Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Del 21 al 24 de abril se celebró la Convención de las Partes (COP4) sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental que sigue enfrentando grandes resistencias por parte de los Estados Centroamericanos, sobre todo de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, donde su no ratificación agrava la vulnerabilidad de las personas defensoras y limita la incidencia popular en los conflictos ambientales.
Nassau, Bahamas, fue el escenario en esta ocasión, donde organizaciones y ambientalistas de América Latina aprovecharon la oportunidad para exigir a los Estados la implementación de este tratado que reconoce la labor de las personas defensoras ambientales y pide la creación de políticas que protejan su labor, acceso a información pública sobre el estado del medio ambiente, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
De 19 Estados Parte, sólo asistieron 17. Estos discutieron sobre la urgencia de consolidar el Acuerdo como el estándar de oro para la democracia ambiental y en que la protección de los ecosistemas es inseparable de la garantía de los derechos de acceso a la información y la justicia ambiental. Además, enfatizaron que el Acuerdo permite que las comunidades conozcan los proyectos antes que lleguen a sus territorios, participen en la toma de decisiones y accedan a los procesos de justicia ambiental.
Al finalizar la COP4 se eligió una nueva Mesa Directiva, conformada por Saint Kitts y Nevis en la presidencia, y Bahamas, Belice, Colombia y Panamá en las vicepresidencias. También se aprobó la creación de grupos de trabajo sobre registros de emisiones y contaminantes en América Latina y el Caribe, y de acceso a justicia ambiental. Se aprobaron lineamientos metodológicos para la elaboración de hojas de ruta para la implementación del acuerdo en los Estados Partes, herramientas clave que permiten identificar brechas en los países, definir acciones concretas y establecer prioridades mediante procesos transparentes, colaborativos y con la significativa participación del público.
Marcela Marín, representante de Oxfam Centroamérica, explicó a HoraCero que uno de los desacuerdos entre el público y representantes de los Estados Parte fue la inclusión de definiciones como crisis climática y poblaciones indígenas dentro de la narrativa de los acuerdos, con el objetivo de nombrar las implicaciones específicas que genera la crisis climática y que atraviesan los pueblos indígenas.
“Para nosotrxs era muy simbólico e importante que en la redacción de la Decisión IV/4 sobre Hojas de Ruta, IV/9 sobre Acceso a la Justicia, IV/10 relativo a la Cooperación para la Implementación también establecieran a las poblaciones indígenas, porque si hablamos de participación significativa del público, hablamos del público general, un término muy vago. Sabemos que la crisis ambiental y el impacto y la protección a personas defensoras ambientales tiene una connotación específica para las personas indígenas y las comunidades locales . Entonces, eso era lo que nosotros buscábamos, pero no se logró. Creo que fue una de las partes que nos dejó sinsabores”.
También se presentó una Guía de Transversalización de Género, una decisión que surge de la COP3 para garantizar la igualdad y no discriminación en asuntos ambientales. Marín expresó que esta guía debe ampliarse con el tiempo para nombrar otras identidades.
“Hablamos también de estas otras identidades de la disidencia que no han quedado explícitas aún y que es importante que se trabaje. En un contexto como el de nuestra región, sabemos que dentro de las personas que sufren más violencia, más criminalización, también están defensoras que son parte de la población LGBTIQ+. Quisiéramos que se abra también ese abanico y quede más específico. Además, que se incluyan las desigualdades étnicas y raciales, mecanismos de seguimiento y el enfoque de derechos colectivos como la seguridad territorial”.
En total se registraron 472 personas, entre ellas delegaciones de 17 Estados Parte, cuatro Estados signatarios, tres delegaciones de países observadores del Acuerdo, 295 personas del Público, 23 representantes del Sistema de las Naciones Unidas y organismos intergubernamentales, y los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), y expertos invitados.
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y hasta el momento cuenta con 19 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad y Tabago y Uruguay.
