El gobierno de Venezuela se sienta a dialogar y busca liberarse de las sanciones económicas que le impiden acceder a los activos en el extranjero y sobrevivir al ahogo económico. Por otro lado, la Plataforma Unitaria busca volver al terreno electoral para acceder a cuotas de poder compartidas con el oficialismo.
En esta entrevista con el sociólogo e investigador venezolano Emiliano Terán Mantovani rastreamos el origen de la crisis y analizamos la situación actual a la luz de las negociaciones entre el gobierno y parte de la oposición venezolana.
¿Podemos decir que en Venezuela hay una dictadura?
Más allá del debate sobre qué es hoy, en el siglo XXI globalizado, una dictadura, y qué no lo es –debate que me parece necesario–, en torno a Venezuela ha habido demasiados abusos mediáticos, propaganda, maniqueísmos y frenesí. Pero salgamos de generalizaciones mediáticas e intentemos mirar en lo concreto el perfil del Gobierno actual: no hay absolutamente ninguna separación de poderes, y no solo eso, sino que las instituciones se han degradado drásticamente, al mismo ritmo que se ha degradado el conjunto del país en esta crisis.
Lo que prevalece es la ley del más fuerte, la voluntad de los poderes fácticos vinculados a la burocracia estatal, el sector militar y quienes hacen negocios. La corrupción es el principal mecanismo de distribución de los excedentes y de distribución del poder desde arriba. Ya ni se disimula con protocolos democráticos, todo se ha vuelto autoritarismo y rapiña abierta. La vía electoral se corrompió totalmente y la gente no confía en el sistema de elecciones. Las decisiones se toman a lo bravo, sin ninguna consulta, y mucho peor, con unos niveles de secretismo que se incrementaron con la falta de datos y estadísticas públicas, con la declaración de estados de excepción permanente desde 2016 –que hace que todo se maneje como una economía de guerra– y que se corona con la Ley Antibloqueo de 2020, que legaliza como nunca el secreto en los proyectos y acuerdos.
Y como ya he mencionado, la protesta popular viene siendo reprimida de maneras crecientes y violentas, un patrón que se repite en todo el país. El rol de los diversos cuerpos de seguridad, legales y paralelos, es crucial en esta situación. Y la impunidad es total y generalizada; esta degradación política ha pulverizado el Estado de derecho, la base de derechos que protege a la sociedad.
Todo esto no solo lo pueden corroborar actores institucionales internacionales como la Oficina de derechos humanos de la ONU, sino también organizaciones sociales del país, tanto las que son de oposición como otras chavistas, así como el testimonio de gente en barrios populares, donde han ocurrido masacres de los cuerpos de seguridad. Esto es algo sabido por todos, completamente evidente. Incluso algunas declaraciones de funcionarios estatales de alto rango han reconocido ‘excesos’ de los cuerpos de seguridad, hace poco el fiscal general asumió la responsabilidad del Estado venezolano por la muerte del concejal Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete, algo muy serio. Hay mucha intimidación en la sociedad para criticar y protestar, y más con la llamada “Ley contra el Odio”, aplicable a muchos quienes elevan una crítica frontal. ¿Cómo se le puede llamar a todo esto?
Es cierto que el término dictadura ha sido usado y abusado por un sector ultraconservador y de derecha latinoamericano, así como medios de comunicación con líneas editoriales muy rancias y manipuladoras, para hacer un contraste más bien hipócrita del régimen venezolano actual con las “democracias” del hemisferio. Pero gobiernos como el de Iván Duque, Sebastián Piñera o Jair Bolsonaro, por mencionar ejemplos, son vergonzosos aunque mantengan una fachada institucional. Son represivos, violentos y corruptos. Sin embargo, esto no quita que la evolución del régimen de Maduro esté hoy configurándose como una dictadura. ¿Siempre fue así? No lo creo. Los primeros cinco años del proceso bolivariano fue de un nivel de efervescencia y participación popular muy interesante.
Las elecciones en Venezuela fueron ganadas limpiamente por Chávez, su partido y su Gobierno. Todo cambió a partir de 2015, luego de que el Gobierno nacional fuera barrido en las elecciones parlamentarias de ese año, y la oposición obtuviera dos terceras partes de la Asamblea. Parecía que se le venía la noche al Gobierno de Nicolás Maduro, que casi había perdido en las presidenciales con Henrique Capriles, en abril de 2013. A partir de 2015 comienza el desconocimiento de esta y toda instancia que estuviera fuera del rango de control del Gobierno nacional, y un creciente accionar autoritario, que se fue volviendo más drástico y violento. E insisto, esto se produjo incluso sobre las disidencias del chavismo, por más chavista que se fuese.
