La muerte de la educación superior en Nicaragua
febrero 15, 2022
13 min
Control político, recorte de presupuesto y la raíz del problema de las universidades en Nicaragua.
Ortega le arrebata a toda una generación, que se resiste al subempleo o a la migración, la posibilidad de acceder a una educación superior decente. Las consecuencias serán graves
A sus 19 años, Manuel* vive con miedo. Es uno justificado: si el gobierno ilegaliza la universidad en la que estudia y a él le quitan la beca, regresará a la comunidad rural de la que salió hace tres años en busca de convertirse en la tercera persona en cursar la universidad en la historia de su familia. Tendría que trabajar y olvidarse de sus metas académicas.
Pero además del miedo, la incertidumbre es la que lo mantiene despierto hasta muy entrada la madrugada. Toma por ejemplo las universidades a las que el gobierno autoritario de Daniel Ortega les quitó la personería jurídica en los últimos días y las dejó en control estatal por medio del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y tres universidades públicas.
Él estudia en la Universidad Centroamericana (UCA) y el régimen ha dejado claro que este centro de estudios está en la mira. “Realmente mi sueño de ser ingeniero industrial acabaría, es muy triste porque me he esforzado, desvelado y algunas ocasiones hasta llorado, y sobre todo (pienso en) el sacrificio que mis padres han hecho para que siga en la universidad”, dice.
Ortega impulsó su arremetida en contra de la educación superior en diciembre de 2021, cuando le quitó la personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), propiedad del reconocido empresario sandinista Leonardo Torres, y la dejó a cargo del CNU con el “involucramiento” de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Posteriormente, a inicios de febrero, canceló en combo otras cinco universidades privadas: Universidad Politécnica (Upoli), Universidad Pablo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse) y Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).
Además ilegalizó varias asociaciones universitarias que, aunque su papel en el país no estaba claro, el régimen aseguró que no daban cuenta de sus estados financieros y que permanecían descabezadas. Esta misma justificación fue la que se dio para las universidades y ha sido la misma para las decenas de organismos no gubernamentales (ONG) que han sido cerrados desde 2018.
Pero los golpes contra la educación superior en Nicaragua han sido varios. En enero de este año, el gobierno redujo drásticamente el presupuesto a la UCA y apenas le asignó un millón de córdobas. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto otorgado en 2018 a este centro de estudios fue de 251.8 millones, es decir que este 2022 recibió 0.4% de lo otorgado el año que inició la crisis sociopolítica.
Precisamente fue ese año que Ortega inició su batalla en contra de la educación. A partir de agosto –cuatro meses después que sacó a las calles a las fuerzas represoras estatales y paraestatales para sofocar violentamente las protestas en contra de su gobierno– creó su primera lista fatal: los estudiantes que no podían seguir con sus clases porque habían sido parte, ya fuera de las protestas en sí, o porque brindaron asistencia humanitaria a los manifestantes, como fue el caso de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAN.
Hasta la fecha han sido 150 las personas expulsadas de las universidades estatales, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe –de diciembre de 2021– sobre la situación en el país.
Control político
Si el contexto antes de 2018 era complicado, Ortega lo ha ido haciendo peor cada año. Manuel aplicó a la beca en la UCA y a la vez hizo el examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para “tener otra opción”. Pero su esperanza siempre estuvo puesta en la primera, precisamente porque es uno de los centros de estudio cuya independencia se ha mantenido pese a los acosos y ataques del orteguismo.
Clasificó en la UNI y le dieron la beca en la UCA, pero se decidió por esta última porque le dio miedo, dice, estudiar bajo los tentáculos con los que Ortega mantiene en control a los universitarios en el país. Y es que en la UNAN y la UNI operan los dirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), un brazo político partidario del Frente Sandinista en las universidades públicas quienes mantienen estricto control de lo que pasa en estos lugares.
El miedo, han dicho estudiantes de las universidades canceladas, es que en estos centros pase lo mismo. Ernesto Medina, académico y exrector de universidades públicas y privadas, dijo para este artículo que el futuro a eso apunta. “Tener una universidad donde no podés pensar, no podés criticar, donde no podés fomentar la discusión libre, el espíritu crítico, eso es cualquier cosa menos una universidad y eso es lo que vamos a tener a partir de hoy en Nicaragua”, asegura el académico.
Sin gratuidad
Lo que quiere Ortega, añadió Medina, es tener “control total de todititos los aspectos de la vida de los nicaragüenses para poder permanecer en el poder”. Pero con las universidades fue más allá porque no solo las ilegalizó, sino que las dejó en control estatal al crear tres universidades públicas para que estas sean sus sucesoras legales: Universidad Nacional Politécnica (UNP), sucesora de la Upoli; Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, sucesora de la Ucatse; y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, sucesora de la Uhispam, la UNEH, la Uponic y la UPF.
