Krissia Girón
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Corrupción, amenazas a la vida y resistencia de las comunidades: La historia de la Mina Cerro Blanco
Maldito País
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Para la naturaleza no hay fronteras, afirman las y los ambientalistas cuando se habla de proyectos extractivistas que amenazan la vida de los territorios, como el caso de la Mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 km de la frontera con El Salvador. Algo que une ambos países es el agua de los afluentes que dan vida al Lago de Güija y al río Lempa, los cuales están en peligro. El proyecto Cerro Blanco amenaza la vida de la población de Asunción Mita y de casi 5 millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras. La historia de este proyecto y su aprobación en territorio guatemalteco es turbulenta, llena de corrupción, tráfico de influencias, empresas con pasados oscuros y manipulación.
La empresa Entre Mares de Guatemala S.A inició el proceso de exploración en Asunción Mita en 1997. Para el 2005, comenzó con los trámites de solicitud de explotación del proyecto minero Cerro Blanco. Entre Mares fue fundada por el ingeniero venezolano Pedro Rafael García Varela y el empresario canadiense Simon Thomas Ridgway. La empresa es subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc, compañía que en 2010 fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por graves consecuencias para la vida, la integridad personal, el medio ambiente y los bienes del pueblo indígena maya, en San Miguel Ixtahuacán y Sicapa,y en San Marcos, a causa del proyecto minero Marlin. La CIDH ordenó el cierre de dicha mina.
Por su parte, Ridgway es conocido por ser un operador empresarial y minero que tiene un historial de casi 30 años en Guatemala. El Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) de Guatemala le dedica todo un documento para analizar la huella de este empresario en la historia extractiva de este país. Ahí, se indica que Ridgway, durante los últimos 30 años, ha irrespetado las leyes, sus empresas violan derechos humanos y causan un daño ambiental enorme. El documento también afirma que el empresario canadiense opera a través de diferentes “lugartenientes” que utiliza para dirigir sus empresas, uno de ellos es Pedro Rafael Varela, el otro fundador de Entre Mares, a quien el documento identifica como “vicepresidente en todas sus empresas, operador político y ‘lobbyist’ en diferentes países en latinoamérica”.
En 2007, Entre Mares presenta el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN), en los tiempos de acuerdo a la ley. Sin embargo, el estudio contiene grandes vicios, descripciones vagas y vacíos que podrían haber detenido el proceso de aprobación, así lo explicó Benjamin Chang, del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE). Para Chang, dentro del EIA del 2007 no están descritas las instalaciones, los depósitos de desechos, la generación eléctrica, ni siquiera las características de la roca que pretenden extraer.
“No hablan acerca de qué va a pasar con todo el cianuro de sodio que van a utilizar para refinar el oro, el circuito químico que utilizan para limpiar el residuo que estás sacando. No tenían un plan de emergencia en caso de un sismo, siendo Guatemala un territorio sísmico y siendo esta una mina subterránea. No había líneas bases de agua, de flora y de fauna, de ruido, de polvo, todo eso faltaba. Menciona que ‘tendrá la escombrera una capa de óxido’, ¿óxido de qué? No se contempló la vibración producida por las voladuras, eso no está explicado, tampoco están bien descritas las descargas de agua y los impactos que van a tener. Por último, concluyen que las amenazas ambientales serán escasas, ¿por qué?, porque sí. Leer este documento lo deja a uno atónito en cuanto a todo lo que falta”.
Entre los errores observados en el plan están la falta de evaluación de potenciales problemas ambientales, falta de detalle en potenciales reacciones químicas con el agua geotérmica y falta de planes de seguridad en caso de derrames/accidentes. Con estos y otros vicios, el estudio se presentó ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala (MARN), quienes lo aceptaron y enviaron al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para sus comentarios. El MEM observó todas las falencias del estudio y lo devolvió al MARN, quienes lo sellaron y aprobaron el 17 de septiembre de 2007.
Benjamin Chang explica que la falta de seguimiento al cumplimiento de observaciones en un EIA es común en Guatemala. “En vez de exigir que eso se solvente para otorgar la licencia, se les da la licencia y entre los compromisos está que lo van a entregar después so pena de perder la licencia ambiental. Sin licencia ambiental no hay licencia minera. Pero, como no hay cumplimiento ni seguimiento, entonces nunca revisan y no importa. Hay un caso en el territorio chortí, en Chiquimula, donde hay una mina que la empresa no entregó nada del cumplimiento ambiental. Cuando el MEM les hizo la inspección, vieron el EIA y le dijeron a la señora dueña de la mina ‘fíjese que usted no entregó esta línea base, ni esta y la tuvo que haber entregado hace más de 8 años’. La señora dijo ‘es que se me acabó el dinero y por eso no lo hice’. Es decir, le confesó a la policía que no cumplió y esto está documentado en el expediente, Aún así, no le quitaron la licencia. Estas son falencias administrativas que el mismo Estado tiene que hacer valer. Si el Estado no la hace valer, ni siquiera los mismos pueblos pueden exigir que se haga el cumplimiento ambiental, lo cual es absurdo”.
