Desde 2023 la crueldad y la violencia extrema en Palestina se hizo todavía más cotidiana. El 7 de octubre de ese año Israel emprendió una escalada genocida. Se trata de una serie de acciones que no solo tienen que ver con ataques letales -bombardeos, agresiones dirigidas con drones e invasión militar terrestre- sino también con políticas que atentan contra la vida: cortes de abastecimiento de agua y electricidad, la negación sistemática de entrada de ayuda humanitaria o bienes básicos como alimentos y medicamentos. La comunidad internacional ha sido clave en este genocidio, no sólo por no accionar directamente contra Israel -salvo pequeñas excepciones como Colombia- sino por sostener relaciones políticas, económicas y comerciales con los genocidas. Tal es el caso de Costa Rica, donde el pasado lunes 8 de diciembre se firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel en medio de su avanzada genocida. Así, el gobierno costarricense pasa por encima de los principios de su política exterior respecto a la -supuesta- neutralidad, la defensa de la paz y los derechos humanos.

Israel ha despreciado, humillado y asesinado masivamente de formas crueles al pueblo palestino. Sin embargo, las y los palestinos siguen en pie, resguardando sus vidas, su territorio y cosmovisión. Sobreviviendo incluso por el supuesto “Plan de Paz”, propuesto por sus principales verdugos: Benjamín Netanyahu -primer ministro de Israel- y Donald Trump -presidente estadounidense-. Para el 14 de noviembre del 2025, el Ministerio de Salud de Gaza indicó que alrededor de 69.182 personas han sido asesinadas; más de la mitad son mujeres e infancias. Cifra que no deja de ser un aproximado pues, aún no hay claridad de la cantidad de personas bajo los escombros y los ataques israelíes continuaron. Lo que sí queda claro: es un genocidio, no una guerra. Costa Rica y los otros Estados que mantienen sus relaciones con Israel -y las profundizan- son cómplices del exterminio del pueblo palestino. 

Este exterminio no es exclusivo de la escalada genocida iniciada en 2023. Todo lo contrario, el sionismo desde antes de la partición de Palestina emprendía prácticas que afectaban la integridad territorial, política y material del pueblo palestino. Van 77 años de genocidio a cuenta gotas. Historia que se enlaza con procesos de opresión y guerra en Centroamérica. En la región centroamericana Israel ha entrenado Fuerzas Armadas, proporcionó armas a Anastacio Somoza cuando Jimmy Carter dejó de aportar las estadounidenses, modernizó la Fuerza Aérea salvadoreña y un largo etcétera. Según un artículo del analista Fernando Cordero, Israel utiliza la ruta armamentista para afianzar sus relaciones diplomáticas y con ello, el respaldo a su política genocida que aporta el know how a su industria militar; altamente exportable. 

Diferentes organizaciones de la sociedad civil palestina emprendieron la campaña de “Boycot, Desinversión y Sanciones” (BDS) contra Israel desde 2006. Campaña que con los años fue transformándose en una organización internacional, inspirada en los movimientos políticos contra el apartheid en Sudáfrica y que promueve distintas acciones que interrumpan el consumo o ganancias de empresas israelís o extranjeras que apoyan el exterminio del pueblo palestino. El llamado a accionar también está dirigido a los Estados para que interrumpan toda negociación con un ente que sobrevive a partir de la violencia extrema en Palestina y que también emprende agresiones contra el mundo árabe en general. En este contexto, BDS se ha pronunciado contra el TLC entre Costa Rica e Israel: “Todos los acuerdos de libre comercio con Israel, por definición, ayudan a mantener el crimen de lesa humanidad del apartheid, así como su ocupación”. Además, las agresiones al pueblo palestino se extienden a las poblaciones marginadas de los sistemas capitalista, colonial y patriarcal. El sionismo es una corriente político-ideológica supremacista, profundamente violenta y que atenta contra la vida en sí misma. 

Muy a pesar de la alta gravedad de los hechos en Palestina, reconocidos como genocidio incluso por Naciones Unidas, el gobierno de Costa Rica ha ignorado el llamado de BDS y de todas las organizaciones  de solidaridad a nivel internacional. Pese a la tradición pacifista, defensora de los derechos humanos y cuidadora de la naturaleza, el gobierno costarricense actual decidió negociar un TLC con el ente genocida que “lo único que tiene por ofrecer son armas, tecnología de inteligencia o militar y agroquímicos”, de acuerdo a Germán Romano de BDS. 

Este proceso de negociación trae consigo una discusión amplia y necesaria en Costa Rica, que tiene que ver con el profundo retroceso en las condiciones políticas y de vida en el país. Incluso se han generado impactos en la política exterior: por primera vez en décadas, Costa Rica se abstuvo de condenar el bloqueo comercial a Cuba y recientemente se abstuvo de condenar los asentamientos israelís en Palestina y Siria. Quizás el mayor retroceso radica en ignorar el llamado a la construcción de un bloqueo económico y comercial que pueda dirimir la escalada genocida y la ocupación israelí de territorios palestinos. En tanto, el TLC implica negar un genocidio televisado en vivo, lo que no sólo trastoca los pilares tradicionales de la Política Exterior costarricense sino también a las nociones más sensibles de la condición humana y la vida. Así, el costo político de reconocer a Israel como Estado, además de su “derecho a la defensa” es también respaldar el exterminio y desaparición del pueblo palestino. Entonces, vale la pena preguntarnos: ¿Cuál esperanza se puede construir en Costa Rica si el mandatario está dispuesto negar un genocidio y negociar con sus perpetradores? ¿Qué podemos esperar en materia de derechos humanos si el  mandatario no teme ser cómplice del genocidio e incluso burlarse del pueblo palestino?