Contrario a lo que se podría pensar, el gobierno no busca asegurar una educación superior igualitaria y gratuita para los nicaragüenses, ya que el control de los centros privados no elimina los aranceles que los estudiantes debían pagar, solo, en algunos casos, los disminuye. Esto en una clara violación a la Ley de Autonomía Universitaria, Ley 89, que establece: “El acceso a las Instituciones de Educación Superior es libre y gratuito para todos los Nicaragüenses, siempre que los interesados o requirientes cumplan con los requisitos y condiciones académicas exigidas, sin discriminación por razones de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”.
Al pasar a ser miembros del CNU y estatales, las tres universidades recién creadas deberían apegarse a lo que dice la ley, sin embargo, la rectora del CNU, Ramona Rodríguez, afirmó: “vamos a reducir aranceles”, pero no serán cancelados porque el presupuesto que tienen del Estado es “limitado”.
Esto confirma el control que quiere imponer el gobierno autoritario, que, como dijo Medina, “ya se venía viendo desde hacía un rato y comenzó a agravarse a partir del 2018, donde las universidades fueron intervenidas por las fuerzas más oscuras políticas dentro del sandinismo y las universidades quedaron en manos de personas que el único mérito que tienen es que son dóciles, fieles y de confiabilidad absoluta para las autoridades del gobierno”.
Un experto en temas de educación, que por temor prefirió no ser citado, dijo que “es patente la total pérdida progresiva de autonomía universitaria, en tanto sus máximas autoridades y decisiones son orientadas por el gobierno central y el partido”.
La raíz del problema
Pero el problema, para el académico que prefiere no ser citado, va más allá. En 2020 se eliminó el requisito de examen de admisión para las universidades públicas, incluido el de Matemáticas para entrar a una carrera de Ingeniería.
Esto podría interpretarse como que lo importante es llenar las estadísticas universitarias, asegura el experto, y buscaría “fortalecer” la solidez estadística de la educación superior pública, más aún cuando crece la cantidad de universidades despojadas de personería jurídica.
De fondo hay un grave problema de calidad que no inicia en las universidades, sino que se refuerza. “En educación básica no se está haciendo nada para corregir las debilidades que se vienen señalando desde hace rato”, agrega Medina. De hecho, el país está por debajo del promedio de la región en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco.
Es un panorama desolador, dice la fuente en el anonimato, y peor aún, algo que se ha normalizado. “Bachilleres sin trabajo al no poder escribir una carta con corrección; niños, adolescentes, jóvenes y profesionales carentes de una cultura lectora básica y expresión lingüística adecuada; universitarios con grandes problemas para escribir correctamente tesis de grado y posgrado; docentes de primaria, secundaria y universidades que no superan incorrecciones lingüísticas”, afirma.
Las opciones que van quedando son pocas. En el caso de la UCA, debido al brutal recorte presupuestario, la institución se verá impedida de brindar el número de becas que hasta ahora otorga. Las otras universidades privadas toman como una señal las cancelaciones de personerías jurídicas y, si es que alguna vez no lo hicieron, empiezan a asomarse al abismo de la autocensura para evitar que les pase lo mismo. Y si se habla de empleos, hasta el tercer trimestre de 2021, el 44.2% de la población ocupada se encuentra en el subempleo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). Probablemente ganando salarios menores al mínimo y en condiciones precarizadas.
La migración, otra salida que están considerando miles de nicaragüenses, va en aumento, pese a los riesgos cuando es irregular. Solo en lo que va del año fiscal 2022 han sido más de 38,300 los nicaragüenses capturados por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. En Costa Rica, las cifras muestran hasta septiembre de 2021 cerca de 30 mil nuevas solicitudes de refugio, dijo a medios el canciller costarricense. En total, desde 2018 las peticiones superan las 100 mil.
Al estar gobernado por un régimen dictatorial, Nicaragua es un Estado sin estadísticas ni datos, por lo que las desigualdades y todas estas problemáticas reales quedan cubiertas bajo la imposición del control político. Al final, dicen los académicos, será el tiempo el que pase factura de todos los daños que está causando el gobierno a toda una generación que se resiste a ceder. “Nos esperan días muy complicados en Nicaragua”, dice Medina.
Para Manuel, esos días complicados ya llegaron y son todos en los que no puede dormir pensando en su futuro. “Nos quieren arrebatar la libertad de pensamiento crítico”, dice.
*El nombre del estudiante fue cambiado a petición suya y por su seguridad
Yubelka Mendoza
Periodista nicaragüense