Al mismo tiempo, las personas que conocí dentro del entorno carcelario me aclaraban que la composición demográfica de las cárceles tenía poco que ver con la incidencia real de los hechos delictivos, sino que se relaciona más con el manejo de estas instituciones estatales. A lo largo de los años sus quejas y reflexiones, que inicialmente parecían tratar de hechos aislados, terminaron revelando un amplio y sistemático uso de métodos de gobierno extralegales, por un lado el uso desmedido de la fuerza y por el otro un nivel de corrupción rampante –ambos síntomas de lo que llamaban “el Sistema”– un engranaje de poder estatal, político y extralegal (incluso criminal), que permite poner el ojo sobre la fusión de los poderes del Estado bajo los intereses económicos de los partidos políticos hegemónicos de la política nicaragüense. Tras las protestas antigubernamentales del 2018 este estado carcelario híbrido reveló su cara más nefasta. Mientras que las protestas provocaron la ruptura de las relaciones de consenso establecidas a nivel político-económico, el estado carcelario se exteriorizó hacia la población sublevada, convirtiendo a cada uno de los manifestantes en sujetos carcelarios y ejerciendo hacia ellos una violencia terrorífica que antes se solía guardar para los rincones más ocultos del territorio nacional y sus cárceles (pensemos en las Jagüitas, el Triángulo Minero y los cuartos de interrogación de las estaciones policiales). 

Durante los tres años que ahora tengo de trabajar con (familiares de) personas encarceladas y excarceladas por motivos políticos, se ha hecho evidente la expansión y profesionalización de este estado carcelario híbrido, tanto en sus capacidades represivas como en sus modalidades de castigo fuera de la ley. Pensemos en la expansión de su capacidad paraestatal: el entrenamiento de grupos parapoliciales, delegados para perseguir y asediar a personas disidentes u opositoras, y el desempeño de una estructura partidaria para la vigilancia comunitaria constante. Pero pensemos también en la expansión de su capacidad judicial, que viene entretejida con su hegemonía en el poder legislativo. La Asamblea Nacional ordena y el poder judicial ejecuta, logrando establecer así un marco legal a su medida. Es decir, lo que antes se practicaba fuera de la ley, como la detención sin acusación, ahora se ha hecho legal. Se criminaliza la protesta y el ejercicio de otras libertades civiles y políticas por medio del establecimiento de nuevas leyes que permiten lanzar una red amplia sobre quienes se oponen al Estado, un Estado que se considera un soberano absoluto. Como buen soberano, este se permite además romper sus propias leyes o actuar fuera de ellas, promoviendo así una inseguridad ontológica entre sus sujetos. Consideremos por ejemplo el impacto de la fabricación de pruebas, testimonios y acusaciones ante jueces y magistrados politizados, o la peor amenaza de todas: la realidad de saberse siempre potenciales sujetos de torturas físicas o psicológicas, sufridas ya por cientos de los secuestrados, no solamente a manos de las autoridades formales, sino también a manos de aquellas autoridades delegadas, ejecutoras del estado carcelario híbrido.

Si ponemos atención entonces a los relatos vivenciales de las y los (ex) presos, tanto políticos como comunes, nos daremos cuenta que aparte de pintar un panorama complejo de relaciones y prácticas de poder híbrido dentro de las cárceles nos dicen algo más, algo que es esencial si queremos entender cómo en Nicaragua se expresa y se arraiga el poder, tanto estatal como político y criminal. Y es que, paradójicamente, para funcionar de manera totalitaria ese poder es compartido. Se comparte entre los mandatarios y sus colaboradores financieros (elitistas y criminales), entre el Estado-partido y sus grupos paraestatales, entre la Policía y los CPC, entre las autoridades penales y los consejos de internos, estableciendo así arreglos de gobierno híbridos que se mantienen a través de una economía política basada en la violencia y la corrupción. De cara a su innegable pérdida de legitimidad provocada por las protestas del 2018, este engranaje de poder ha empleado toda su capacidad –legal y extralegal– para convertir a todos aquellos en su mira sea en sus cómplices o en sus blancos, alimentándose de la resistencia para justificar y prolongar su agresión. Es a esa paradoja que se enfrentan los que tratan de subvertir el estado carcelario híbrido, mientras que es justamente su hibridez lo que hace que sea a la vez tan impactante y elusivo.