El Salvador cerró el mes de julio 2023 con la canasta básica más alta de su historia, solo por debajo de Nicaragua, según informaron organizaciones populares en este país, llegando a $255 para el área urbana y $193.98 para el área rural. Además, denunciaron que 1.8 millones de personas en pobreza extrema no alcanzarán a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) ni la Canasta Básica Alimentaria Ampliada. 

Para el mes de septiembre, la CBA en Guatemala cerró con Q3,825 y la canasta vital en Q8,831, según datos de el Instituto Nacional de Estadísticas; mientras que la Dirección de Protección al Consumidor de Honduras informó que las y los hondureños gastan apróximadamente L 2,300 en la CBA. Cabe resaltar que Honduras y El Salvador tienen el salario mínimo más bajo de Centroamérica, con $331 y $365 respectivamente, según el Banco Mundial. 

Adalberto Blanco es miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria en El Salvador, un espacio que aglutina a más de 32 organizaciones que ponen en alta voz la urgencia de políticas públicas ante la crisis alimentaria en este país y el resto de Centroamérica. Para explicar esta situación la región, Blanco expresa que vivimos en una zona “multiamenaza”, es decir, que se ve afectada por diferentes fenómenos internos y externos que ponen en riesgo la alimentación de la población, por ejemplo, tormentas, terremotos, huracanes, crisis económica y sociopolíticas. 

“Pero también tiene que ver con el modelo de desarrollo de la región,  tenemos un modelo que no crea condiciones para enfrentar estas amenazas, que ya sabemos que existen. Luego, por país, tenemos una serie de particularidades: Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica, es decir que hay una población que tiene grandes privilegios contra otra que tiene muy poco acceso a derechos. Entonces hay situaciones de hambrunas y de desnutrición. En el caso de El Salvador, somos un país altamente dependiente de alimentos exportados y esta es una condición histórica”, expresó.

Blanco afirma que, para el caso de El Salvador, esta condición histórica responde a los programas neoliberales de ajuste estructural implementados en las décadas de los 80 y 90, que dejaron débiles las instituciones de apoyo al agro. Además, la apuesta por un modelo de producción a base de maquilas y los Tratados de Libre Comercio firmados en en los años 2000, dejaron a la agricultura en total abandono. En la actualidad, asegura, el gobierno fomenta la importación de alimentos con la aprobación de la Ley de Comercialización Agropecuaria, que también busca destinar tierras y recursos para la producción de agrocombustibles, mientras que se reduce la producción de alimentos y la entrega de paquetes agrícolas a pequeños y pequeñas productoras. 

Con los bloqueos de fronteras debido a la situación sociopolítica en Guatemala, que ha generado una serie de protestas, ha sido evidente el desabastecimiento de verduras y granos básicos en este país, afirma Blanco. “Actualmente, la situación de Guatemala ha desnudado las falencias en el tema alimentario en El Salvador. Las ha hecho públicas, las muestra tal como son, es decir, El Salvador es incapaz de alimentar a su propia población. Estamos hablando de precios exorbitantes y desabastecimiento en mercados nacionales”.

Wendy Cruz, coordinadora ejecutiva de la Vía Campesina de Honduras, coincide con Blanco en que la inseguridad alimentaria es un problema estructural. “Centroamérica tiene un modelo de producción exportador y no un modelo de producción de incentivo a la pequeña y mediana agricultura. Según datos del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), en Honduras vivimos todos los años una inseguridad alimentaria estacionaria, en los meses de mayo a agosto de cada año. Es una situación que se ha naturalizado. Hay un abandono total del agro en la región y esa es una de las causas”, acotó. 

Para las y los campesinos en Honduras, producir en ese país “es más un tema de identidad que un tema de incentivos”, explica Cruz, ya que los pequeños agricultores son asfixiados por cadenas grandes de agroindustrias, que impactan directamente en los precios de la CBA. Para la representante de la Vía Campesina, la alimentación no es un negocio, es un derecho que deben asegurar los Estados. 

“Pero en nuestros países de la región centroamericana en vez de desarrollar el campo lo que están haciendo son expulsiones. Nosotros les decimos ‘migraciones forzadas’ de nuestra gente, por todo el acaparamiento de tierra y por los conflictos ambientales que tenemos en los territorios. En Honduras se registra que sólo el 12.5% de las personas que viven en el área rural pueden tener acceso a un empleo, y aparte, sin paga digna. Entonces es un problema estructural que estamos viviendo a nivel del mundo, pero especialmente los países de América Latina que somos los más desiguales, los que tenemos los más niveles de pobreza, pero también (la pobreza) está vinculada a la concentración de la riqueza de los bienes productivos”, expresó.

Adalberto Blanco considera que la inseguridad alimentaria debería ser un problema de seguridad nacional, “porque no son solo afectaciones en el momento, son afectaciones en el futuro. Los niños y las niñas que están en una situación de poco acceso a alimentos, van a tener problemas de aprendizaje, problemas de crecimiento y, en el caso de las personas adultas, se genera migración”, dijo. Sin embargo, lamenta que no existan políticas públicas que incentiven la producción de alimentos y que la actual administración del gobierno, liderada por Nayib Bukele, prefiera invertir “en bitcoin y en Miss Universo”.