“Si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas”: Bukele amenaza con regreso de la minería metálica a El Salvador

Maldito País

diciembre 5, 2024

Hora Cero

El presidente inconstitucional de El Salvador envió un mensaje contundente sobre el regreso de la minería metálica al país, bajo el argumento de aprovechar los recursos que “Dios colocó” bajo tierra para un mayor desarrollo económico, al tiempo que ha catalogado como “absurdo” y “una tontería” la ley que prohíbe esta industria. Su insistencia ha elevado las alarmas de organizaciones sociales, ambientalistas, iglesia católica y academia a nivel nacional e internacional.

“Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”. Con este mensaje en su cuenta de X, el presidente inconstitucional de El Salvador confirmó sus intenciones de revertir la prohibición de la minería metálica, al tiempo que ha catalogado como “absurdo” que en el país exista una ley que prohíba dicha industria extractiva. Un mensaje que ha elevado las alarmas de ambientalistas, organizaciones y personas defensoras del territorio en el país y la región. 

En su primer mensaje afirmó que El Salvador tiene los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo, ya que se encuentra en una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica. “Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones. Esto equivale al 380% del PIB de El Salvador. El potencial total podría superar los $3 billones, más del 8,800% de nuestro Producto Interno Bruto”, expresó en su cuenta de X

Luego, durante la inauguración de una carretera en el oriente del país y transmitida en cadena nacional, Bukele confirmó que se han realizado exploraciones donde se encontraron otros minerales como litio, cobalto, níquel, platino, paladio, iridio, titanio, galio, germanio, entre otros. Habló también del inevitable impacto ambiental que deja a su paso el desarrollo de los países. 

“Si queremos desarrollo, tenemos que partir montañas. Esta carretera linda que hemos hecho ha partido un montón de montañas,(…) el desarrollo que traiga esta carretera se va a utilizar para invertir más en el medio ambiente (…), pero no podemos hacer la carretera sin taladrar, no hay forma. Nosotros tenemos que decidir dónde queremos vivir y cómo. Si queremos vivir en la pobreza con los ríos llenos de heces fecales y detergentes, bueno, entonces vivamos así, pero si queremos vivir como viven en el primer mundo necesitamos hacer lo que ellos hacen”, dijo.  

Las exploraciones mineras están prohibidas según la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador. El artículo 2 dice que “La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica”.

Esta ley especial fue aprobada en marzo de 2017, luego de más de 12 años de lucha del movimiento ambientalista y comunidades en El Salvador que se opusieron a la minería. Una resistencia que costó la vida de 5 ambientalistas del departamento de Cabañas, en 2009. Bukele insistió, en su mensaje a la nación, que es una “tontería” que un país tenga este tipo de leyes. 

“No hay un país, diganme un país. Solo hay un país (que prohíbe la minería), solo díganme otro, si me dicen otro no lo hacemos. Yo le digo a la comunidad internacional denme otro ejemplo, no me lo pueden dar, no hay un país que haya hecho una tontería así”.

Si bien El Salvador es el único país con una prohibición total de la minería, hay otros países donde también se ha prohibido en diferentes modalidades, como el caso de Costa Rica, que prohibió la minería a cielo abierto en 2010, y otros países que tienen restricciones en el uso de cianuro como Alemania, Hungría, entre otros. 

Las intenciones del gobierno de instalar proyectos mineros no son nuevas. En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, para regular las actividades de quienes se dediquen a la minería, sin distinguir entre minería metálica y no metálica, licitar áreas especiales con yacimientos de potencial económico y representar al Estado en organismos internacionales y multilaterales. 

Ese mismo año, El Salvador pasó a ser el miembro 77 del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF por sus siglas en inglés), entidad con sede en Canadá que apoya a países “comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible”, según su portal web. 

Noticia en el portal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la visita de miembros de IGF para realizar un diagnóstico del país. Fuente: ambiente.gob.sv

Además, en la propuesta de presupuesto 2023 para la Dirección de Hidrocarburos y Minas, se asignó 4.5 millones de dólares para la “revisión”, de la Ley contra la Minería Metálica.

