Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Consuelo Porras Argueta es la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala. Llegó al cargo en 2018, tras ser electa por el expresidente Jimmy Morales, y cuatro años después logró una polémica reelección, con el empujón del entonces presidente Alejandro Giammattei. Desde su inicio puso a andar una iniciativa punitiva hacia los sectores anticorrupción, que la han convertido en un personaje antidemocrático.
Porras nació en Chimaltenango en 1953, un departamento a 54 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Estudió para ser Abogada y Notaria en la única universidad pública del país, la Universidad de San Carlos (USAC), tiene una maestría en Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional, y estudios de doctorado en la Universidad Mariano Gálvez. En el ámbito privado, es propietaria de un colegio ubicado en Mixco, municipio limítrofe a la Ciudad.
Sus inicios como funcionaria sucedieron en la Secretaría de Bienestar Social, en 1973, como maestra y directora del Hogar Temporal Elisa Martínez. Luego trabajó en el Ministerio de Educación, fue jefa de personal en la Tipografía Nacional y luego entró al sector justicia por la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia.
En 2021 fue acusada de haber cometido plagio en su tesis doctoral, cuando buscaba ser reelecta para un segundo período al frente del MP. Ante los señalamientos, Porras negó todo a pesar de que en su CV aseguraba haber terminado su doctorado un año después de haber concluido la maestría. También fue incluida por Estados Unidos en la lista Engel, que identifica a actores antidemocráticos de Centroamérica, y desarticuló la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que había judicializado a actores corruptos y estructuras de defraudación. Acusados como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el ex binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, implicados en defraudación aduanera, fueron beneficiados con fianzas y libertades condicionadas, sin oposición del MP de Consuelo Porras.
Sin embargo, las tachas no significaron un peso para que su postulación fuera bien recibida y que se le calificara como la mejor preparada para estar frente al MP. Una designación prácticamente a dedo, que la convirtió en la primera persona en ser reelecta para dirigir esa institución.
En 2018, cuando su trayectoria en el Organismo Judicial le permitió optar al cargo de fiscal general del MP, postuló por primera vez. La Comisión de Postulación, conformada por los diferentes rectores de las Facultades de Derecho del país y dos miembros del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), la eligieron en la nómina de seis candidatos enviados al Presidente.
En ese proceso, resultó electa por el expresidente Morales. Su continuidad para un segundo periodo fue atropellada, en comparación a la primera elección, pues no había sido seleccionada por la Comisión, y la Corte de Constitucionalidad (CC) exigió que fuera electa por tener mayor puntuación en las categorías de estudios y trayectoria. La reelección fue firmada por Giammattei.
Durante su gestión, Porras se ha caracterizado por instrumentalizar al MP para proteger aliados políticos de una alianza llamada “Pacto de Corruptos”, conformada por exfuncionarios, sectores de la clase política, la élite empresarial, jueces, magistrados y estructuras del crimen organizado, que procuran la impunidad y el control del Estado. Además, Porras ha restado importancia a la investigación de denuncias ciudadanas, tanto que, según datos recopilados por Plaza Pública, entre 2019 y 2023 fueron archivadas más de 700 mil denuncias y solo el 4.28% llegaron a juicio.
En contraposición, el MP ha buscado criminalizar a decenas de opositores como el periodista José Rubén Zamora, el líder indígena Luis Pacheco, la exjueza Ericka Aifán o el ex procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lo cual ha tensionado profundamente la relación con el sistema democrático. Según datos.
