Siguiendo la lógica del centro penal estadounidense “La Roca”, más conocido como “Alcatraz”, que funcionó entre 1934 y 1963 como el hogar obligatorio de los mafiosos y pandilleros más peligrosos del continente americano, el Estado de Honduras planea construir esta nueva granja penal en Islas del Cisne con el objetivo de cortar la comunicación de las cabecillas de las maras y pandillas con sus organizaciones para así controlar, de alguna manera, la crisis de seguridad que enfrenta el país. 

Esta idea de aislar a los más peligrosos e influyentes criminales del país, en teoría, debería considerarse como salida al control que estos grupos delictivos tienen en las comunidades en las que se instalan. Sin embargo, para Tiziano Breda, investigador en asuntos de seguridad latinoamericana del Istituto Affari Internazionali, “de poco sirve trasladar algunos reos pensando que así se pueden cortar sus operaciones, si los grupos criminales de Honduras tienen fórmulas de liderazgo y de mando que son muy estructuradas. Entonces, al saber que alguien va a ser trasladado, el reemplazo seguramente ya estará listo”. 

 Breda agregó que “si bien, se logra controlar una cárcel en las afueras del país, siguen existiendo 25 centros penales en los cuales seguirán habiendo reyertas y tensiones entre los privados de libertad”. Por lo que, al analizar la decisión de la mandataria Castro, se debe priorizar el ordenamiento de los recintos penitenciarios y el control de las maras y pandillas, sobre el aislamiento de los cabecillas de las organizaciones criminales. 

Por otro lado, en su informe “Mano dura y remilitarización de las cárceles: la respuesta al asesinato de 46 mujeres privadas de libertad y a la ola de violencia en Honduras”, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), cuestiona las medidas que el Gobierno de Castro desea implementar, al considerar que van en la misma lógica de las adoptadas por el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas, quien como respuesta a la muerte de 37 privados de libertad puso los centros penales al mando de las fuerzas militares y siguió una estrategia de contruir cárceles de máxima seguridad como respuesta a la crisis. 

En su informe, el CESPAD pone sobre la mesa la corrupción que impera y caracteriza el sistema penitenciario de Honduras. Por lo que, aunque construir un centro penal alejado del territorio parece viable para alejar a los líderes criminales de sus organizaciones, a su vez, puede ser una solución frágil al problema debido a la cooptación del sistema por el crimen organizado.