¿Qué podemos aprender en Nicaragua de las elecciones en México?: entrevista a Olga Valle
Maldito País
junio 17, 2024
HoraCero: Para empezar queremos saber ¿Qué se eligió durante la jornada electoral del pasado 2 de junio en México?
Olga Valle: Estas fueron las elecciones más grandes que ha tenido México en su historia, además de elegir a la presidencia de la República, se eligieron cargos de 9 gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, sumando un total de más de 20 000 708 cargos disputados el pasado 2 de junio. Además, habían 98 millones de personas habilitadas para votar. Y más de 1 500 000 personas fueron funcionarios electorales e hicieron andar la jornada de votación en las 170 000 casillas electorales instaladas.
HoraCero: ¿Qué implica organizar unas elecciones tan grandes?
Olga Valle: Sin duda es un reto enorme, primero hay que recordar que México es una República federal, es decir, está conformado por 32 entidades federativas. Entonces la organización de las elecciones también tiene que respetar este tipo de Gobierno. A diferencia de Nicaragua, donde el Consejo Supremo Electoral es la máxima autoridad en todos los temas y coordina con otros órganos intermedios de administración a nivel departamental y municipal, en México hay tres niveles de autoridad electoral: administrativo, jurisdiccional y penal-electoral; estos a su vez se dividen en los que son de ámbito federal y de ámbito local. La estructura electoral es bastante densa, tanto por el tamaño del país como por las negociaciones del período de transición a la democracia, que buscaron subsanar la concentración de poder de los años del sistema de partido hegemónico con la creación de una autoridad y normativa electoral compleja.
Los distintos tipos de autoridad electoral en México permiten separar claramente las tareas, por ejemplo, en materia penal-electoral, en 1994 se crearon fiscalías especializadas para los delitos electorales, las cuales son independientes de las entidades que organizan las elecciones. Esto hace que exista toda una estructura a cargo de perseguir todo tipo de delitos. En Nicaragua el CSE es juez y parte, siendo ellos los principales señalados de ejecutar los continuos fraudes electorales desde 2008. Creo que sin duda esta es una buena práctica a tomar en cuenta, sobre todo si lo que estamos pensando es erradicar las prácticas ilegales, irregulares y fraudulentas que se han convertido en parte de la razón de ser del Poder Electoral nicaragüense.
HoraCero: Mencionabas que millón y medio de personas fueron funcionarias electorales. Contanos más sobre ese nivel de movilización de personas, ¿cómo se convocan y qué funciones tienen?
Olga Valle: Esta es otra diferencia importante con Nicaragua. En México, estos “funcionarios de casillas”, como se les conoce, son sorteados. Este año por ejemplo la autoridad electoral indicó que serían “ciudadanos nacidos en marzo y abril, cuyo apellido inicia con la letra “A”. En el sistema nicaragüense estas personas son propuestas únicamente por los partidos inscritos en la contienda, partidizando de esta manera a la autoridad electoral. Además, hay un rasgo bipartidista muy presente porque los principales cargos de cada Centro de Votación o Junta Receptora de Votos son asignados a los partidos que quedaron en primer y segundo lugar en las últimas elecciones generales. Y como sabemos, estos lugares -desde el pacto Alemán-Ortega- le pertenecen al FSLN y al PLC.
En México estas personas reciben un apoyo simbólico para su alimentación de aproximadamente 30 dólares. La participación es voluntaria, por eso muchas veces quienes aceptan la designación lo hacen por una verdadera vocación democrática de donar su tiempo durante la jornada para conseguir una elección de calidad. Sin embargo, este modelo también tiene sus oportunidades de mejora, ya que el propio día de las elecciones a veces estos funcionarios no se presentan en su totalidad. Esto llega a generar graves retrasos en la apertura de los centros. El domingo los primeros reportes de irregularidades respondían a esto, el INE (Instituto Nacional Electoral) informó que a las 11, 3 horas después que abrieran oficialmente las casillas, se habían instalado el 80%, faltando todavía más de 30 mil. Aunque finalmente se terminó la jornada con la instalación del 99%, solo quedaron 23 sin instalar.
Según el proyecto Votar entre Balas, la violencia político-criminal tiene efectos en la disminución de personas dispuestas a ser funcionarias de casillas por la intimidación que genera esta violencia, especialmente cuando se da sobre candidatos y militantes de partidos; hay personas que aceptan el rol y el propio día de la elección no se presentan, por tanto se tienen que sustituir con votantes en la fila que estén dispuestos a asumir la tarea, pero éstas personas lamentablemente no están capacitadas de la misma manera. En Nicaragua, normalmente no se dan reportes de aperturas tardías de los centros de votación o ausencia de funcionarios el propio día, pero esto es por el control absoluto que ejerce el régimen hasta en dimensiones como esas. En Urnas Abiertas hemos recibido denuncias de que los trabajadores del Estado son obligados a ser funcionarios electorales durante las votaciones. A la luz del proceso mexicano, nos queda pensar en cómo despartidizamos esas estructuras y cómo se garantizará la participación en estos roles cuando no exista un control como el que ejerce el FSLN.
