Hora Cero
junio 16, 2025
En Honduras existe un dicho muy popular entre la población: “Podemos tener golpes de Estado, fraudes electorales e incluso huracanes, pero elecciones siempre hay”. La frase refleja la continuidad de los procesos electorales en el país desde el retorno a la democracia en la década de 1980, cumpliendo con la periodicidad de cuatro años establecida en la Constitución de la República. Sin embargo, la actual crisis político-electoral, sin precedentes en la historia reciente, ha puesto en duda esa tradición institucional, dejando más interrogantes que certezas de cara a los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.
Para entender el contexto actual, es necesario remontarse al 22 de octubre de este año, cuando el consejero electoral Marlon Ochoa, acompañado por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó en un canal de televisión nacional un dispositivo tipo USB que, según afirmó, contenía 24 grabaciones de audio. En ellas, presuntamente, la consejera Cossette López Osorio, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un alto jerarca de las Fuerzas Armadas estarían planificando un boicot a las elecciones, con el objetivo de impedir el triunfo de la candidata oficialista Rixi Moncada.
De acuerdo con Ochoa, las grabaciones revelan un plan para desarticular el proceso electoral el mismo día de los comicios. El supuesto objetivo sería deslegitimar las elecciones mediante voceros de la observación nacional e internacional, controlar el transporte de material electoral, desestabilizar los centros de cómputo y bloquear los canales de transmisión de resultados.
El funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que no revelará el origen de los audios hasta ser citado a declarar por el Ministerio Público. Cabe destacar que tanto el consejero Ochoa como la candidata presidencial Rixi Moncada pertenecen al partido Libre.
Pero la historia no termina allí. El 29 de octubre, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, reveló durante una conferencia de prensa los audios presuntamente vinculados a la denuncia presentada por Ochoa. Las grabaciones, según el fiscal, involucrarían a la consejera Cossette López, al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a un militar de las Fuerzas Armadas en un presunto plan para manipular el proceso electoral.
“Las grabaciones demuestran plenamente una asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo para alterar la voluntad popular”, declaró el fiscal general, asegurando que el delito de traición a la patria conlleva una pena de 15 a 20 años de prisión, además de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena. Al finalizar la conferencia, Zelaya aseguró la autenticidad de las grabaciones y la continuidad del proceso investigativo».
Tras la divulgación de los audios, la consejera Cossette López rechazó rotundamente las acusaciones y anunció que demandará al Estado por “apología de odio y falsificación de su voz”. Asimismo, responsabilizó al consejero Marlon Ochoa y a sus allegados “de cualquier cosa que pueda suceder”.
“La de los audios no soy yo. Me quieren desestabilizar psicológicamente e involucrar en algo fabricado, ajeno a mí. Son audios creados”, aseguró López en un comunicado. La consejera agregó que las grabaciones representan “una violación gravísima a los derechos humanos”, y denunció que existe un intento por removerla del cargo. “Quieren sacarme porque les estorbo. Yo no hablo así”, afirmó López Osorio.
En medio de la creciente tensión política que rodea el proceso electoral hondureño, abogados y analistas políticos han cuestionado la autenticidad y la legalidad de los audios, y han advertido al sobre los pasos en falsos que estaría dando el Ministerio Público al presentar las supuestas pruebas en audios tal como lo hizo el fiscal general Johel Zelaya.
Para el analista político Josué Murillo, es fundamental colocar esta situación “en su justa dimensión”, subrayando que el Ministerio Público actuó dentro de sus atribuciones al recibir los audios como una “notitia criminis”, es decir, una denuncia sobre la posible comisión de un delito. “Cuando el Ministerio Público recibe información sobre un posible delito, tiene el deber, una obligación ineludible, de investigar y ejercer la acción penal pública cuando corresponda”, explicó.
No obstante, el analista recordó que esta institución ha sido cuestionada históricamente por su falta de imparcialidad, especialmente en gobiernos anteriores, cuando “obedecía los mandatos de sus líderes políticos”. Por ello, consideró indispensable que el Ministerio Público adopte buenas prácticas internacionales tanto en materia penal como de derechos humanos.
“Debe respetarse el debido proceso, la presunción de inocencia y garantizar un acceso efectivo a la justicia”, enfatizó. Asimismo, advirtió que, en el contexto actual, el Ministerio Público no puede permitirse ser percibido como una herramienta política o partidaria, ya que eso “debilitaría la institución y enviaría el mensaje equivocado de que la justicia es selectiva y manipulable”.