Actualmente, Guatemala atraviesa varios procesos de elecciones que representan una ventana para fortalecer la democracia. En marzo se terminan de definir quiénes serán los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la CC. En abril se designa a la persona a cargo del MP y en mayo se llevarán a cabo las elecciones para definir al rector de la USAC. En el segundo semestre también se elegirá la dirección de la Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala, el Contralor General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Estoy atento a las elecciones del país. Aunque esté fuera, mi trabajo en favor de la democracia continúa… hemos conformado el colectivo Voces Guatemaltecas en el Exilio para fiscalizar e informar a la ciudadanía sobre las postulaciones”, cuenta Rodas desde su exilio en España. Rodas fue procurador en el período 2017-2022, y buscó ser candidato a rector de la USAC en 2022 y candidato a la Vicepresidencia en 2023. Sin embargo, sus dos participaciones fueron bloqueadas por distintos sectores “como estrategia política”, asegura. Sobre el tema, el MP mantiene su expediente de investigación bajo reserva desde el año 2023. “La decisión de archivar casos les conviene para que unos no podamos ser declarados inocentes y a otros no les demuestren su culpabilidad”, explica.
El MP de Consuelo Porras ha archivado denuncias e investigaciones como el de la excandidata presidencial Sandra Torres, quien fue señalada por financiamiento electoral ilícito, el del expresidente Alejandro Giammattei por recibir sobornos durante la pandemia por covid-19, y de instituciones privadas que han violentado a defensores de derechos humanos como la Fundación contra el Terrorismo.
En paralelo, Porras inició una persecución contra el partido Movimiento Semilla, y contra el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, intentando despojarlos de su inmunidad para que no tomaran posesión de la Presidencia en 2024.
Sin embargo, su control no ha sido fácil. A lo largo de su gestión, su posición ha «temblado» ante masivas movilizaciones sociales como el Paro Nacional de 2023, que demandó su renuncia a través de una coalición diversa liderada por autoridades indígenas (48 Cantones de Totonicapán, alcaldías de Sololá y Nebaj, Parlamento Xinka), estudiantes de la USAC, comunidades rurales y organismos internacionales. También ha recibido sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción y obstrucción de la justicia.
Feliciana Herrera, quien en 2023 lideró el Paro Nacional como alcaldesa indígena del Pueblo Ixil, de Nebaj, considera importante que Consuelo Porras deje el puesto ahora en 2026. “Es lamentable que estén valorando el expediente de Porras, cuando es evidente que no es digna para continuar en el cargo… cada tanto hay nuevos señalamientos hacia ella”, asegura.
De hecho, el 17 de febrero de este año, la Organización de Naciones Unidas solicitó al Gobierno de Guatemala la investigación de Consuelo Porras tras recibir información sobre al menos 80 niñas y niños indígenas que fueron internados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, que Porras dirigió en 1982, por su posible implicancia en adopciones ilegales.
Sin embargo, Consuelo se ha mantenido en pie por un sólido entramado de alianzas que incluye a magistrados de la CC, trabajadores del sistema judicial vinculados a la impunidad, representantes del CANG, y comisionados específicos, como los decanos de algunas universidades.
Sobre la tercera postulación de Porras para dirigir el MP, que ocurre ahora, el presidente Bernardo Arévalo ha dicho que se trata de un intento de «golpe de Estado» y tildó la acción de «burla al pueblo» por su intención de perpetuarse en el poder. Arévalo aseguró en conferencia de prensa que aunque la Comisión la incluya en la nómina de candidatos, no hay forma en que ella resulte electa.
“Lo que vemos en la Comisión de Postulación es que Consuelo Porras está buscando los mecanismos para mantener su inmunidad, y así evitar ser investigada”, asegura Manfredo Marroquín, abogado director de la organización Acción Ciudadana, quien dice que aunque la decisión la tenga Arévalo, no podría evitar que el actual sistema beneficie a los aliados de Porras.
Incluso, Marroquín dice que “la misma CC podría ayudar a Consuelo a que, al ser admitida su postulación, y aunque no sea admitida, ella pueda judicializar su proceso. Es decir, amparar las decisiones de la Comisión de Postulación y procurarse impunidad por otro tiempo más, mientras se resuelve”.
Para blindarse ante posibles procesos judiciales, Porras ya buscó migrar hacia la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031, un cargo que le otorgaba inmunidad, pero allí no recibió ningún voto para ser electa. “Esa fue la respuesta a un clamor ciudadano de que Consuelo Porras no puede ocupar más los cargos del Estado”, aseguró el diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, José Chic.
