Hora Cero
junio 16, 2025
Costa Rica da un giro a su política de contención migratoria y recepción de personas refugiadas, principalmente de Nicaragua y últimamente de Venezuela, y pasa a ser parte de un proceso de externalización de la política de deportación y fronteras del presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump. Pero en medio de la aplicación de este plan, la institucionalidad costarricense enfrenta una debate en contra de sí misma: entre conservar su cumplimiento y respeto a los derechos humanos, de lo cual ha sido referencia en la región, o bien esquivar estas garantías a conveniencia de sus intereses comerciales con Estados Unidos.
El 1 de agosto, la agencia de noticias Reuters publicó que el Departamento de Estado de EE.UU. invertirá 7.6 millones de dólares en Costa Rica para la deportación de personas inmigrantes. Esa misma semana se hizo pública la resolución completa de la Sala Constitucional en donde los magistrados señalan y manifiestan que las 135 personas que fueron deportadas desde Estados Unidos el 20 de febrero de 2025 fueron privadas de su libertad de forma “ilegítima”, con el objetivo de obstaculizar su derecho de tránsito migratorio.
Estas personas, la mayoría de origen chino y entre las cuales se encontraban 79 menores de edad, fueron encerradas en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), ubicado en el sur del país centroamericano, y que fue donado por la empresa alemana Faber-Castell para ser utilizado como albergue de personas migrantes, no como centro de detención y privación de libertad.
Tanto el acuerdo reciente que los medios de comunicación han dado a conocer, como las deportaciones en febrero de personas refugiadas tienen como objetivo que Costa Rica los albergue de manera temporal: que sea un “tercer país seguro” de la política antimigratoria de Trump.
Pero de estos acuerdos y acciones entre el país centroamericano y Estados Unidos donde está en juego el futuro de personas refugiadas se conoce muy poco, es por eso que defensores de derechos humanos y de las personas migrantes han armado el rompecabezas que ahora parece el plan de Costa Rica en constituirse en un tercer país seguro.
El gobierno del presidente costarricense Rodrigo Chaves maneja este tema con mucha opacidad, sin transparencia. Defensores de personas migrantes en Costa Rica dijeron a Hora Cero que desde que la Sala Constitucional emitió su resolución, todo lo relacionado a las deportaciones de personas desde Estados Unidos se ha mantenido oculta. Entonces no se conoce desde cuándo iniciará a operar el acuerdo y tampoco se tiene conocimiento si el encargado de su ejecución será el Gobierno de Costa Rica a través del Instituto de Migración o lo harán las agencias de Naciones Unidas como ACNUR o la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).
El profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Carlos Torres, explica que la presidencia de Trump cambió el paradigma de la gestión de la migración en el país centroamericano y también ha modificado el rigor y respeto a los derechos humanos que por muchos años le caracterizó. Para Torres, todas estas acciones del gobierno de Costa Rica tienen una lógica transaccional, sin embargo, en medio de estas negociaciones opacas, las instituciones garantes de los derechos humanos, como la Defensoría de los habitantes, aún funcionan y junto a otras organizaciones de sociedad civil han tratado de reclamar que se conserve el respeto a las garantías de las personas a través de las cortes.
Costa Rica es el segundo país de Centroamérica con los aranceles más altos impuestos por Estados Unidos. La tarifa arancelaria es del 15%, un 3% menos que Nicaragua, que es el país más castigado en la nueva política comercial de Donald Trump. El porcentaje impuesto a Costa Rica se debe a que vende más de lo que le compra a EE.UU. y eso no va con la lógica económica de Trump: de América (Estados Unidos) primero.
Carlos Torres considera que el Gobierno de Costa Rica busca amortiguar o reducir este golpe comercial con los acuerdos relacionados a las deportaciones y de convertirse en un tercer país seguro. Además ha tomado otras decisiones que encaminan a mejorar la relación con EE.UU., como la enmienda constitucional recién aprobada que autoriza la extradición de ciudadanos constarricenses requeridos por Estados Unidos por su involucramiento en narcotráfico y terrorismo.
Desde la visita que realizó a Centroamérica el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, los países centroamericanos iniciaron aplicar una serie de políticas de control, securitización y criminalización de la migración. Hora Cero reportó y analizó en ese momento, que las decisiones con relación a los acuerdos de deportación y encarcelamiento de personas migrantes entre Estados Unidos y los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá traían consigo otros intereses individuales para los gobernantes de esos países, en donde los y las migrantes eran puestas como “monedas de cambio”, según indicó la internacionalista Lady Junek Vargas.
Guatemala: El acuerdo está enfocado en reforzar la seguridad, con la presencia de militares en la fronteras, así como instalar aparatos de recaudación de información biométrica de personas que transitan por Guatemala.
El Salvador: El acuerdo se basa en utilizar al CECOT como centro carcelario de personas deportadas con supuesto historial criminal. Sin embargo, no se ha podido probar que las personas que han sido afectadas por este acuerdo hayan cometido un crimen.
Honduras: El acuerdo consiste en deportar personas de Venezuela para que desde ese país tomen otro avión hacia su país de origen.
Panamá: El acuerdo se basa en ser un puente de deportación de personas de Venezuela, Colombia, Haití y otros países de Asia y África.