Ahora, lo que no se puede decir es que en Venezuela el único actor político en el juego sea el Gobierno. Desde la llegada de Chávez han existido diversas formas de intervencionismo, fundamentalmente desde los Estados Unidos, con incidencia variadas, fuerte en los primeros años de Chávez, que luego baja su nivel y que se intensifica nuevamente con Maduro. Con el Gobierno de Trump se hizo muy intenso y grotesco, más que por las amenazas de invasión –que a mi juicio nunca fue una primera opción–, por la vía de las sanciones internacionales, que han tenido fuerte impacto, y son también crímenes contra la humanidad. Sin embargo, es crucial decir que el colapso económico y social de Venezuela comienza antes de las sanciones internacionales.
Las sanciones que verdaderamente nos afectaron como país fueron las que se aplicaron desde 2017, y primordialmente desde 2019, que afectaron con fuerza a PDVSA y al oro venezolano. Las sanciones no son el principal causante de la crisis venezolana. Las principales causas del colapso nacional y del declive chavista hay que buscarlas fundamentalmente en factores internos del proceso.
Otro elemento que habría que agregar es que el intervencionismo no fue únicamente el estadounidense: China tuvo un rol importante en la profundización del extractivismo y el endeudamiento externo en Venezuela, y el posterior debilitamiento económico del país; y Rusia ha tenido un rol crucial en el período de la crisis, vinculado a condiciones para sus petroleras, mineras y la venta de armas a Venezuela. Podríamos hablar también de Colombia, de Irán, Turquía, Cuba, entre otros. Lo que hemos vivido en Venezuela ha sido también un conflicto internacional.
El Gobierno y algunos sectores de la oposición realizaron una ronda de negociaciones con acuerdos parciales ¿Cuáles han sido los puntos clave de estas negociaciones?
Como ya se ha anunciado, este nuevo intento de negociaciones sentó en agosto siete puntos que llamaron ‘prioritarios’, donde destaca el gran acento que el Gobierno le ha puesto al cese de las sanciones internacionales y la recuperación de activos venezolanos en el exterior –este último se acordó como ‘acuerdo parcial’ en septiembre–, mientras que la oposición insiste en elecciones libres y justas y la recuperación de condiciones de equidad y garantías en las mismas. Otros elementos están vinculados a la igualdad de derechos políticos para todos los actores, convivencia y rechazo a vías violentas, así como el respeto al Estado de derecho; y se anunciaron medidas de “protección” de la economía y el pueblo venezolano; además de garantías de respeto a estos acuerdos. El otro ‘acuerdo parcial’ fue el del Esequibo, la zona en reclamación y disputa ya histórica con nuestros vecinos de Guyana, que es otro ingrediente más que debe añadirse a esta sopa que es el conflicto venezolano, y que además involucra la explotación petrolera.
Hay dos cuestiones muy sensibles con las que se llega a estas nuevas negociaciones: una es la de la crisis humanitaria que se vive en el país, que ha comprometido las condiciones de vida de millones de venezolanos, sin contar con los otros seis millones de migrantes connacionales. La otra ha sido la posibilidad de que el conflicto político se desbordara, y por tanto la necesidad de evitar llegar a esos escenarios. Ambas cuestiones son tan sensibles para la población y el futuro del país, que esta y otras negociaciones podrían contribuir a que se abran caminos para no caer en huecos tan profundos y oscuros, y volver a cierto espacio de hacer política y de recuperación de condiciones mínimas de vida.
Pero la verdad es que este proceso tiene su contracara. Los grupos dominantes que negocian son básicamente élites políticas y económicas que han estado absolutamente de espaldas al país, algo que por cierto la población lo sabe muy bien. De espaldas al país y bastante involucrados con intereses económicos y políticos particulares. De hecho, si bien estos grupos han estado confrontados en lo político, lo que tenemos en esa mesa es un gran consenso entreguista. Muchas de las políticas liberalizantes y desreguladoras del Gobierno de Maduro son vistas con agrado por varios actores de oposición y grupos empresariales. Otros grupos que no hacen parte de la mesa les enfada no ser parte directa de esas reformas neoliberales. Así que el neoliberalismo es un consenso político de élites.