La última señal evidente fueron las declaraciones que el presidente diera a los representantes de la empresa VanEck, una firma que impulsa inversiones en biotecnología, minería, energía nuclear, bitcoin y otros mercados emergentes. En la noticia que aparece en su portal web, Mateo Sigel, Jefe de Investigación de Activos Digitales de dicha empresa, cuenta cómo esta invirtió en la deuda salvadoreña, sobre su visita durante la segunda semana de noviembre de este año y su encuentro con el presidente. 

Durante ese encuentro, Bukele destacó las reservas de oro sin explotar en El Salvador, describió como las más grandes per cápita y por milla cuadrada en el mundo, según el autor. “Estos yacimientos representan una enorme oportunidad económica, pero el anterior gobierno de izquierda prohibió las actividades mineras en 2017. Bukele expresó su intención de revertir esta ley, citando el potencial de extraer el metal de manera responsable mientras se adhiere a los estándares ambientales y de sostenibilidad modernos”.

“El presidente extendió una invitación a los geólogos del oro de VanEck para que investiguen los depósitos, lo que indica la voluntad de su administración de colaborar con expertos mundiales para desbloquear este recurso. Si tiene éxito, la minería de oro podría contribuir a la transformación económica de El Salvador, agregando otra capa a los esfuerzos de diversificación del país”, afirma Sigel en su artículo.

Por otra parte, las organizaciones ambientalistas y medios de comunicación han registrado la presencia de actores extranjeros que han comprado terrenos con potencial minero. Recientemente, una investigación periodística reveló la presencia de la empresa minera Titán Resources, de origen estadounidense, en territorio salvadoreño. De la misma forma en la que otras empresas mineras han buscado operar en El Salvador, llegaron al distrito de San Isidro, en el departamento de Cabañas, con proyectos de “responsabilidad social”.

Para las organizaciones, todas estas evidencias sumado a la captura de 5 líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, uno de los territorios que abanderan la lucha contra la minería metálica, son anuncios de que pronto el congreso salvadoreño podría revertir la Ley contra la Minería Metálica en el país, dejando un campo abierto para una industria cuyas consecuencias continúan impactando el territorio y a las comunidades.

La historia “triste” de la minería en El Salvador

En El Salvador existió actividad minera, en la región nororiental, durante unos 100 años, desde finales del siglo XIX (1880) hasta la década del setenta del siglo pasado. Esta industria, aunque llegó a representar el 15% de las exportaciones en 1903 y el 16% en 1913, según los historiadores económicos, nunca significó un aporte real al desarrollo nacional, así lo afirma un investigación realizada por la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES)

Tras el anuncio del presidente de El Salvador, el historiador, Héctor Lindo, recordó en redes sociales que la minería en El Salvador ha traído graves consecuencias que se viven hasta hoy. Hace 100 años, la explotación en la mina San Sebastián, en el oriental departamento de La Unión, es uno de los ejemplos emblemáticos de cómo los impactos de la minería metálica pueden perdurar en el tiempo. 

“49 habitantes que vivían cerca de la mina San Sebastián, escribieron al presidente Araujo en 1912. Se quejaban de que el uso de cianuro en el procesamiento de oro contaminaba los ríos aledaños, se les moría el ganado y la tierra quedaba infértil. Estaban quedando en la miseria”, expresó. 

Sobre este caso, un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en 2016, registró que la mina San Sebastián es el único pasivo minero en el país que presenta un drenaje ácido de mina, 100 años después. “El drenaje contamina el cauce del río San Sebastián, lo cual hace que sus aguas no estén disponibles para consumo humano ni otras formas de uso como la ganadería en el cantón San Sebastián”. 

