Por otro lado, el 36% de las personas asesinadas eran indígenas, el 22% se dedicaban a la agricultura a pequeña escala, y el 7% eran afrodescendientes. Todas estas personas dependían de sus tierras y bienes naturales para la sobrevivencia de ellas y sus familias. Además, las mujeres vivieron el 11% de ataques. El estudio indica que, aunque el número parece relativamente bajo, esconde otras formas de violencia de género como agresiones sexuales, discriminación y rechazo de sus familias o comunidad, entre otros. Por lo cual, las mujeres se exponen a dos flancos de ataques: por ser defensoras del territorio y por su género. 

Global Witness es una organización que documenta los asesinatos y ataques a personas defensoras del territorio desde el año 2012. Desde ese año, Centroamérica acumula 273 homicidios en tres países: Honduras (131), Guatemala (82) y Nicaragua (60). En total, América Latina ha perdido a 1 335 personas defensoras ambientales desde 2012. 

En este contexto, la organización urge tomar medidas a los Estados para que rindan cuentas de la violencia, criminalización, ataques y otras agresiones hacia las personas defensoras de la naturaleza y el territorio, al aplicarse leyes que les protejan y reconozcan sus derechos y el de sus comunidades. Asimismo,  instan a aplicar los mecanismos e instrumentos vigentes para la protección de las personas defensoras, como el Acuerdo de Escazú, que fue firmado en 2018 y que constituye el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que pone a las personas defensoras en primera línea de protección de los Estados. 

El Acuerdo reconoce el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y su contribución al fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. El artículo 9 del Acuerdo compromete a los Estados a garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.

Hasta la fecha, solamente 15 países de América Latina han ratificado el Acuerdo de Escazú, entre ellos Nicaragua y México, países con altos números en agresiones a personas defensoras del territorio. 10 países firmantes están pendientes de ratificar, como Guatemala, Costa Rica, Brasil y Colombia. Los centroamericanos El Salvador y Honduras no han firmado el acuerdo hasta la fecha.