En Centroamérica, la implementación sigue siendo limitada. El Salvador y Honduras son los países de la región que aún no han firmado ni ratificado. Costa Rica y Guatemala firmaron el acuerdo y lo reconocen, pero aún no lo hacen vinculante con sus políticas y leyes de protección del medio ambiente. Nicaragua, Estado Parte, es el gran ausente; mientras que Panamá es el único Estado Parte de la región activo con la presentación de informes, presencia en las Conferencia de las Partes y, ahora, elegido como parte de la Mesa Directiva.
El documento «Escazú por la justicia ambiental: El papel estratégico del Acuerdo de Escazú en Honduras, Guatemala y El Salvador», realizado por Oxfam Centroamérica, revela que en estos tres países las comunidades y personas defensoras enfrentan altas vulnerabilidad climática, desigualdad extrema, industrias extractivas agresivas, debilidad institucional y riesgos letales especialmente para mujeres, poblaciones indígenas y comunidades afrodescendientes, siendo Honduras y Guatemala los países con más altos índices de violencia contra personas defensoras ambientales en el mundo.
El documento plantea que la justicia ambiental implica transformar las relaciones de poder que determinan quién toma decisiones sobre los territorios, quién asume los impactos ambientales y quién accede a los beneficios de los bienes naturales comunes.
Al no haber ratificado el único tratado internacional que tiene disposiciones específicas para la protección de personas defensores ambientales, no existe en estos países una hoja de ruta que permita caminar no solo hacia políticas que protejan a defensores y comunidades, sino hacia la transparencia ambiental, la participación pública activa y la justicia ambiental.
“Es importante conocer que hay organizaciones que llevan años construyendo poder desde abajo, desde los territorios, y dialogando con los Estados para impulsar la ratificación del Acuerdo. Sabemos que hay contextos y condiciones más complejas que otros, pero aun así no negamos que es importante continuar impulsando lo que significa Escazú para los territorios”.
Marín explicó que la adhesión o ratificación del Acuerdo en Centroamérica, traería consigo implicaciones estratégicas como la reducción de la conflictividad ambiental, la protección de las personas defensoras del ambiente, el territorio y los pueblos indígenas, democracia ambiental centrada en saberes comunitarios, protección de mujeres defensoras, acceso a altas capacidades y soporte técnico y acceso a financiamiento climático.
Para esta Conferencia, organizaciones como la Coalición Regional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano en Centroamérica (COREDAM), presentó sus propuestas y consideraciones que buscan reconocer la importancia del Acuerdo de Escazú como un instrumento estratégico que fortalece la democracia ambiental en la región y permite avanzar en la implementación efectiva de derechos. Hacen un llamado a los países que ya son parte, a implementar de manera plena las disposiciones que establece el Acuerdo, creando sus Hojas de Ruta y Planes de Implementación Nacional con la significativa participación del público. Y a los países que aún no lo son, a proceder con prontitud a su ratificación o adhesión.
Este pliego de peticiones se repite en las propuestas y comunicados de otras organizaciones centroamericanas. En este marco, la Alianza Escazú Guatemala, envió una cuarta carta al Presidente Bernardo Arévalo, solicitando que se cumpla con el retiro de la nota del gobierno anterior que desiste del Acuerdo de Escazú y que se inicie de inmediato el proceso para su ratificación.
Para ambientalistas como Marcela Marín, que los países adopten el Acuerdo de Escazú en sus legislaciones no es un mero hecho legal, sino una decisión política que compromete a los Estados a detener la violencia y represión que viven a diario las personas y comunidades que defienden la casa común.
“El acuerdo de Escazú es más que un documento técnico, es una decisión política que implica participación, asumir responsabilidades por parte de los Estados y que incluye la participación de defensoras y defensores ambientales de la sociedad civil y que, por tanto, los estados tienen que reconocer su rol. Para que exista el derecho al medio ambiente sano, también se debe garantizar la protección a las personas defensoras ambientales y Escazú es un mecanismo que nos da esa posibilidad”.