Una gran reforma neoliberal consensuada, en la que también participa el capital transnacional, podría levantar algunos indicadores macroeconómicos, ofrecer mayor estabilidad para el capital y hacer crecer relativamente el mercado interno, creando una ilusión de riqueza; pero todo ello se haría a costa de entregar el país, con un alto nivel de endeudamiento externo y privatización, una gran devastación ambiental, la precarización de trabajadores y la consolidación de la desigualdad social que se ha venido intensificando en los últimos años, además de no resolver los problemas de fondo y estructurales.
Por mencionar dos ejemplos: la crisis ha generado que Venezuela se convierta en una gran maquila, un gran centro de mano de obra barata, que en realidad es algo muy atractivo para el capital internacional, para sus inversiones, y de facto va legalizado con las Zonas Económicas Especiales y los mecanismos de protección al capital; por otro lado, se van subastando los recursos naturales del país, con grandes facilidades de acceso para los inversores, a costa de niveles de devastación ambiental y despojo territorial tremendos.
Es en este sentido que la gente ve, en general, estas negociaciones con cinismo, con escepticismo. Además, la población no olvida que en medio del conflicto entre Gobierno y oposición, ambos pusieron a la población como instrumento, y como daño colateral, colocando la búsqueda del poder como primer objetivo, por encima de todo.
Las negociaciones tienen más la mira en la reforma económica y la recuperación de los canales y condiciones de reproducción del capital. Sectores más institucionalistas tratarán de que se puedan recuperar bases institucionales, pero sigue habiendo esta brecha entre estos intereses y los de la población, lo que evidencia la reconfiguración de las contradicciones políticas y sociales, la de los de abajo contra los de arriba. Además de las contradicciones existentes entre grupos de poder. Y es importante resaltar: el problema de fondo, el que crea esta profunda crisis, está lejos de ser resuelto, por lo que en verdad la estabilidad no es algo que pueda estar garantizado. Así que el juego aún queda bastante abierto.
¿Las sanciones han sido medidas efectivas para ejercer presión?
Las sanciones, sobre todo las aplicadas desde 2017, han venido cerrando drásticamente canales de intercambio económico internacional y de flujo de financiamiento. Las sanciones de 2019 contribuyeron considerablemente al estrangulamiento de PDVSA, que venía en una progresiva debacle pero que en estos años se derrumbó con fuerza la producción petrolera que ha llegado a estar en 380.000 barriles diarios en 2020, y está en un sube y baja que promedia los 500 mil barriles. O sea, se produce menos que Colombia.
Por supuesto que esto ha asfixiado la economía venezolana y ha tenido repercusiones en el Gobierno venezolano, que ha tenido dramáticos problemas de flujo de caja, lo que además lo lleva a recurrir a canales subterráneos de comercio y captación financiera –de ahí la polémica sobre la minería ilegal de oro, las cargas de petróleo de bajo perfil o los testaferros internacionales. Así que sí es un factor de presión política inobjetable.
El asunto es que el principal afectado de las sanciones ha sido la población, y el Gobierno más bien ha aprendido a gobernar en estas condiciones, a desarrollar mecanismos de control social y político en esta situación de precariedad. La conservación del poder prevalece sobre la protección de los derechos humanos de los venezolanos, es una especie de ‘externalización’ económica sobre la población. Se ha hablado de los Clap, que son estos mecanismos de distribución alimentaria organizados por el Gobierno, pero es claro que sobre esto hay estrategias de control político, de filiación, de manejo de la precariedad de la población. Además, mientras tanto el Gobierno pagaba puntualmente el servicio de la deuda; se le cobra el IVA a la población pero se exime de pagar impuestos a importaciones y al capital foráneo; y se consolidan actores hiper-privilegiados de la economía nacional sobre nuevos emprendimientos y el crecimiento de sectores privados (supermercados, bodegones, casinos, sitios turísticos, etc).
Lamentablemente se ha instrumentalizado la crisis humanitaria, y esto incluye a Guaidó y su estrategia política, así como actores internacionales, como el Gobierno de los Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos alineados con este. Esto es inconcebible, todo un crimen contra la humanidad. No se puede colocar a la sociedad como botín, esas son más bien lógicas de guerra.
Algunos sectores de la oposición venezolana llamaban a la abstención electoral por falta de garantías ¿Qué es diferente ahora? ¿Qué se está jugando?