El truco de las puertas giratorias
La mina se aprobó bajo el mando de Alfredo Galvez Sinibaldi, quien fungió como director general de Minería entre 2005 y 2008. Sinibaldi es un caso que el OIE ha catalogado como “puerta giratoria” entre el Estado y la empresa privada. El concepto de puerta giratoria o “revolving door” como se le conoce en la academia norteamericana, se refiere al flujo de personas que ocupan altos cargos en el sector público y en el sector privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales. Este fenómeno provoca evidentes conflictos de intereses, ya que se dan situaciones en las que los intereses privados de un alto cargo de la administración afectan a sus responsabilidades y tareas como parte del cuerpo público. Por otro lado, se produce la identificación de los intereses públicos con los de las grandes transnacionales, lo que conduce a políticas que favorecen el poder de estas corporaciones.
Por ejemplo, Sinibaldi también ha tenido cargos como asesor del director general de hidrocarburos y del ministro del MEM, director general de hidrocarburos y viceministro de Energía y Minas. Además, entre los años 2009 y 2017, mientras no tenía un cargo dentro del Estado, fungió como gerente general de Nichromet Extraction (que tiene proyectos de extracción de níquel), gerente general y representante legal de Montana Exploradora de Guatemala S.A. (proyectos de oro, plata y níquel), presidente de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) y representante legal de Entre Mares S.A. en 2016 (Cerro Blanco).
La primera inspección realizada a la mina Cerro Blanco fue en 2015, cuando Sinibaldi era viceministro de Energía y Minas. La inspección descubrió que la mina no había realizado labores de extracción desde el año en que se otorgó la licencia minera. Según el artículo 53 literal d) de la Ley de Minería, el MEM puede declarar caducidad del derecho minero cuando no se inicien los trabajos de explotación en los siguientes 12 meses después del otorgamiento de la licencia. Por ello, en esa inspección, el ministerio ordenó a la empresa presentar un plan de cierre de la mina.
Luis González, director de Incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) explica que uno de los factores por los cuales la empresa no logró realizar extracciones en sus primeros años fue por el hallazgo de aguas termales que inundaron los túneles de la mina. “Estaba constantemente inundando por esta agua termal que era evacuada a una quebrada que desemboca en el río Ostúa, el cual desemboca en el lago de Güija, que por medio del río de desagüe contamina o afectaría la cuenca del río Lempa. Ya en este momento de exploración o prospección de la mina, habían cantidades importantes de metales pesados que se liberaban y que iban a parar a la cuenca del río Lempa sin que hubiera explotación”.
Entre Mares envió un recurso ante el Ministerio de Energía y Minas solicitando que la licencia de la mina no fuera cerrada, bajo el argumento de que la Dirección General de Minas había “violado el debido proceso administrativo” y “excedido sus facultades” sin verificar información.
Luego de esta apelación, se realiza una nueva inspección en junio de 2015 donde el MEM “sí reporta trabajos de extracción”, por lo que deja sin efecto la solicitud de caducidad del proyecto. Exactamente un año después, en junio de 2016, Alfredo Galvez Sinibaldi, quien en 2015 era viceministro de Energía y Minas, fue nombrado como gerente general de Entre Mares S.A. Actualmente es el representante legal de esta empresa dueña del proyecto minero que él mismo aprobó en sus años con diferentes cargos en el MEM.
En enero de 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa de capital de alto riesgo Bluestone Resources. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en el mercado de acciones de Toronto, Canadá, alcanzando un capital de 94 millones de dólares canadienses, según el último reporte financiero emitido por la empresa en septiembre de 2020. Bluestone Resources es subsidiaria de Lundin Group, un conglomerado de empresas dedicadas al extractivismo minero, petrolero, entre otros, en diferentes países del mundo. Manejado por la familia Lundin, sus proyectos han sido caracterizados por generar conflictos sociales en las comunidades. En 2010, la organización PAX para la Coalición Europea sobre el Petróleo en Sudán (ECOS), publicó un informe donde denuncia a los miembros del Consorcio Lundin por haber sido cómplices en la comisión de crímenes internacionales en Sudán entre 1999 y 2003.
Recientemente, la 3era generación de los Lundin asumió el control del conglomerado Lundin Group, con activos que superan los 16 millones de dólares.
Bluestone propuso convertir la mina Cerro Blanco en un proyecto a cielo abierto. A partir de este cambio, la nueva empresa realizó una actualización del Estudio de Impacto Ambiental que fue presentado hasta el año 2023. Un año antes, el 18 de septiembre de 2022 se llevó a cabo una consulta municipal en Asunción Mita, para determinar el apoyo o rechazo a proyectos de minería metálica en el municipio. Según el documento “El Legado Extractivo de Giammattei”, -que evidencia las influencias y operaciones de la industria extractiva durante el gobierno de Alejandro Giammattei-, antes y después de la votación fueron presentadas amparos y otros recursos por parte de representantes de Elevar Resources, subsidiaria de Bluestone Resources, para desvalidar la consulta municipal.
