La responsabilidad legal que se está asumiendo en este proceso judicial subraya la compleja relación de poder entre grandes empresas extractivas, el Estado y los poderes locales. Es decir, las estructuras corruptas continúan operando sin ningún abordaje de justicia.
Mientras el actual modelo extractivo en Honduras -y por qué no, en toda la región centroamericana- no esté acompañado de una verdadera decisión política y planificación de la gestión estatal por la garantía de protección de vida de los defensores, defensoras y la naturaleza, seguiremos encontrando a cientos de Berta Cáceres y Juan López, en todos los países, clamando por justicia.
Entre los posibles móviles del crimen de Juan López está su pronunciamiento y constante lucha contra los proyectos extractivos en el Bajo Aguán, entre ellos los de la empresa EMCO/ Los Pinares S.A. de C.V. y Ecotek, que amenazan el área protegida del Parque Nacional “Montaña Botaderos Carlos Escaleras”.