Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
El último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras) denominado “La tierra para quienes la defienden”, define el costo de defender la vida y la naturaleza en Centroamérica: un total de 11,732 agresiones se dirigieron a mujeres defensoras y organizaciones comunitarias y de territorio, entre 2012 y 2025. En ese mismo periodo, 42 defensoras fueron asesinadas.
Este informe condensa una década de monitoreo de violencias contra mujeres, colectivos y disidencias que se enfrentan a proyectos mineros, hidroeléctricos, agroindustriales, forestales, turísticos y de infraestructura en Centroamérica y México, desde una mirada feminista y territorial, esa que no separa los cuerpos de los territorios ni la defensa ambiental de la disputa por el poder y la tierra en la región.
“La mayoría de las defensoras del territorio y el medio ambiente agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios”, reza el informe.
Honduras registró un 64.1% del total de agresiones contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (8,373). Por su parte, El Salvador y Guatemala registraron 12.2% y 7% respectivamente. En este mismo periodo también se reportaron 912 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región.
Para una integrante de IM- Defensoras que conversó con HoraCero en condición de anonimato, el dato más revelador y doloroso del informe es que las guardianas de la biodiversidad, las cuidadoras de sus comunidades y luchadoras por los pueblos originarios y la vida en el planeta, en lugar de ser reconocidas, son atacadas, criminalizadas y asesinadas, lo que califica como “un fracaso de la humanidad”.
“Nuestros informes han sido contundentes en demostrar que las defensoras del territorio son el grupo de defensoras más agredidas. En segundo lugar, están las mujeres que defienden la vida libre de violencia, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que son fundamentalmente feministas y organizaciones de mujeres que están al lado de las de las víctimas de agresiones. Esto no ha cambiado ni es casual”, afirma.
IM-Defensoras reporta que, de 54,395 agresiones registradas, el 21.6% fueron contra las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. La representante de la Iniciativa resalta que entre los tipos de agresiones recibidas se encuentran la difamación, estigmatización, amenazas y criminalización a través de los sistemas de justicia.
“En el caso de Nicaragua y de El Salvador estamos ante regímenes dictatoriales con altos grados de autoritarismo, donde ha habido un trabajo sistemático para destruir el tejido organizativo y de movimientos sociales. Mientras que en Guatemala y en Honduras, hay altísimos niveles de criminalización y poderes judiciales completamente cooptados por grupos de poder político, empresarial o del crimen organizado. Cada país tiene su propio contexto y su propia historia, es importante también no generalizar”, apunta.
En Centroamérica, la defensa de la tierra se libra en medio de un modelo económico y político que combina el capitalismo extractivo, el patriarcado y el racismo estructural, que se traduce en conflictos socioambientales a raíz de la entrega de tierras para mineria, agroindustria y otros megaproyectos. Un análisis regional sobre actividades extractivas de la Asociación Centroamericana Centro Humbolt (ACCH), indica que en 2023 el 16% del territorio de la región estaba concesionado a la minería, con Nicaragua a la cabeza con el 28%.
Frente a esto, las defensoras sostienen otra ética: entienden que el territorio no solo es el recurso, sino un lugar donde descansan sus ancestros, su identidad, cosmovisión y la reproducción de la vida del planeta. Proteger los ríos, montañas, bosques, semillas y defender, al mismo tiempo, el derecho a existir como pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, es disputar un modelo que reduce a la tierra como mercancía.
“Es un sistema que destruye la vida. Se basa en la explotación de los cuerpos y de las vidas de las mujeres y de los pueblos, está creado para la destrucción y no para la construcción de vida digna, genera muchísimo sufrimiento cotidiano, expulsa a las personas de sus comunidades. Y por eso es que las mujeres, los pueblos organizados y las comunidades en resistencia se levantan continuamente en contra de este sistema de muerte y destrucción”, explica la representante.
Muchas de estas agresiones a mujeres defensoras se dan en el marco de acciones colectivas de organizaciones y comunidades que mantienen viva su lucha frente al extractivismo, la agroindustria, la minería y la explotación forestal. El informe expresa que agresiones como la militarización de territorios y desalojos “implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables”.
El informe ubica tres puntos de inflexión en la curva de agresiones: el primero, en 2017, un año después del asesinato de Berta Cáceres; el segundo, en 2020, marcado por la pandemia debido al COVID-19; y el tercero, en 2022, donde identificaron una profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de desalojos.
La “sindemia”, como describe el informe a la crisis sanitaria del COVID-19 que se entrelaza con las desigualdades económicas, violencia y un colapso ecológico, llegó en 2020 con un aumento de las agresiones a las defensoras del territorio en todos los países, al tiempo que los gobiernos de la región endurecieron las medidas represivas, restringieron derechos y profundizaron la militarización.
