Juan Orlando Hernández es condenado por narcotráfico: una lección para la clase política centroamericana

Maldito País

marzo 12, 2024

El pasado 8 de marzo, en una corte del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, conspiración para usar y portar dispositivos destructivos y posesión de armas de fuego.

El veredicto, que se considera un hito histórico para la nación centroamericana, se enmarca en una serie de juicios en contra de narcotraficantes hondureños -incluido el hermano menor del expresidente Hernández- que han sido declarados culpables. 

Pero, ¿cuáles fueron los aspectos claves del que en Honduras ha sido considerado el “juicio del siglo”? Y, ¿qué lecciones deja a la clase política centroamericana, la condena de un expresidente hondureño que, en muchos aspectos, fue aliado para los Estados Unidos?

Los narcotestigos, el testimonio de JOH y las armas de grueso calibre

El juicio de JOH se caracterizó por ser una cronología de cómo los diferentes carteles de la droga comenzaron a relacionarse con la clase política hondureña que ha predominado a lo largo del siglo XXI. La pieza clave fueron los narcotestimonios. 

Durante la fase inicial del juicio los narcotraficantes condenados en Estados Unidos, Alexander Ardón, exalcalde del departamento de Yoro; Luis Pérez, colombiano y exintegrante del Cartel de Sinaloa; Devis Rivera Maradiaga, del cartel de Los Cachiros y Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, por mencionar algunos, brindaron sus testimonios acerca de sus vínculos con JOH y la política hondureña. 

De lo dicho por los delincuentes confesos, destaca la entrega de sobornos a Tony Hernández e Hilda Hernández, hermanos de JOH, para apoyar económicamente las campañas políticas del expresidente. Además, la mención de Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro, y Pepe Lobo, presidente de Honduras antes de Hernández, en la recepción de sobornos por parte de narcos. 

A raíz de estas declaraciones, a pesar de que expertos en la materia consideran que la decisión fue arriesgada e inoportuna, en la última fase del juicio Juan Orlando subió al estrado para brindar su punto de vista respecto a lo que había sido mencionado en las diferentes sesiones. Sin embargo, más allá de esclarecer su situación, sus declaraciones fueron ambiguas e inconclusas, abriendo el paso para que la fiscalía contrarrestara sus argumentos. 

Por ejemplo, durante la participación de Hernández, se mostraron algunas fotografías del expresidente con algunos miembros del cártel de los Valle Valle, las cuales él desestimó por decir que la calidad de la imagen no le permitía distinguir bien a las personas retratadas. Asimismo, mencionó que su relación con Tony no era cercana, pero, al mismo tiempo, reconoció que fue él quien le recomendó buscar un buen abogado e ir a presentarse a Estados Unidos para clarificar su situación con la DEA. 

Para cerrar el juicio, la fiscalía llamó a un oficial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para identificar una serie de armas de grueso calibre que, supuestamente, sirvieron en la conspiración de JOH para importar drogas a los Estados Unidos. Dentro del arsenal, se encontraban más de 15 tipos de armas pero solo fueron presentadas ante el jurado 4: una M-16, el AK-47, el M-60 y el RPG.

Una lección para la clase política centroamericana

Más allá de la decisión tomada por los 12 miembros del jurado, el juicio en contra de JOH fue clave para entender lo profundo que han llegado los tentáculos de las redes de narcotráfico y criminalidad organizada en las esferas políticas de Honduras y Centroamérica. 

En ese sentido, también es importante entender que la siempre cambiante dinámica en la región evita que se consoliden bloques de impunidad en beneficio de clases políticas. Por lo que, pese al poder que ostenten en sus países y las relaciones que mantengan con el Norte, el juicio de Hernández demostró que para la justicia estadounidense no existen aliados. 

Pero, por otro lado, el juicio de JOH debe ser considerado una lección para las clases gobernantes de la región de avanzar hacia la consolidación de Estados de derecho sólidos, que eviten la confabulación de funcionarios públicos  con el crimen organizado, al igual que el fortalecimiento e independencia de los sistemas de justicia.