Hora Cero
junio 16, 2025
Honduras se encuentra inmersa en plena campaña electoral, de cara a las elecciones generales programadas para el próximo 30 de noviembre de 2025. Desde el 1 de septiembre, las calles del país se han visto inundadas con los rostros de quienes aspiran a cargos de elección popular: alcaldías, diputaciones y, por supuesto, la Presidencia de la República.
Los afiches políticos no solo reflejan los colores de los distintos partidos en contienda, sino que también evidencian, a través de la calidad del material y la impresión, las capacidades económicas de las personas candidatas, así como sus posibilidades reales de resultar electas.
Sin embargo, la propaganda no se limita al espacio físico. La radio, la televisión y, especialmente, las redes sociales, juegan un papel fundamental en esta etapa electoral. En estas plataformas, además de difundir las imágenes y mensajes de campaña, se hace evidente una profunda polarización social cargada de animosidad.
Ya no se trata únicamente de diferencias ideológicas entre partidos o candidatos. Lo que predomina es una hostilidad emocional intensa, donde el adversario político deja de ser visto como un oponente legítimo y pasa a ser considerado un enemigo. Esta dinámica de confrontación puede derivar en un clima de tensión creciente y, eventualmente, en episodios de violencia.
Juana Lorenzo, una mujer indígena lenca que vende hortalizas en el mercado artesanal de La Esperanza, Intibucá, forma parte del más del 50 % de la población hondureña que, según el sondeo de opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), no se identifica con ningún partido político.
A menos de dos meses de las elecciones, Juana sigue indecisa: no sabe a quién elegir para que la represente en el Congreso Nacional, ni quién debería gobernar su municipio o el país. “Para mí, los políticos son más de lo mismo”, dice con resignación. Asegura que no conoce sus propuestas de campaña y le molesta verlos constantemente en los medios “peleándose entre ellos y haciendo escándalos”. “Así cómo va a cambiar este país”, expresa con ironía.
En ese mismo mercado, Nieves Hernández, otro comerciante indígena, afirma que sí asistirá a votar el próximo 30 de noviembre, aunque aún no ha decidido por quién. Recuerda que hace cinco años, en su comunidad, un puente colapsó por las lluvias provocadas por los huracanes Eta e Iota. Aunque el gobierno de Xiomara Castro ha prometido en varias ocasiones su reconstrucción, dice que ya no cree que eso ocurra en este periodo. “Ya se les acabó el tiempo”, comenta.
Con una risa sarcástica y una mezcla de resignación y escepticismo, lanza una frase que resume su sentir: “Aunque los políticos no cumplan y pasen peleando como perros y gatos, al final todos comen del mismo plato, y el jodido es uno. Pero igual, hay que ir a votar”.
Según el analista político Héctor Soto, este enfoque se intensifica especialmente entre los diputados que buscan la reelección. Recuerda que 80 de los 128 diputados actuales pretenden mantenerse en el Congreso Nacional, lo que, a su juicio, se traduce en la falta de autocrítica y la ausencia de propuestas renovadoras.
“Venimos de un Congreso con baja capacidad operativa, una alta mora legislativa y una ciudadanía marcada por la fatiga democrática. No se observa interés real por revertir esa tendencia. Al contrario, se profundiza”, señala Soto.
Soto cree que las personas aspirantes a cargos de elección popular vuelven a demostrar su capacidad para generar división y odio a través de sus discursos. “Desde el inicio oficial de la campaña, las narrativas se han vuelto más agresivas, alejándose del perfil propositivo que la ciudadanía espera”, dijo.
Desde una perspectiva similar, Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), considera que el comportamiento de los políticos solo confirma lo que la población percibe: un escaso interés por los problemas estructurales del país y una prioridad en conservar el poder.
“Ante la falta de propuestas, la descalificación y el odio se ha vuelto su principal herramienta de campaña. Esto genera desánimo en la población y abre los ojos de muchos sobre lo que realmente significa el pueblo para esta clase política”, advierte.
Ambos analistas coinciden en que esta campaña electoral 2025 en Honduras, marcada por la polarización y la confrontación, podría tener un efecto negativo en la intención de voto, especialmente entre los jóvenes y votantes independientes.
“Este tipo de discurso puede agradar al voto duro, que se identifica con su partido, pero castiga duramente al voto independiente, que es más exigente en cuanto a propuestas. Al no escuchar ideas claras, ese sector podría optar por no participar en las elecciones”, explica Soto.
Este clima de desilusión se suma a una realidad nacional caracterizada por problemas económicos, desempleo, migración forzada y crisis política. Todos estos factores, reflejados en el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, contrastan con la falta de propuestas sólidas por parte de los candidatos. En lugar de abordar los desafíos del país, muchos optan por el ataque personal y la confrontación, evidenciando un claro desinterés por el bienestar colectivo.
De acuerdo con el artículo 226 de la Ley Electoral de Honduras, la propaganda política está sujeta a al menos 15 prohibiciones específicas, cuyo incumplimiento puede conllevar sanciones de 20 a 100 salarios mínimos, además de posibles responsabilidades penales, pero hasta la fecha los entes responsables de garantizar un proceso electoral transparente y en paz como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral no han aplicado sanciones o emitido llamados de atención, según el monitoreo que hemos realizado desde Hora Cero.
Recientemente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 14 personas acusadas de defraudar la alcaldía de San Pedro Sula, al norte de Honduras, por más de 45 millones de lempiras. Entre los señalados figura Steve Fajardo, quien actualmente se encuentra prófugo y con orden de captura, y es yerno del alcalde de la ciudad, Roberto Contreras.
Más allá del reclamo legítimo por el cumplimiento del debido proceso, el caso ha sido aprovechado para avivar los discursos de odio, descalificación y confrontación política.
Por un lado, el propio alcalde Contreras ha afirmado que se trata de una persecución política, responsabilizando al partido de gobierno. “Libre nunca más. ¡Fuera narcos!”, ha expresado públicamente, refiriéndose al expresidente Manuel Zelaya como el “Chumpa Juca”. Sus palabras han sido replicadas por seguidores y simpatizantes, amplificando el mensaje en redes sociales y medios.
Desde el otro lado, el partido Libertad y Refundación (Libre) ha respondido en el mismo tono. Han llamado a Contreras “El Pollo Tonteras” y lo han acusado de corrupción, vínculos con el narcotráfico e ineficiencia en la gestión municipal. Estas expresiones también han sido promovidas por militantes y funcionarios públicos, elevando aún más el nivel del conflicto político.
Sin embargo, este tipo de enfrentamientos no son hechos aislados dentro del contexto de violencia política que atraviesa el país, y que ya arroja cifras preocupantes. Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se registraron 404 conflictos electorales y 109 incidentes de violencia política, según un informe reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El documento advierte sobre una escalada de violencia en un momento crítico, a pocas semanas de los comicios generales.
De acuerdo con la máxima casa de estudios, si la descalificación y el enfrentamiento continúan marcando el tono de la campaña, los datos podrían empeorar. En ese escenario, la apatía, el abstencionismo y la violencia podrían avanzar más rápido que la democracia misma.