Marroquín, sin embargo, dice que el sistema no puede bajar la guardia. En ocasiones anteriores se han utilizado amparos ante la CC para forzar su inclusión en listas de candidatos, lo cual se podría repetir, alegando que se debe privilegiar la puntuación técnica (donde ella destaca por años de ejercicio) sobre la honorabilidad.
Por el contrario, si Porras pierde su inmunidad, podría enfrentar cargos graves que van desde la obstrucción de la justicia y abuso de autoridad, hasta las investigaciones en contra de los personajes políticos, civiles y privados que la han sostenido en el poder. Los grupos «político-criminales» que ella ha protegido tienen altos incentivos para mantener este blindaje y asegurar que el sector justicia siga cooptado.
El momento definitorio actual es la conformación de las nóminas por parte de las Comisiones de Postulación, donde existe una lucha interna por el sistema de calificación. Las organizaciones de sociedad civil y Bernardo Arévalo han denunciado que se busca «manipular la tabla de gradación» para favorecer la permanencia sobre la integridad. Marroquín agrega que la tabla de puntuación actual no permite que la juventud participe al privilegiar la antigüedad burocrática de un sistema que ha estado a cargo de Porras en los últimos ocho años, lo cual “no evalúa calidad, evalúa supervivencia en el sistema”.
La tensión opera dentro de una Comisión dividida entre quienes se resisten a beneficiar a un sector y quienes lo impulsan, mientras que en el Congreso se busca investigar la gestión de Porras, donde también hay diputados que presionan para mantener la impunidad o cerrarle las puertas al crimen organizado.
Chic, quien es diputado del partido opositor VOS, y mantiene una corriente central-progresista, ha solicitado la creación en el Congreso de una Comisión de la Verdad para investigar las supuestas adopciones ilegales que denuncia la ONU. “Porras está siendo investigada y en su cinismo y descaro, trasladó su propio expediente a la fiscalía de Leonor Morales, que es su aliada incondicional… por eso es necesario presionar”, asegura. Morales dirige la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas e hizo público que el caso ha sido puesto bajo reserva, “con el objeto de resguardar la información”.
Estas estrategias hacen que la popularidad de Porras decaiga ante la ciudadanía. En 2023, el proyecto de periodistas internacionales: Organización de Denuncia contra la Corrupción y del Crimen Organizado (OCCRP, por su nombre en inglés) la nombró como personaje corrupto del año.
“Este cambio en el Ministerio Público lo esperamos desde hace años”, dice Rodas, quien salió de Guatemala en 2022 y asegura que Consuelo Porras está cada vez más cerca de enfrentar la justicia y sin muchas más opciones, aunque no ignora que aún hay poder del lado de la fiscal.
Herrera también es optimista. “Estas elecciones son cruciales. Quienes han sido víctimas de esta corrupción del sistema, sean activistas, defensores del territorio, periodistas, han tenido que callar o exiliarse, por eso muchos esperamos este cambio. Es lamentable que estén valorando el expediente de Porras, es evidente que no es digna para continuar en el cargo”. Asegura que las movilizaciones y protestas han abierto brechas en la sociedad. “Hay consciencia de que la impunidad en los casos judiciales existe y por eso la población no tiene que apartarse de las acciones políticas. El presidente Arévalo debe actuar en este momento que es clave para la democracia”, dice.
Los guatemaltecos en el exilio y la comunidad internacional ven en este ciclo electoral como una última oportunidad para recuperar la independencia judicial en Guatemala. Así lo analiza Rodas, quien espera que estas elecciones puedan marcar un paso contundente en el rumbo democrático de Guatemala.
La sociedad civil mantiene la vigilancia constante, con la meta de evitar un quiebre constitucional y asegurar que las nuevas autoridades del MP y la CC no sostengan la balanza de la justicia hacia un solo lado de los intereses.