HoraCero: ¿Qué significa esta elección para las mujeres? ¿Y para las diversidades? ¿Será un avance en la agenda de género?
Olga Valle: Creo que es importante distinguir dos cosas, por una parte la participación política de las mujeres y por otra la agenda de género, ambas muy importantes pero que no son la misma y a veces incluso no se relacionan. Entonces me voy a referir a ambos temas de manera separada.
En lo que tiene que ver con la participación de las mujeres, México tiene el sistema más avanzado de la región en cuanto a la paridad, según la OEA. En 2019 se declaró la “paridad en todo” en la Constitución, algo muy similar a lo que hay en Nicaragua con el principio de equidad y alternancia, donde las mujeres tienen que ocupar la mitad de los puestos tanto de elección popular como en la función pública. Estas medidas aunque son importantes no garantizan necesariamente la participación sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones, siendo Nicaragua el caso más dramático, pues aunque las mujeres ocupan la mitad de los cargos, bien sabemos que el poder político se ejerce de manera autoritaria, por lo que todas las decisiones importantes se toman en el Ejecutivo y su círculo de poder, y después las bajan para que sean ejecutadas sin cuestionarlas.
En México, la situación es diametralmente diferente, pues las mujeres ejercen sus liderazgos y el poder político. No obstante, también hay señalamientos de obstáculos en la participación, sobre todo al interior de los partidos. Sin duda la primera mujer presidenta en 200 años es un logro histórico, además de Claudia Sheinbaum, en esta elección también se alcanza la cifra de 13 mujeres ocupando una gubernatura, lo que equivale al 40% de esos cargos. Estas cifras representan una lucha de años para que se abrieran los espacios a las mujeres para la participación política.
Y por otra parte, está la agenda de género, lo que siempre hemos dicho es que una mujer en el poder no representa que luchará por las agendas feministas. Por ejemplo, en un estudio de la doctora Freidenberg del Observatorio de Reformas, al analizar 24 397 propuestas de las legisladoras, apenas 4 000 estuvieron enfocadas en temas de género. Ella misma señala casos como el del congreso de Nuevo León, donde habían más mujeres y se terminó rechazando la interrupción legal del embarazo. Esto nos abre la perspectiva para quienes luchamos por la democracia desde una mirada feminista, no solo queremos más mujeres, también queremos impulsar liderazgos feministas que lleguen al poder para transformar las realidades de desigualdad, discriminación y opresión.
HoraCero: ¿Qué nos podés decir de los niveles de violencia que se alcanzaron durante el proceso electoral?
Olga Valle: Este ha sido el proceso electoral más violento de la historia del país. La organización Causa Común presentó un informe preliminar en el que señalan que al menos 37 personas candidatas fueron asesinadas, una de ellas el propio día de la elección. Superando así a las 30 de 2021 y las 24 de 2018. Esta violencia afectó a todos los partidos, aunque la coalición de Morena fue quien tuvo la mayor cantidad de candidatos asesinados. Además de los homicidios, se dieron atentados, secuestros, desapariciones; por esta misma violencia no se pudieron instalar varias casillas en el interior del país. Se supo de renuncias masivas de candidaturas y hasta de partidos que no presentaron candidaturas en algunos lugares, todo por el miedo de convertirse en víctima de la violencia.
Antes y durante la jornada de votación se vieron afectaciones al material electoral, principalmente a través de la quema y el hurto de los paquetes, y atentados a las casillas. Además, se reportaron ataques a la prensa y enfrentamientos armados. Aunque este tipo de incidentes no generaron mayores obstáculos en el desarrollo de las elecciones y estuvieron focalizados en algunos Estados, ciertamente esto es indicativo de la crisis de violencia criminal que enfrenta México. En los territorios donde se vivió fue extremadamente tenso. El proyecto Votar entre Balas realizó un análisis estadístico en el que se comprobó la relación negativa que existe entre la violencia político criminal y la participación, es decir, a mayor violencia menos sale la ciudadanía a votar en sus municipios. Por eso, como te decía, aunque la violencia no genera obstáculos a nivel nacional, sí provoca efectos en las localidades específicas. Como dijo la OEA en su informe preliminar, la violencia tiene efectos inhibitorios en la democracia, efectos que creo que todavía no alcanzamos incluso a dimensionar. En el caso de Nicaragua, me salta la preocupación sobre el rol que las estructuras paramilitares puedan asumir una vez saliendo el FSLN del poder, esto sin duda es un tema que tiene que estar en toda propuesta transicional.
