El 16 de enero de 1992, El Salvador dio un histórico paso hacia la democracia con la firma de los Acuerdos de Paz, marcando el fin de un conflicto armado de 12 años. En 1993, pocos meses después de que la Comisión de la Verdad presentara un informe documentando graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, se promulgó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que otorgó inmunidad a los responsables de crímenes de guerra, tanto del ejército como de la guerrilla, con el objetivo de evitar nuevas tensiones y consolidar la estabilidad.

Pese a que en junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, solo existen actualmente 8 casos del conflicto armado judicializados, según datos de Cristosal. De estos, 3 de ellos han avanzado a la fase de Vista Pública, así explicó a HoraCero el Jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales. 

El primero es el de la masacre ocurrida en el cantón San Andrés, del departamento de San Miguel, en 1981. Este se ha convertido en el primer caso por violación a derechos humanos perpetrada por un “escuadrón de la muerte”, que pasa a vista pública, luego de la derogatoria de la Ley de Amnistía. Lo particular del caso, comenta David Morales, es que se está enjuiciando a los autores materiales que, al momento de la masacre, eran civiles que actuaban bajo el mando de la sección de inteligencia de la Tercera Brigada de Infantería. Al ser civiles, no se ha podido vincular la cadena de mando con militares de alto rango. 

“Y cuando se quiso investigar a la Fuerza Armada, a través de la Fiscalía o el Tribunal, como siempre, no se entregaron los archivos militares. Al no haber oficiales de alto rango de la Fuerza Armada involucrados, entonces ahí sí hemos tenido una fiscalía activa, que ha cumplido un rol aceptable”, explicó el abogado, al tiempo que lamenta que la vista pública de este caso se haya suspendido en seis ocasiones, desde 2023.

El segundo caso es el asesinato de cuatro periodistas holandeses, que fue consignado en el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, resolvió enviar a juicio a tres altos mandos del Ejército salvadoreño, por la autoría intelectual de la emboscada y posterior asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, hecho perpetrado por el Batallón Atonal el 17 de marzo de 1982, en uno de los tantos episodios oscuros del conflicto armado.

En opinión de David Morales, el avance de este caso lo atribuye a que sigue contando con una jueza independiente. “Es una expectativa alentadora. Sigue contando con una jueza independiente, una jueza que está al parecer con la convicción de aplicar la ley como se debe”. 

Morales dice que la impunidad que favorece a los criminales del conflicto está “institucionalizada”. “La amnistía era un instrumento legal, pero también un instrumento político para impedir juzgamientos. Pero había diversos patrones de práctica de impunidad, no solo la amnistía. Cuando la guerra terminó muy pocos casos habían sido judicializados y muy pocos tenían expectativa de avanzar”.

Él considera que con la inconstitucionalidad de la Amnistía, ya no habrían, en teoría, excusas legales para no investigar los casos del conflicto, pero el resto de prácticas de impunidad en el sistema judicial, continuaron.

“La impunidad estaba enquistada en estas prácticas que continuaron a pesar de la sentencia. El ejemplo más claro de toda esta impunidad institucionalizada son las desapariciones forzadas, porque la desaparición es un delito permanente que se reproduce cada día hasta que no se encuentran los restos. Los desaparecidos de la guerra siguen desaparecidos hoy, el crimen sigue ocurriendo hoy, no se le puede aplicar prescripción porque el delito sigue en curso, y tampoco le podían aplicar amnistía”, explicó.