En 2020, el Ministerio Público de Costa Rica solicitó la desestimación y el archivo de la causa penal, argumentando que «el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación». En ese sentido, el juez José Campos Vargas, decidió el pasado 8 de enero de 2024, acoger la solicitud planteada por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Además, rechazó una solicitud de apertura de juicio planteada por la familia de la víctima.

La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, expresó a medios costarricenses que la decisión del juez aún puede ser apelada por la parte querellante. El abogado defensor, Oscar Renata Montealegre, afirmó que esto responde a una “estrategia procesal». Por su parte, los defensores Jorge Rojas Fonseca y Genive González Hernández, calificaron la resolución como «totalmente atinada», ya que, durante la pesquisa, no logró determinar las bases para un eventual contradictorio. 

Otra de las razones para la determinación del juez fue la muerte de uno de los imputados, el 23 de noviembre de 2021. Según las autoridades, el fallecimiento de uno de los acusados es causal de extinción de la persecución de la pena. Sin embargo, la causa podría continuar en contra del resto de acusados. 

Sergio Rojas fue un histórico defensor de los pueblos indígenas, quien luchó contra la ocupación de tierras en Costa Rica. Fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Salitre, al sur del país. Fue criminalizado y vivió diferentes atentados a su vida desde 2010, todos debido a su liderazgo y defensa de las tierras indígenas. Debido al peligro constante a su integridad y la de otros líderes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los pueblos Bribri y Teribe, del Salitre, donde solicitó al Estado “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal” de dichos pueblos, además de informar sobre estas acciones de protección a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas. 

Aún con medidas cautelares de la CIDH, Rojas no recibió la protección que se esperaba. Fue asesinado de 15 disparos en su casa de habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en Salitre, a los 59 años, el lunes 18 de marzo de 2019. Se cree que el asesinato fue perpetrado «por encargo» de los tres hombres a los que ahora se les dictó el sobreseimiento definitivo.