Las limitaciones de la movilidad y restricción de derechos sirvieron como excusa de las corporaciones y Estados para acelerar concesiones mineras, dinamizar monocultivos y otros proyectos extractivos en el nombre de la reactivación económica.
A partir de 2022, el informe registra una nueva escalada: un aumento del 163% de las agresiones en 2023, respecto al año anterior, donde el peso se coloca en los ataques de carácter colectivo, que pasaron del 46% en 2020 al 76% en 2025, caracterizados por el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades y cuerpos armados, así como de la manipulación de marcos jurídicos que legalizan este tipo de violencia.
Un ejemplo es la agudización de los conflictos territoriales en Honduras a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos como el caso de la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, donde más de 100 agentes policiales irrumpieron sin orden judicial, el 22 de enero de 2025, en un terreno recuperado por el Movimiento Independiente de Hombres y Mujeres sin Tierras y desalojaron a más de 250 familias. Durante el desalojo, empleados de la Empresa Azucarera AZUNOSA agredieron y amenazaron a campesinas y campesinos de la comunidad, y utilizaron maquinaria pesada para destruir más de 300 manzanas de cultivos de maíz, frijoles y yuca, sustento de estas familias.
Otro caso paradigmático, revela el informe, son las agresiones contra el pueblo garífuna: asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados, incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad, entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales.
Como el caso de Miriam Hernández, coordinadora de la de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. IM-Defensoras ha documentado 164 agresiones en su contra entre 2020 y diciembre de 2025. De estas, 86 fueron perpetradas directamente contra su persona y 78 se produjeron en acciones colectivas en las que ella participó. Hernández vive en una situación permanente de riesgo y amenaza pese a que desde 2011 es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de El Salvador, la Iniciativa registra 578 agresiones a defensoras de tierra y territorio entre 2023 y 2025. El aumento se debe a la movilización popular impulsada por la aprobación de la Ley de Minería Metálica que revirtió la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente en 2024. Estas agresiones a defensoras se unen al precedente que marcó la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad.
El crimen contra Berta Cáceres, a juicio de IM-Defensoras, marcó un punto de inflexión al visibilizar el liderazgo de las mujeres indígenas frente a los proyectos hidroeléctricos y extractivos, así como a las diferentes manifestaciones de violencias, amenazas e impunidad que enfrentan día con día. Un año después de este hecho, en 2017, se registró un incremento sustancial de las agresiones relacionadas con las mujeres que se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta.
“A través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio, identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas. Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2025 fueron asesinadas 30 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica: 7 en México, 8 en Guatemala, 2 en El Salvador, 11 en Honduras y 2 en Nicaragua”, indica el informe.
Al respecto, el estudio realizado por el Grupo Interdisciplinario de personas Expertas Independientes (GIEI), en enero de 2026, encargado de investigar el asesinato de Berta Cáceres, expresa que las violencias que enfrentó Berta son las mismas que siguen enfrentando todas las defensoras del territorio en Abya Yala, y relaciona los hechos investigados con “la violencia racista, patriarcal e institucional con la que el sector corporativo, la oligarquía y el Estado han actuado y actúan para deshacerse de quienes habitan los territorios”.
“Nos hizo visible la crueldad del poder, hasta dónde puede llegar con tal de mantener sus intereses. Nos hizo visible la impunidad también en la que están la mayoría de las agresiones y asesinatos contra defensores del territorio”, dijo la integrante de IM-Defensoras, quien agrega que este hecho también transformó el modo en que las defensoras organizan su protección, fortaleciendo su capacidad organizativa y colectiva entre mujeres en las comunidades y entender mejor los patrones de violencia y las políticas represivas.
“Berta no murió, se multiplicó. ¿Esto qué significa? Que ella floreció en las conciencias y en las vidas de miles de personas por todo el mundo, pero especialmente de su comunidad, de su pueblo que sigue en pie de lucha, que sigue organizado en el COPINH, que construye espacios de formación para las comunidades, proyectos de economía solidaria y de cuidado del medio ambiente que tiene un lugar donde los pueblos se reúnen, en fin, un pueblo que no sólo no ha perdido la esperanza, sino que ha reafirmado la esperanza en memoria y como forma de honrar a la compañera Berta Cáceres”, expresó.
La existencia de un sistema de registro como el de IM-Defensoras y los logros conquistados por las organizaciones y comunidades en la región, dejan aires de esperanza y muestran que la represión no ha apagado las luchas. Hoy por hoy, las defensoras de la región organizan redes de protección integral feminista, acuerpamiento comunitario y solidaridad transnacional que ha salvado vidas.
El informe concluye que las luchas por la tierra y la vida, protagonizadas por las defensoras, no solo resisten al despojo, sino que sostienen hoy la posibilidad de futuro habitable para el resto del planeta.
