Si algo nos ha enseñado la historia es que cuando inician las derivas autoritarias los límites de lo que una sociedad puede tolerar se expanden hasta niveles insospechados. El 18 de mayo de 2025, la dictadura de Bukele estableció un nuevo hito en los límites que está dispuesto a cruzar. La Fiscalía General detuvo a Ruth López, defensora de derechos humanos y encargada de la unidad anticorrupción en Cristosal, una organización que ha sido clave para denunciar los abusos cometidos durante el Régimen de Excepción.
En un país sometido al yugo de una familia enloquecida por el poder, no debemos olvidar que quienes salgan a marchar este primero de mayo no serán trabajadores para la dictadura, mucho menos personas, serán simplemente prisioneros de un territorio que se ha convertido en una cárcel.
Si no hubiera sido abril, el país hubiera estallado en cualquier otro mes porque el espíritu de la rebeldía que floreció en ese entonces fue gestándose poco a poco y de forma ineludible durante años.
El magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, continúa con un proceso judicial pendiente en el Juzgado Cuarto de Instrucción. Tutela Legal solicitó este año, el día de su aniversario, elevar el caso a plenario y se instale la vista pública contra Álvaro Saravia, y se le condene en ausencia como uno de los autores intelectuales.
La situación de las mujeres rurales es desventajosa en América Latina por muchas razones: pocas poseen la titularidad de la tierra y se ven constantemente cuestionadas sobre sus capacidades para cultivarla. Entrevistamos a Marisela Ramírez, educadora popular y especialista en derechos humanos, para conocer más sobre la situación de las mujeres rurales en El Salvador.
El presidente de El Salvador ha ofrecido apoyo en materia de seguridad a diversos países del continente que enfrentan situaciones de inseguridad y violencia. El “método salvadoreño”ha reducido de forma drástica los índices de homicidios, pero también se ha llevó de paso a más de 3 mil personas que denuncian detenciones arbitrarias, torturas, muertes dentro de las cárceles y otras consecuencias para llegar a ser, según el gobierno, “el país más seguro del hemisferio occidental”.
Los grandes monopolios como Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft no solo han transformado el sector tecnológico sino nuestras vidas de forma radical, por ello no es casual que el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo haya decidido poner a estas figuras frente a su gobierno o haya decidido restablecer Tik Tok después que el Tribunal Supremo ratificó su prohibición.
El Salvador llega a los 33 años de la firma de los Acuerdos de Paz con dos personas clave en esta negociación acusadas de diversos delitos. Uno de ellos detenido por actos de terrorismo y rebelión; otro, apeló recientemente una órden de captura por “encubrimiento personal” de los imputados en la masacre de El Mozote. Mientras esto sucede, miles de víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, continúan demandando verdad, justicia y reparación a un Estado que, a juicio de organizaciones sociales, ha institucionalizado la impunidad. ¿Es la justicia por los delitos del conflicto una prioridad para el gobierno o una excusa para la venganza política?
En términos simbólicos a Sandino lo han matado muchas veces, en su momento la familia Somoza, después el proyecto neoliberal de inicios de siglo y sus ideólogos, ahora lo hace, irónicamente, el partido que lleva su nombre.
El presidente inconstitucional de El Salvador envió un mensaje contundente sobre el regreso de la minería metálica al país, bajo el argumento de aprovechar los recursos que “Dios colocó” bajo tierra para un mayor desarrollo económico, al tiempo que ha catalogado como “absurdo” y “una tontería” la ley que prohíbe esta industria. Su insistencia ha elevado las alarmas de organizaciones sociales, ambientalistas, iglesia católica y academia a nivel nacional e internacional.