Lo que pasa es que la estrategia de Juan Guaidó -de presionar al colapso por vías económicas, insurgentes, de conmoción interna y de la creación de un Estado paralelo- no prosperó. Mientras tanto, el Gobierno asistía a una nueva elección en solitario, y lograba básicamente quedarse con todo. El debate sobre la estrategia opositora ha pendulado en torno a la participación y no participación electoral, a la legitimación y no legitimación del Gobierno de Maduro. No hay hoy un consenso pero se reconoce que hay que llevar la lucha en la vía electoral, de verlo como un campo de disputa política, con todas las complejidades y contradicciones que esto conlleva. Suena dura la idea de que por fuera del Estado no se va a lograr absolutamente nada.
El Gobierno presentó un nuevo Consejo Nacional Electoral que tuvo buena acogida en algunos sectores de oposición. Y los actores internacionales dieron el visto bueno y abrieron la posibilidad de observaciones electorales. Así que algunas condiciones han posibilitado esta aceptación de mayor participación de sectores de la oposición, que son una buena parte de esta, pero no todos.
Desde una visión pragmática, esto representa la posibilidad para sectores de oposición de lograr parcelas de poder, a cambio de legitimar el régimen de poder actual. Pero insisto en que el trasfondo de estas elecciones está en los intentos de conformar un piso estable para el capital y la gran reestructuración económica neoliberal que vive el país.
¿Encontramos en Venezuela alternativas o articulaciones políticas más allá de la MUD y del oficialismo?
Esta es una pregunta muy importante, porque sobre Venezuela se suele poner demasiada atención sobre las dinámicas de los líderes políticos y las disputas partidistas y poco se habla de lo que va pasando en el campo popular. Como he comentado antes, la sociedad venezolana no es, en mi opinión, una sociedad desmovilizada pero sí ocurre que ese descontento está bastante desarticulado, y es discontinuo. Ha habido diversas formas de protesta, con intensidades variables, pero con grandes carencias para converger en un proyecto alternativo, y para conformarse en redes o plataformas amplias de lucha política. Como ya también mencionaba, este país ya no se puede sostener sobre los mismos códigos políticos dominantes de las últimas décadas. Y eso se está expresando tanto en cierto vacío de referentes políticos, como en la reconfiguración, reordenamiento y reorientación del campo popular, un proceso que es accidentado, experimental e incierto. Pero me parece que ha habido expresiones de que, desde las bases de la sociedad, otra política quiere emerger.
Sobre esto mencionaría entonces tres ámbitos: el de las protestas, el de la organización social y el de bases partidistas disidentes. Las primeras no tienen hoy las características de las grandes movilizaciones nacionales de 2017, que disputaron directamente el poder político y contra el Gobierno de Maduro, sino que son fundamentalmente microprotestas territorializadas, principalmente por condiciones de vida. Esto, además de protestas urbanas, incluye luchas indígenas y campesinas. Lo interesante es que han logrado cierta simultaneidad en varios Estados del país, como lo ocurrido en septiembre de 2020, en la que resaltaron las protestas de Yaracuy que se rebelaron también contra los liderazgos políticos de todo tipo, y nos hacen preguntarnos sobre la posibilidad de emergencia de nuevos sujetos políticos.
En cuanto a las organizaciones sociales, se reformulan sobre códigos más allá de la polarización, y centrados en la construcción de agendas de reproducción de la vida, pero también en luchas feministas, ambientales, sindicales, campesinas e indígenas. Hay mucha gente haciendo cosas, aunque son experiencias dispersas, hoy impactadas por la nueva ola de la pandemia, pero que labran caminos, que además apuntan a la recuperación del tejido social y, lo que me parece más interesante, el fortalecimiento de una cultura de derechos sociales y ambientales. Esto último es algo que en el mediano y largo plazo es fundamental para recuperar una agenda fuerte de lucha popular.
Y por último, bases partidistas disidentes que intentan construir alternativas a los partidos dominantes, y se componen de algunos liderazgos que subsisten, que no están tan quemados, y otros nuevos, jóvenes activistas influidos por estos nuevos horizontes y condiciones que se han formado en Venezuela, y que, en escenarios como el de las elecciones regionales que vienen en noviembre, luchan por posicionarse, enfrentando de alguna forma a los grupos dominantes (del Gobierno y las oposiciones que pactan). Su rol es también importante porque disputa en este campo minado, y persigue cierto balance ante tanta desigualdad política. Hay de todo ahí.
Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador/ activista y ecologista político, orientado a las luchas contra el extractivismo y por la justicia socioambiental en América Latina. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a Phd en Ciencia y Tecnología ambientales por la misma universidad. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES). Participa en varios espacios como el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política.
