Hora Cero
junio 16, 2025
“Nuestro caso está politizado. No hay delito, lo que hemos hecho nada más es defender la tierra, defender la vida, defender la gente empobrecida de este país, pero aquí seguimos”. Estas fueron las palabras de Alejandro Henríquez, abogado, ambientalista y defensor de las comunidades a quien el sistema de justicia mantiene en prisión junto a José Ángel Pérez, pastor y líder comunitario, por los presuntos delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto. Ambos, junto a más de 150 personas, participaron de una protesta pacífica en las afueras de la Residencial Los Sueños, hogar Nayib Bukele y su familia, el 12 de mayo de este año, para pedirle al presidente que detuviera el desalojo de más de 300 familias que viven dentro de la Cooperativa el Bosque. Ese día, en lugar de ayuda, recibieron agresiones, empujones y detenciones por parte de fuerzas de seguridad.
Alejandro y José Ángel enfrentaron este 29 de octubre una audiencia de revisión de medidas cautelares. La defensa explicó que las condiciones que sostenían la detención provisional han cambiado y que se habían renovado todo el catálogo de arraigos que se presentaron al inicio del proceso. Pese a todos los esfuerzos, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla negó la petición de la defensa y confirmó la detención provisional.
“Este es un nefasto precedente para la vigencia de derechos fundamentales en el país y la manera en que funciona el sistema judicial. No podemos dejar de expresar nuestra profunda tristeza y decepción”, dijo Oswaldo Feusier, uno de los abogados de la defensa. Explicaron que la jueza estableció que los arraigos presentados aún eran insuficientes, a pesar de haberle presentado múltiples de arraigos.
Este mismo argumento utilizó la jueza durante la primera audiencia de presentación de requerimientos fiscales, donde desacreditó los arraigos de ambos, las más de 12 referencias laborales, referencias de instituciones nacionales e internacionales y títulos académicos de Alejandro, así como los arraigos familiares y con la iglesia de José Ángel. En aquel momento, Feusier declaró que la jueza “ni siquiera nos volteó a ver” durante dicha audiencia.
Además, informaron que la Fiscalía no ha realizado ninguna de las diligencias que se ha solicitado por la defensa técnica. Luis Rivera, abogado de la defensa, dijo que es claro que las motivaciones en este caso son políticas, ya que los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva son delitos comunes. “No son delitos graves y aun así, después de toda la prueba de descargo, siguen detenidos”.
Las y los abogados explicaron que apelarán esta decisión de la jueza, la cual presentarán 5 días después de haber recibido en firme esta decisión. Se espera que la audiencia preliminar se realice en enero de 2026.
Los abogados y abogadas señalaron que los defensores detenidos se encuentran con daños en su salud. En el caso de Alejandro, presenta lesiones por hongos debido a las condiciones de insalubridad del Centro Penal La Esperanza, donde están recluidos. Mientras que José Ángel ha perdido la audición en uno de sus oídos.
“Están diciendo que no tienen acceso a medicinas y a doctores que les puedan atender. El pastor Ángel nos mencionó que en tres ocasiones ha solicitado que se le dé atención médica por un problema que tiene en su oído. Tuvo una fiebre muy fuerte al llegar al penal y ahora ha perdido totalmente la audición en uno de sus oídos”, explicó Evelyn de Guely, abogada de la defensa.
También relataron que solo pudieron conversar con ellos durante las audiencias y tampoco han tenido contacto con sus familiares, pese a que se han presentado solicitudes por parte de abogados y la familia. Sin embargo, la jueza dio unos minutos durante la audiencia para que Alejandro y José Ángel pudieran conversar con sus familiares.
El equipo de abogados enfatizó su compromiso con el caso. “Vamos a seguir insistiendo que se hagan todas las diligencias y vamos a seguir pidiendo que se dé un tratamiento ajustado a la Constitución, al derecho nacional e internacional que es algo que no han recibido el pastor y Alejandro”.
El caso ha trascendido a nivel internacional. Hace un mes, Human Rights Watch declaró que las detenciones de ambos líderes son arbitrarias.
“HRW revisó 16 videos grabados antes, durante y después de la protesta y del arresto de Pérez, así como fotografías, publicaciones en redes sociales y documentos judiciales. Las imágenes muestran a miembros de la comunidad reunidos pacíficamente en un amplio boulevard, similar a un parque, ubicado en medio de la carretera C-A4. Los videos también evidencian que Pérez no incurrió en conductas violentas, intimidatorias o amenazantes al momento de su detención, a diferencia de lo que sostuvieron los fiscales”, explicaron en su comunicado.
Además, recordaron que El Salvador es un Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe restricciones a la libertad de reunión pacífica.
La Relatora de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó en su cuenta de X que seguiría de cerca la audiencia en contra de Alejandro y José. “Permanecen incomunicados desde mayo. Reitero mi llamado para que sean puestos en libertad y se retiren los cargos en su contra @cancilleríasv”, escribió.
Previo a la audiencia, Aministía Internacional exigió la liberación de los líderes y manifestó su profunda preocupación por las violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de detención a las que han sido sometidos.
“La criminalización de defensores de derechos humanos comunitarios no solo vulnera los derechos de las personas detenidas, sino que pretende enviar un mensaje de miedo e intimidación a todas las personas que exigen justicia y defienden el territorio en El Salvador. Esto debe terminar ya”, concluyó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Alejandro, José Ángel y Ruth López fueron declarados por Amnistía como presos de conciencia, ya que sus detenciones forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública.
“El recrudecimiento de este patrón es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, afirmó Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.
El conteo de personas defensoras de derechos humanos detenidas en ambos periodos de Nayib Bukele, monitoreado por organizaciones sociales salvadoreñas y revelado por la Organización Mundial Contra la Tortura, registra 34 detenciones políticas hasta 2024, y 533 casos de agresión contra personas y colectivos de derechos humanos. Este organismo dijo que el país se encuentra entre los seis a nivel mundial con riesgo muy alto de tortura.
