La inflación tiene un efecto redistributivo importante. Mientras que los productores e importadores pueden transferir el aumento de los costos de los insumos a los precios finales, protegiendo así sus ganancias, no es el caso de las clases trabajadoras. El aumento de los precios, manteniendo sus salarios nominales fijos, implica una pérdida de salario real. Las posibilidades de presionar por mejoras salariales a través de huelgas o manifestaciones son erosionadas en un contexto de debilitamiento sindical y aumento de represión. La inflación afecta en términos reales a los más pobres, no solamente por el aumento de los bienes que más consumen, sino también por su debilitado poder de negociación. Por otro lado, el Gobierno se ve favorecido con mayor inflación, teniendo en cuenta la alta dependencia a los impuestos indirectos del sistema tributario salvadoreño, mayores precios implican mayores ingresos a través del Impuesto al Valor Agregado. Desde una perspectiva de economía heterodoxa, la inflación es un conflicto distributivo. 

Es probable que en los próximos meses las presiones inflacionarias se reduzcan, con el precio del barril por debajo de los $70 dólares y con el precio de los alimentos sin mostrar tendencia a acelerarse (ver Gráfico 1) en lo que va del 2023. Sin embargo, ello no implica que los precios disminuyan o que los ingresos laborales aumenten, probablemente los precios permanecerán altos y los salarios nominales se mantendrán estancados, lo cual se traduce en mayores tasas de pobreza y un deterioro en la calidad de vida. 

La inflación no necesariamente se traduciría en aumento de las tasas de pobreza si el Gobierno tomara acciones para compensar la pérdida de los ingresos laborales. Existen alternativas en materia fiscal, laboral y de fomento a la producción de granos básicos. Las acciones fiscales se deben enmarcar en el aumento de transferencias monetarias, la eliminación de los impuestos a los alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad. En materia laboral se requiere un aumento del salario mínimo, al menos que sea ajustado a la inflación desde su último reajuste de agosto del 2021. Estas medidas deben complementarse entre sí, considerando la estructura del mercado laboral en El Salvador, donde un aumento del salario mínimo sólo se hace efectivo para las personas que trabajan en el sector formal, la cual dista de ser la mayoría. Ante ello, la ampliación de las transferencias monetarias, tanto en su cobertura como su monto evitaría que los hogares vulnerables caigan en la pobreza, y los hogares pobres en la pobreza extrema. Por otra parte, la eliminación de los impuestos a los productos de la canasta básica disminuiría las presiones inflacionarias en los hogares de más bajos ingresos.  Finalmente, el fomento de la producción de granos básicos reduciría los shocks de los mercados internacionales y fortalecería la soberanía alimentaria. Estas acciones requieren un ajuste progresivo del sistema tributario, recortar gasto superfluo (como publicidad), aumentar la transparencia fiscal, y liderar con el malestar de la clase empresarial. 

La viabilidad política de estas propuestas se ven opacadas por un año electoral y una política económica centrada en el estímulo al turismo y los criptoactivos. El fomento de estos sectores hace poco o nada por mejorar la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras. Inclusive propiciar el desarrollo de ambos sectores genera mayores presiones inflacionarias en materia de energía, bienes raíces y alimentos. La política económica y social de El Salvador no está aumentando los ingresos laborales, ni expandiendo las transferencias. Lamentablemente, el conflicto redistributivo de la inflación no se resolverá, en cambio se traducirá en mayores tasas de migración, y los hogares empobrecidos seguirán viendo a El Salvador desde el otro lado de la vitrina.