HoraCero: Todavía hasta 2022 habían algunas dudas de si el presidente López Obrador buscaría reelegirse ¿Esto pudo haberse dado? ¿Qué implicaría para la democracia?
Olga Valle: Estas dudas siempre surgen en México cuando un presidente está por terminar su período. Primero diría que la reelección por sí misma no es síntoma de algo negativo o positivo, todo depende del contexto en el que se da. En México está prohibida en la Constitución y esto ha sido un principio inquebrantable que tiene casi un siglo de tradición, si el presidente Andrés Manuel López Obrador la hubiera buscado habría provocado alarmas. De hecho en México apenas en 2014 se aprobó la reelección consecutiva de legisladores, después de 80 años de prohibición. Pero igual es importante decir que a pesar de la existencia de estas prohibiciones, no se evitó que en México se configurara un sistema de partido hegemónico por 70 años. Por eso digo que este tipo de medidas no necesariamente son un símbolo de la salud de la democracia, aunque ciertamente demuestran acuerdos fundamentales que rigen a la sociedad, en la literatura hay quienes señalan que una reelección, en condiciones democráticas, le da incentivos a los funcionarios de hacer un buen desempeño para conseguir un período más en la siguiente elección.
En Nicaragua es entendible la preocupación que genera cualquier tipo de reelección por las tácticas fraudulentas y hasta inconstitucionales que el Ejecutivo ha usado o porque en al menos 30 municipios los alcaldes llevan cuatro períodos consecutivos, y de hecho en nuestro caso considero que a nivel presidencial debe de ser un candado que tiene que instalarse en la futura transición democrática, pero no se puede creer que este tipo de medidas van a solucionar los problemas profundos que enfrenta nuestra democracia. Como te decía, ya vemos que en México este tipo de prohibiciones no impidieron los 70 años de partido hegemónico y más bien la reforma fue impulsada para debilitar al Poder Legislativo y concentrar el poder a nivel nacional; por eso siempre tenemos que pensar a profundidad cuáles son las reformas políticas que queremos proponer para la “nueva Nicaragua”.
HoraCero: A Nicaragua llegaron voces de que hubo fraude electoral y por eso van a recontar los votos para la presidencia ¿qué podrías decirnos de esto?
Olga Valle: Hay que ser muy cuidadosos con esas narrativas, como sabemos los partidos políticos muchas veces instrumentalizan estas cosas para movilizar apoyos a su favor. En este caso, te digo que en este momento no hay nada que permita asegurar que hubo fraude, en toda esta conversación hemos hablado de la robustez del sistema electoral mexicano, claramente como todo sistema también es perfectible y tendrá fallas, algunas internas y otras externas, como el ataque cibernético que sufrió la autoridad electoral de la Ciudad de México el propio día de la elección.
La normativa electoral incorpora un marco jurídico que permite resolver los conflictos electorales, los partidos tienen diferentes instrumentos para corregir o sancionar las inconsistencias. Otra cosa importante, es que el INE habilita la posibilidad de ver las actas en línea lo que hace que la ciudadanía también pueda auditar los resultados, algo que en Nicaragua antes existía pero que el CSE ya no hace porque justamente lo último que quiere es ser fiscalizado por la población.
Lo que sí es cierto, es que las entidades de arbitraje, o sea la autoridad electoral jurisdiccional que toma la última decisión de los resultados oficiales, no fue integrada en su totalidad, en varias hay menos magistrados que los que indica la ley, y esto podría generar varios cuellos de botella y saturaciones en el sistema de justicia electoral. Además, algunas autoridades administrativas tuvieron reducciones relevantes en sus presupuestos. Otra cosa que es innegable es que hubo focos rojos durante el proceso y que tienen que ser subsanados con urgencia, tanto por la autoridad electoral como por los actores políticos, algunos de estos fueron el involucramiento permanente del presidente, las crisis internas en las autoridades electorales, las constantes violaciones a la legislación cometidas por los partidos políticos, las dificultades para capacitar a funcionarios de casillas y los altos niveles de violencia, según la organización ANIE.
También hubo muchas denuncias circulando en internet, aunque muchas de ellas eran falsas o imprecisas, el INE cuenta con un proyecto llamado Certeza INE que se encarga durante todo el proceso electoral de combatir la desinformación. Es una buen práctica que me parece muy importante tener en cuenta porque en la adrenalina de las elecciones a veces se tiende a creer que todo lo que se ve en redes sociales es real, creo que en general la estrategia de comunicación de la autoridad electoral, tanto federal como local, es valiosa desde muchos ángulos. Hay información educativa, constantemente comunican sus avances, las y los consejeros están en permanente comunicación a través de los medios y sus redes sociales; a diferencia de Nicaragua, hoy uno puede encontrar cualquier información del proceso electoral mexicano.