Desde que la propuesta de ley fue publicada en redes sociales por el Gobierno, las cúpulas empresariales y otros sectores de la élite hondureña han hecho uso de todos sus recursos para provocar una fuerte campaña de desinformación, que ha traído consigo una serie de mitos respecto al alcance y efectos que esta reforma podría tener en las y los hondureños. 

Entre los bulos que más preocupación han infundido en la población hondureña es que esta ley gravará con impuestos las remesas, en un país donde tan solo en el 2022 se reportó el ingreso de más de 8 mil millones de lempiras en remesas, aproximadamente un 20% del producto interno bruto. Pese a que el Gobierno ha desmitificado estos argumentos, la inquietud se mantiene. 

Asimismo, la desinformación provocada por los grandes empresarios y las élites del país se ha basado en otros aspectos cotidianos de la vida de las y los hondureños, por ejemplo, la insinuación de aumento de precios de los productos de la canasta básica, la pérdida masiva de empleos y el incremento en la migración debido al aumento general del coste de la vida; argumentos que repetidamente han sido desmentidos. 

Esta iniciativa, ha demostrado la incapacidad de los sectores económicamente dominantes para dar paso a normativas que tengan como propósito disminuir las desigualdades sistemáticas en el país. 

Si bien, en el centro de esta propuesta de la Ley de Justicia Tributaria está buscar un mayor financiamiento para el gasto público del Estado y la inversión social, preocupa que los fondos que puedan ser recaudados a través de estas reformas sean cooptados por la corrupción y que no lleguen a las poblaciones más vulnerables de Honduras. 

Sin duda, la propuesta de la Ley de Justicia se plantea como uno de los posibles logros de este Gobierno, sin embargo, todavía falta mucho camino legislativo por recorrer que seguramente necesitará de negociaciones con actores de alto nivel para poder avanzar hacia un nuevo régimen tributario.