El conflicto de Guapinol y Sector San Pedro tiene su génesis en el Congreso Nacional Honduras, ente en el que se establecieron las condiciones para otorgar el derecho minero mediante la derogación del Decreto Legislativo 252-2013, que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. A través de ese Decreto se reducen 217.34 hectáreas de la zona núcleo, que coinciden con la solicitud de dos proyectos mineros no metálicos (ASP y ASP 1) en una zona de recarga hídrica para los departamentos de Olancho y Colón, Honduras.

Sin embargo, la preocupación comunitaria aumentó cuando se conocieron los componentes adicionales del proyecto. Inversiones Los Pinares es la empresa minera encargada de la extracción de hierro y trabaja en conjunto con Inversiones Ecotek, que posee la planta paletizadora mediante la cual, el óxido de hierro será convertido en “pellets” para poder exportarlo con un alto valor agregado. Los Pinares inició la Fase 1 de producción de hierro en bruto como materia prima y a finales de 2021 arrancará la Fase 2 para exportar hierro semiprocesado a Estados Unidos”.

Lo más reciente y que claramente expuso a los defensores y defensoras del territorio en este caso, es que el 9 de diciembre de 2023, la Municipalidad de Tocoa convocó a un cabildo abierto en el instituto Froylán Turcios, para discutir el proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek. Sin embargo, en ese momento, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, alegó riesgos de seguridad y anunció la suspensión del cabildo y se retiró rápidamente.

Posteriormente, en una Asamblea Popular, seis de los diez regidores del municipio (Juan López entre ellos), junto con las comunidades, rechazaron la instalación de una planta termoeléctrica. A pesar de esta oposición, el alcalde Adán Fúnez convocó a otro cabildo abierto para enero de 2024, pero las tomas de decisiones en ese cabildo se pusieron en suspenso por una orden judicial tras un recurso de amparo presentado por varias organizaciones territoriales. En junio de 2024, Fúnez intentó nuevamente convocar un cabildo para discutir las «zonas de influencia» del proyecto, lo que llevó a otro recurso de amparo, que fue admitido por la Corte Suprema, suspendiendo los efectos del cabildo hasta resolver la garantía de amparo.

El Comité ha acusado a la empresa Inversiones Los Pinares y sus socios, parte del Grupo EMCO, de diversos delitos ambientales y sociales. Entre las principales acusaciones destacan:

1. Destrucción del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía”: La empresa ha causado graves daños a los ecosistemas del parque mediante minería a cielo abierto, afectando las fuentes de agua y la biodiversidad local.  
2. Explotación ilegal de recursos naturales: Ha operado ilegalmente, usando documentos falsificados para obtener licencias ambientales que le permitieron abrir minas, una planta paletizadora y una termoeléctrica.  
3. Contaminación y daños a la comunidad: El megaproyecto ha generado contaminación acústica y vibraciones que han afectado a las viviendas locales, además de riesgos para la salud por el uso de coque de petróleo en la termoeléctrica.

Sobre las acciones territoriales. Entre el 2015 y el 2017 se conformó el Comité. Esta es una articulación que constituye una referencia importante como proceso de organización y acción social contra el despojo de los proyectos extractivos y de los bienes públicos. Algunos hitos relevantes de movilización ciudadana en el Caso de Guapinol y Sector San Pedro, son los siguientes:

1. a) La toma de la Alcaldía municipal de Tocoa por parte de los pobladores. La acción de presión se realizó durante más de diez días por las comunidades, en junio de 2018, para solicitar la aprobación de un cabildo a la corporación municipal. El objetivo era participar en la aprobación o no del proyecto minero en el municipio; esta acción de presión pacífica se realizó luego de múltiples solicitudes del comité a la corporación municipal y no recibir respuesta.
2. b) La instalación y desalojo del campamento Guapinol. El 1 de agosto de 2018, los residentes de Guapinol y otras comunidades de Tocoa opuestas a la operación de la empresa minera establecieron un campamento, ocupando el camino que conduce a la mina y bloqueando el tránsito de la maquinaria pesada de la empresa. Con el denominado Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida, el bloqueo se sostuvo por unas 140 personas locales, durante 88 días. Mientras el campamento estuvo en pie, los manifestantes se reunieron con una Comisión del gobierno para negociar algunos aspectos y demandas que jamás se cumplieron. El campamento fue atacado y desmantelado con violencia el 27 de octubre por unos 1 200 efectivos militares, luego de que un juez ordenó el desalojo de los manifestantes. Unas 500 personas se reunieron ese día para resistir a la embestida militar.
3. c) La cumbre municipal por el agua y la vida fue una asamblea multitudinaria que reunió a más de tres mil personas que ejercieron su derecho a la participación, luego que se le denegó su solicitud a la realización del cabildo abierto para tomar decisiones sobre la gestión de sus bienes comunes. En esta cumbre (ACAFREMIN 2019) se exigió la inmediata cancelación de la licencia ambiental y permisos de operación de las concesiones ASP y ASP 2, otorgadas a Empresa Inversiones los Pinares.
4. d) Proceso de persecución penal se generó con el levantamiento de órdenes de captura contra 31 ambientalistas y un juicio que se desarrolló en dos procesos judiciales: el primero contra el liderazgo territorial del Sector San Pedro y el Sector de Guapinol (terminó con el sobreseimiento definitivo de 13 líderes ambientalistas). 

El segundo caso, que involucró a 8 defensores y una detención arbitraria de 914 días (entre ellos Juan López), supuestamente había finalizado con un proceso penal anulado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el 19 de septiembre de 2024, la Corte Segunda de Apelaciones del municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, decidió reabrir el proceso penal en contra de cinco defensores ambientales del Comité. La reapertura del caso en contra de Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo, Marco Tulio Ramos y Juan López.

El caso Guapinol y Sector San Pedro en Tocoa, Colón, sin duda ha implicado una serie de acciones territoriales, denuncias ante la institucionalidad sobre relación de crimen organizado con actores empresariales, corrupción extractiva e impactos ambiental. La exposición de los defensores y defensoras ha implicado, tomando el asesinato de Juan López, definitivamente dar la vida en contra de un proyecto extractivo que no ha contado con el respaldo y participación ciudadana en forma, pero sí con la complicidad de algunos actores gubernamentales.