La consulta requería la participación del 20 % de los vecinos empadronados para obtener resultados vinculantes. En Asunción Mita, con 30,994 votantes empadronados, votaron 8,490 personas (27% del padrón), con 904 votos a favor, 7,475 en contra, 105 nulos y 13 en blanco. Además de los recursos legales, Bluestone recurrió a la estigmatización de opositores y campañas de acoso. Tras la victoria del “no” a la mina, el MEM anunció que no reconocerá los resultados y que el evento carece de fundamento legal, considerando que es un tema de competencia del Gobierno Central y confirmando la verticalidad en la toma de decisiones sobre los territorios y espacios locales.
Luego de presentar la actualización del EIA, Bluestone Resources anunció que el estudio fue aprobado por el MARN el 9 de enero de 2024, en la última semana laboral de los funcionarios del gobierno de Giammattei, por lo que informaron la activación de la mina a cielo abierto. Un anuncio que encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas, activistas y comunidades que han estado en resistencia contra este proyecto extractivista.
En 2013, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, publicó un informe denominado “Informe especial sobre el Proyecto Minero Cerro Blanco y las Potenciales Vulneraciones a Derechos Humanos en la población salvadoreña”. Posteriormente, en 2019, se publica el libro “Impacto de la mina Transfronteriza Cerro Blanco en el Agua y la Salud para El Salvador”, realizado por la bióloga salvadoreña Cidia Cortés y la Mesa Nacional frente a la Minería (MNFM). Ambos estudios concluyen que, aunque la minera no ha iniciado sus operaciones extractivas propiamente, ha generado una situación de alarma para el agua salvadoreña, ya que diversos estudios encontraron altos niveles de arsénico en el río Ostúa, del lado de El Salvador, lo que impacta no solo al Lago de Güija, donde desemboca, sino también al río Lempa, el más grande del país y que abastece de agua potable a 1.5 millones de personas del Área Metropolitana de San Salvador, provee el 28% de la demanda energética nacional y donde viven 3.8 millones de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, que utilizan sus cuencas para la siembra y la pesca.
Luís González, de UNES, explica que la liberación de metales pesados impactaría la vida de humanos, animales y biodiversidad de los tres países, además de afectar la recarga hídrica del río más importante de El Salvador. “Los metales pesados son bio acumulantes, es decir, se van a regar por los bienes hídricos en el país, pero si estas aguas se utiliza para regar cultivos como maíz, frijol, hortalizas, estos metales pesados se van a fijar en el tejido blando de estos alimentos, a su vez está agua es consumida por ganado, por gallinas y especies menores que también van a parar en algún momento al consumo del ser humano. Creo que es un tema importante el cual tenemos que poner atención y que las autoridades deberían generar nuevas políticas públicas y aplicar las que ya existen, darle seguimiento a negociaciones diplomáticas con Guatemala y con Honduras para poder manejar integral y sustentablemente las cuencas fronterizas”.
Para el Observatorio, aprobar la creación de una mina a cielo abierto y un espacio de relaves tóxicos del procesamiento del oro, que deja grandes cantidades de desechos en una zona vulnerable al deslave de ríos, es un grave riesgo para las aguas transfronterizas. La mina a cielo abierto implicaría la tala de 461 hectáreas de bosque, lo que implica la pérdida del habitat y la reducción de la conectividad con el resto del bosque. La actualización del EIA plantea un proyecto minero de 15 a 16 años, extrayendo más de 54.4 millones de toneladas de mineral, además de generar desechos de hasta 144 millones de roca esteril.
El Gobierno de Guatemala, bajo la administración de Bernardo Arévalo, ha afirmado que si bien el Estudio de Impacto Ambiental ha sido aprobado, no implica que la mina deba activarse, ya que el cambio de modalidad aún se encuentra en estudio. Por su parte, el MARN informó que han solicitado una auditoría al expediente, a la vez que realizó una inspección donde corroboró que la mina aún no se encuentra activa. Además, la diputada de Semilla y, desde este 11 de abril, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, ha sostenido diversas reuniones para abordar la situación de Cerro Blanco desde la perspectiva de las organizaciones ambientalistas.
Lo cierto es que Guatemala tiene el enorme reto de eliminar las fuerzas dentro del aparataje del Estado que pretenden impulsar este y otros proyectos extractivistas, favoreciendo intereses particulares. Entre líneas se ha hablado de una posible moratoria minera y otras acciones para detener algunos proyectos. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que no habrá justicia para los pueblos mientras no se apliquen medidas de reparación para las comunidades y la naturaleza, y se continúen aprobando mega proyectos que destruyan los territorios. Porque lo que sucede en Guatemala, en El Salvador o en Honduras, afecta a toda la región. “Para la naturaleza no hay fronteras”.
Krissia Girón
Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.
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