Como muchas mujeres en las comunidades de Honduras, Fausia  fue a recoger agua al río. Ahí dos hombres la golpearon y fue violada por uno de ellos. Luego la amenazaron de muerte si decía algo a la policía. Un mes después, venció el miedo y presentó la denuncia. El médico forense le informó que estaba embarazada y le advirtió que si interrumpía su embarazo, sería judicializada. Así inició su calvario. Años después de los hechos, ha llevado a Honduras ante la ONU para exigir justicia por las consecuencias que viven las mujeres ante la penalización absoluta del aborto. 

Luego del ataque, Fausia también acudió al sistema de salud hondureño donde, en teoría, debía recibir atención integral ante el abuso que había vivido. Sin embargo, cuando fue al hospital, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciar si abortaba, porque en Honduras ese servicio de salud está totalmente prohibido. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada.

“Cuando ella cuenta su historia, dice que fue sobreviviente de una violación sexual, que ella no estaba buscando ese embarazo sino que, por el contrario, es consecuencia de un hecho sumamente violento. Lo que hace el personal de salud es decirle: ‘pero usted sabe que aquí eso no está permitido y aquí ya queda registrado que usted está embarazada. Si usted llega a intentar interrumpir ese embarazo, la que se va para la cárcel, es usted’. Lo que hacen es revictimizarla”, explica Lucía Hernández, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.

Fausia es el pseudónimo que ella misma escogió para contar su historia, la cual es considerada emblemática para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres en este país centroamericano. Ella es una mujer indígena del pueblo Nahua, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios. Una labor que le ha traído múltiples adversidades como violencia de género, discriminación y desplazamiento forzado. 

El ataque que vivió en el río en 2015, afirma en su relato, fue en represalia por su papel de lideresa dentro de la comunidad. Este acto no solo fue un ataque a su integridad física y emocional, sino también una estrategia para silenciar su voz y socavar su lucha. “Las intenciones de los agresores eran desterrar a toda la familia”, afirma Regina Fonseca, del Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras, quien conoció a Fausia cuando tenía cinco meses de embarazo, producto de la agresión que vivió. 

“La agresión fue en 2015. Han pasado nueve años y en todo este tiempo, Fausia ha tenido que ser reubicada frente al riesgo por las amenazas de sus agresores, porque estas personas son parte también de una familia que vive en la comunidad, y que realmente querían desterrarlos. En su comunidad había una casa comunitaria  para el pueblo indígena y también la destruyeron. Su familia es campesina y sus medios de vida son el trabajo en el campo y tuvieron que salir de su comunidad. En todo este tiempo, Fausia ha cambiado en 10 ocasiones de lugar de donde vive”, explicó.

En una entrevista para una agencia internacional, Fausia relata los impactos en su salud mental, luego de verse forzada a llevar un embarazo producto de una violación: “Pensé en suicidarme por el mismo rechazo que sentía, por el mismo dolor, por el mismo sufrimiento. Yo misma me sentía rechazada, me sentía asco. Si hubiera tenido la oportunidad de haberlo interrumpido, lo hubiera hecho porque es algo que le dio un giro a mi vida, es una marca imborrable para toda la vida”.

Regina Fonseca afirma que Fausia está diagnosticada con depresión, ansiedad y estrés post traumático. Tanto sus hijos como su madre y padre, también presentan impactos en su salud mental y física debido a las amenazas y el despojo de sus territorios. 

“Lo que ha vivido Fausia, ha sido una situación sumamente complicada, porque el Estado ha sido incapaz de tomar medidas de políticas y legislación orientada a prevenir que estos hechos sucedan, atenderlas de manera adecuada, más humanizada y a resolver de acuerdo a las propias demandas de las mujeres. Fausia claramente quería interrumpir su embarazo y esta opción le fue negada. De hecho, cuando sucedió la agresión hasta la anticoncepción de emergencia estaba prohibida. Eso es un Estado ausente, pero tiene un impacto particular para las mujeres más empobrecidas, indígenas, que viven en zonas empobrecidas, que han sido olvidadas por las políticas del Estado a través de los distintos gobiernos”.

Organizaciones locales como el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM), e internacionales como el Centro de Derechos Reproductivos, han acompañado a Fausia en la búsqueda de justicia. La asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos explica que, luego de 8 años de los hechos, la justicia hondureña condenó a los responsables del ataque hacia Fausia. Sin embargo, afirma, este fue un proceso desigual donde muchas de las cargas para condenar a los agresores recayeron sobre ella. 

“Ella tiene una representación judicial que permite continuar el proceso y finalmente el proceso llega a su final, pero con muchas cargas que en lugar de asumirlas el Estado para investigar y sancionar a los responsables, se traslada esas cargas sobre la víctima. Por fortuna, pudo conseguir un abogado privado con ayuda de estas organizaciones y finalmente, hasta el año pasado, hubo sentencia en contra de los dos agresores, a pesar de las dilaciones que hubo a lo largo del proceso”.