Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
El retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y beneficiado con un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, reaviva el debate político y los cuestionamientos sobre el estado de la justicia hondureña y el destino de los casos de corrupción que marcaron su administración como presidente del país centroamericano.
Juan Orlando Hernández Alvarado recuperó su libertad tras permanecer recluido en Estados Unidos, donde fue declarado culpable en un juicio que inició el 20 de febrero y concluyó el 8 de marzo de 2024 con un veredicto emitido por un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Posteriormente, el 26 de junio de 2024, el juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión por tres delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025 recuperó su libertad tras recibir un indulto presidencial otorgado por el entonces presidente Donald Trump.
Durante el juicio en New York, la Fiscalía presentó una docena de testigos, entre ellos narcotraficantes confesos, exfuncionarios y agentes de seguridad, quienes señalaron que Hernández recibió millonarios sobornos de organizaciones criminales, brindó protección al tráfico de cocaína y utilizó estructuras del Estado para favorecer a los carteles. La defensa rechazó las acusaciones y sostuvo que el expresidente era víctima de una persecución política.
Al dictar sentencia, el juez Kevin Castel afirmó que Hernández contribuyó a convertir a Honduras en un «narcoestado» y que utilizó su poder para frustrar los esfuerzos contra el narcotráfico. El caso de Juan Orlando Hernández es un hecho inédito en la historia de Honduras. Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado por cargos similares en 2021.
Pese a ser considerado uno de los narcotraficantes más influyentes de la región centroamericana, está en libertad y regresó a Honduras este domingo 26 de julio, donde centenares de simpatizantes del Partido Nacional se movilizaron desde distintos puntos del país hacia Comayagua para recibirlo entre consignas y aplausos en un acto político junto a dirigentes nacionalistas.
Durante la bienvenida, Hernández insistió en su inocencia y atribuyó su liberación a la voluntad de Dios. Acompañado por dirigentes del Partido Nacional, entre ellos la exdiputada Gladys Aurora López y la ministra de Derechos Humanos, Leda Lizeth García Pagán, afirmó que su regreso representa «un milagro» y llamó a fortalecer a esa institución política.
Al cierre de su discurso aseguró que «el Partido Nacional es una joya que hay que cuidar», afirmó que se trata de un partido «fuerte y robusto» y sostuvo que regresa para fortalecerlo.
El indulto presidencial otorgado por Donald Trump permitió la liberación anticipada del exmandatario, pero no anuló el veredicto de culpabilidad ni la sentencia emitida por la justicia estadounidense, por lo que jurídicamente Hernández continúa siendo una persona condenada por esos delitos.
El regreso del exmandatario también revive las preguntas sobre las investigaciones por corrupción impulsadas durante los años de funcionamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), muchas de las cuales quedaron estancadas tras reformas legales, resoluciones judiciales y el cierre de la misión internacional en 2020.
Actualmente, en Honduras, Hernández enfrenta únicamente el denominado caso Pandora II, en el que el Ministerio Público lo acusa por el presunto desvío de 282 millones de lempiras destinadas a programas de apoyo para mujeres campesinas y desarrollo rural.
El caso Pandora fue una de las investigaciones emblemáticas de la MACCIH. Según las pesquisas, recursos públicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fueron desviados mediante una estructura integrada por funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales para financiar actividades políticas, principalmente del Partido Nacional.
Con el paso del tiempo, varios de los procesos derivados de estas investigaciones terminaron con sobreseimientos, cambios en las medidas cautelares o permanecen sin una resolución definitiva.
«Las pruebas existían» explica el exprocurador de la MACCIH, Alex Navas, quien rechaza los señalamientos de que los casos carecían de sustento probatorio. Según explicó, las investigaciones contaban con evidencia documental, pericial y testimonial suficiente. A su juicio, el principal obstáculo para avanzar en los procesos fue la interferencia política y las decisiones institucionales que limitaron la acción de la justicia.
Durante su funcionamiento, la MACCIH presentó doce casos emblemáticos de corrupción, entre ellos Red de Diputados, Caja de Pandora, Arca Abierta, Caja Chica de la Dama, Patuca III, Hospitales y Compras Públicas, Fraude sobre el Gualcarque y el denominado Pacto de Impunidad, varios de ellos con señalamientos contra funcionarios y estructuras vinculadas al entorno político de Hernández.
Para distintos sectores, la salida de la MACCIH representó un retroceso en la lucha contra la corrupción. Aunque posteriormente fue fortalecida la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), numerosas investigaciones continúan enfrentando procesos prolongados dentro del sistema judicial.
El abogado Alex Navas sostiene que Honduras enfrenta una crisis estructural en la administración de justicia y considera que la influencia política sobre las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos sigue siendo uno de los principales obstáculos para combatir la corrupción.
En la misma línea, el doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía afirma que el retorno de Hernández refleja profundas debilidades institucionales y evidencia una aplicación desigual de la justicia. Según el académico, mientras comunidades indígenas y garífunas enfrentan procesos de criminalización, una persona condenada por narcotráfico recibe respaldo político y protección institucional.
Más allá del regreso del expresidente, diversos sectores consideran que el caso vuelve a poner en evidencia las dificultades del Estado hondureño para investigar y sancionar hechos de corrupción vinculados a altos funcionarios.
Mientras la condena emitida por la justicia estadounidense marcó un precedente internacional, en Honduras persisten las interrogantes sobre el futuro de los casos de corrupción que permanecen sin una resolución definitiva y sobre la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia frente a estructuras de poder político y económico.