Sobre este caso, en septiembre de 2007, el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), a través del químico italiano Flaviano Bianchini, realizó un estudio que determinó que el Río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa de Lima (departamento de La Unión), está contaminado con sustancias altamente tóxicas como el cianuro, así como con metales pesados como manganeso, aluminio e hierro. El informe señala que en este río no se observan peces, anfibios ni insectos en sus riberas, evidenciando el severo impacto ambiental de dicha contaminación.

Además, la bióloga de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), ha expresado que, en su investigación sobre la mina San Sebastián, identificó enfermedades en la población que reside en la localidad, como el Síndrome de Guillain-Barré, insuficiencia renal, diversos tipos de cáncer y diabetes tipo 2, entre otras. 

“La minería será el tiro de gracia para nuestro ambiente”

La respuesta de organizaciones nacionales e internacionales de diferentes sectores, así como de la población, en rechazo a una posible explotación minera, ha sido contundente. Decenas de organizaciones ambientalistas, feministas, de derechos humanos y comunitarias se han pronunciado contra la insinuación del presidente de revertir la ley contra la minería metálica. 

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica y la Alianza Centroamericana Frente a la Minería desmienten la posibilidad de una minería responsable. Recordaron casos como el de Pacific Rim, cuya promesa de «minería verde» fue rechazada en el 2016 por el CIADI, tras una disputa legal que dio la razón a El Salvador. También señalaron que la geografía y las condiciones ambientales del país hacen inviable esta actividad, dado el alto riesgo de contaminación de ríos como el Lempa, fuente principal de agua para 3 millones de salvadoreños.

Omar Serrano, de la UCA, recordó que si bien El Salvador no es el primer país en prohibir la minería, si está en los primeros lugares de los países más deforestados y con estrés hídrico. 

“Somos el segundo país más deteriorado de América Latina, después de Haití, somos el segundo país más deforestado de América Latina, somos el único país que está al borde del estrés hídrico, es decir, no tener agua suficiente en calidad y en cantidad para todas sus poblaciones, el 90% del territorio salvadoreño está calificado por especialistas como territorio de riesgo y en ese territorio vive el 94.5% de la población. En las situaciones que está el país, implementar la minería metálica sería el tiro de gracia para nuestro ambiente y todos sabemos que ningún proyecto económico, político y social es viable, sino es viable el medio ambiente”.

También denunciaron que la investigación judicial contra cinco líderes comunitarios de ADES y Santa Marta es parte de una estrategia para desarticular el movimiento de resistencia contra la minería. Aseguraron que estas acciones buscan intimidar a los defensores de los derechos humanos ambientales y silenciar la oposición al extractivismo, por ello, pidieron a la comunidad internacional mantenerse vigilante ante las acciones del gobierno salvadoreño y las empresas mineras.

Vidalina Morales, lideresa de Santa Marta e integrante de ADES, recordó que las mujeres serían las más perjudicadas, ya que son quienes asumen la responsabilidad principal en la administración del agua en sus hogares. “Para el 2023, el 52.8% de la población salvadoreña son mujeres y el 45.45% de los hogares salvadoreños son liderados por mujeres, es decir que las principales afectadas por la contaminación por minería sería la población femenina”, dijo.

Por otro lado, las juventudes ambientalistas desmienten la idea de que la minería generará empleos dignos y advierten sobre los riesgos para la salud de quienes se expongan a esta industria. Hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, organizada y comprometida en la defensa de un medio ambiente sano para las futuras generaciones.

La Iglesia Católica Salvadoreña y los obispos de Centroamérica también se unieron al rechazo a la minería. Indicaron que su compromiso se encuentra en el “cuidado de la casa común” y que el territorio salvadoreño “no soportaría una nueva explotación minera, ya que aumentaría su deforestación, erosión, pérdida del suelo fértil y lo más grave, la contaminación del agua y el aire”. 

“Esperamos que nuestras autoridades recapaciten y no deroguen la ley que prohíbe la minería, protegiendo la salud y la vida de nuestro pueblo”, expresó la Arquidiócesis de San Salvador. 

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