El Salvador llega a los 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz con dos personas clave en esta negociación acusadas de diversos delitos. Uno de ellos detenido por actos de terrorismo y rebelión; otro, apeló recientemente una órden de captura por “encubrimiento personal” de los imputados en la masacre de El Mozote. Mientras esto sucede, miles de víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, continúan demandando verdad, justicia y reparación a un Estado que, a juicio de organizaciones sociales, ha institucionalizado la impunidad. ¿Es la justicia por los delitos del conflicto una prioridad para el gobierno o una excusa para la venganza política?