“Eso deteriora la confianza ciudadana, no solo en el sistema de justicia, sino también en el proceso electoral y en la posibilidad de reconstruir un Estado de derecho que ha sido gravemente dañado”, sostuvo.
Sobre las reacciones de los implicados, quienes denuncian manipulación y falsificación de pruebas, el experto pidió al Ministerio Público investigar con rigor tanto la autenticidad de los audios como la legalidad de su obtención. “Si los audios son reales, que se deduzca la responsabilidad penal correspondiente. Pero si son falsos o manipulados, también debe investigarse esa posible estrategia política, porque eso también es un delito”, advirtió.
Por su parte, la consejera Cossette López interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado para evitar que continúe la investigación en su contra por parte del Ministerio Público. Además, presentó querellas por injurias con publicidad contra los periodistas César Silva y Rony Martínez, argumentando que ambos han utilizado el nombre de su hija con fines difamatorios, lo que, según afirmó, constituye una vulneración a la imagen de la menor.
De acuerdo con la consejera, las acciones legales fueron presentadas en defensa del honor y bienestar de su hija menor, quien, según su testimonio, ha sido objeto de ataques públicos. “Después de un largo tiempo soportando muchas declaraciones consecutivas de injurias de parte de uno de los publicistas desde hace bastante tiempo, hemos decidido finalmente poner coto a esa situación”, denunció López.
Asimismo, mencionó que Rony Martínez, director de UneTV, y César Silva, reportero y presentador del mismo medio, “son personas que han aseverado durante mucho tiempo cosas que contravienen la realidad, con un irrespeto inaceptable”. López agregó que el hecho de que los comunicadores “tengan un micrófono todos los días no significa que estén legitimados para ir contra el honor, el buen nombre y el derecho a la propia imagen de mi hija”, concluyó.
La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya era motivo suficiente para generar dudas sobre la realización de las próximas elecciones generales. Sin embargo, a esta situación se suma ahora una disputa interna en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que profundiza aún más la incertidumbre.
Cabe recordar que en Honduras el CNE, el TJE y el Registro Nacional de las Personas (RNP) son las instituciones constitucionalmente encargadas de garantizar procesos electorales transparentes y confiables. No obstante, dos de estas tres entidades enfrentan actualmente serias crisis institucionales, sin que se vislumbre una solución a corto plazo.
Tras varias semanas de tensiones en el TJE, el 28 de octubre este órgano resolvió permitir la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, luego de un recurso de apelación presentado por su defensa. La decisión contradice la resolución inicial del CNE, que había rechazado su candidatura al considerar que Cálix ya había participado como precandidato presidencial, una acción expresamente prohibida por el artículo 115 de la Ley Electoral, el cual impide a una misma persona postularse a dos cargos de elección popular en un mismo proceso. En la misma sesión, también se resolvió a favor de Cristian Villalobos, quien podrá postularse como candidato a diputado por Valle en representación del Partido Nacional.
La resolución fue firmada por el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, y la magistrada Miriam Barahona, sin la participación del magistrado Mario Morazán Aguilera, quien denunció la ilegalidad del acto. “El único que puede ordenar al Consejo Nacional Electoral es el pleno, y el pleno somos tres. Ellos dos no pueden hacerlo en reunión de dúo”, advirtió Morazán, asegurando que la sesión se realizó al margen de la ley.
Por su parte, el presidente del tribunal, Mario Flores Urrutia, defendió la legalidad de sus actuaciones. “Las actuaciones que realizamos con la magistrada Barahona están conforme a ley. El artículo 5 de la Ley Orgánica Electoral y Procesal me obliga a garantizar la continuidad del tribunal”, argumentó. Tras la emisión de estas resoluciones, Flores Urrutia se habría refugiado en su residencia, alegando que su vida corre peligro.
Ese mismo 28 de octubre, la Dirección Policial de Investigaciones allanó las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral y decomisó documentos relacionados con las resoluciones que favorecen a los diputados Cálix y Villalobos. Varios empleados del tribunal fueron citados a declarar ante el Ministerio Público.
El panorama en Honduras frente a las elecciones generales del 30 de noviembre sigue siendo incierto, y apenas se vislumbran señales de estabilidad cuando faltan poco más de 20 días para los comicios. Sectores académicos, económicos y políticos han advertido sobre la necesidad de alcanzar un ABC (acuerdos básicos comunes) para garantizar la realización de las elecciones y evitar una ruptura del orden constitucional.
