demorado injustificadamente su libertad.
Saúl Rivas explicó que, luego de ser detenidos, solicitaron medidas sustitutivas debido a los padecimientos previos en la salud de los 5 y que se complicaron dentro del sistema penitenciario. “La juez de instrucción de Sensuntepeque nos negó por dos ocasiones darnos las medidas sustitutivas. Gracias al esfuerzo de la defensa, logramos el arresto domiciliario”, dijo.
“Ya hay compañeros que se les agudizó sus enfermedades. recibimos un trato inhumano dentro de los penales. En mi caso particular, me mandan para el penal de Izalco y me han metido con las pandillas, como si perteneciera a estructuras criminales”, expresó Rivas.
Antonio Pacheco, director de ADES y uno de los acusados en el caso, expresó que las condiciones dentro de centros penales no es como la pinta el gobierno central. “Los privados de libertad están sufriendo unas condiciones extremadamente inhumanas y eso está en abierta violación a la ley penitenciaria y al derecho internacional humanitario”, expresó en conferencia de prensa.
“Yo entré a la cárcel sin ningún problema de salud. Ahora tengo problemas de salud por esas condiciones inhumanas. Te dan alimentación, pero lo mínimo para que no te mueras de hambre. Hay infinidad de casos de anemia, pérdida de la vista y múltiples enfermedades, porque la comida no es adecuada ni suficiente. Eso más bien parece un campo de concentración. Eso algún presidente latinoamericano lo dijo y nosotros lo podemos reafirmar”.
Pacheco insistió que las condiciones de desigualdad, pobreza y violencia en las que ha vivido el país son parte de las causas de la violencia y que el Estado es el principal responsable de reparar los daños, sobre todo a las miles de personas que se encuentran en centros penales.
“No son solo ellos los responsables, es el Estado y las clases dominantes las responsables de esa problemática social. Llevamos más de 40 años de neoliberalismo. Si hubiese habido inversión social, acceso a la cultura, si se hubiera atendido a niños y niñas con buenos maestros y maestras, no tendríamos este problema. Sin embargo, estas medidas económicas recomendadas por el FMI y el Banco Mundial, son los causantes de este problema”, expresó.
Los 5 y sus aliados han destacado que este proceso no solo fue un ataque a los derechos de los activistas, sino también una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión en El Salvador. «La persecución de los ambientalistas es parte de una estrategia para allanar el camino a las empresas mineras que buscan explotar nuestros recursos naturales, especialmente el agua», agregó Rivas.
El caso de estos activistas refleja una realidad más amplia: en un mundo donde la explotación de recursos naturales está en aumento, quienes defienden la naturaleza se enfrentan a un sistema judicial y político que, en muchos casos, busca silenciarlos. Sin embargo, la libertad de los 5 es un ejemplo de que la justicia puede prevalecer, y un recordatorio de que la lucha por un futuro sostenible y justo no es aislada.
Krissia Girón
Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.
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