Entre las causas de la deforestación se encuentra la ganadería extensiva, que se practica incluso en áreas naturales protegidas. A esto se suma la presión sobre pueblos indígenas, sobre todo de la Costa Caribe.

“En el Caribe norte, la invasión a territorios indígenas ha sido violenta, generando asesinatos y desplazamiento forzado de familias”, denuncia el activista Amaru Ruiz. Mientras tanto, en el sur del país, territorio fronterizo con Costa Rica, aunque la violencia ha sido menor, el patrón de invasión se repite. “El régimen intentó imponer planes de ‘convivencia pacífica’ para legalizar la permanencia de colonos en territorios indígenas invadidos”.

Entre 2018 y marzo de 2024, se documentan 67 incidentes violentos en territorios indígenas: masacres, muertes violentas y desapariciones, dejando un total de 161 víctimas. Así lo reveló el informe “Violaciones y abusos a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, elaborado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos (Ghren) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Otras actividades que han impactado a la naturaleza son la minería artesanal, la pesca con bombas químicas y el uso excesivo de agroquímicos, que forman parte de un cóctel tóxico que afecta a los suelos y a las fuentes de agua. Por otro lado, Amaru advierte que el tráfico de fauna continúa en aumento. “No solo para el comercio nacional, sino también para la exportación”.

Todas estas actividades son consentidas por el régimen Ortega-Murillo, que ha entregado la cuarta parte del país (23%) a empresas mineras. Por otra parte, en 2023, empresas chinas recibieron 13 concesiones de explotación minera en 190 días. 

También, el régimen ha promovido la reconversión energética (tránsito de la matriz energética nacional de combustibles fósiles a energías renovables) como un logro climático. Sin embargo, Ruiz enfatiza en que “el precio del kilovatio en Nicaragua es uno de los más altos de Centroamérica”. Asegura que se trata de un negocio más que de un esfuerzo ambiental real.

En este sentido, también se refirió al fallido proyecto de Bioclima, financiado por el Fondo Verde del Clima y cancelado en 2024 por incumplimiento de políticas y salvaguardas ambientales y sociales, con el que Nicaragua perdió 116.6 millones de dólares. “El proyecto de Bioclima proponía la captación de carbono para el mercado voluntario, mientras en la práctica no se detenía la deforestación”, dijo.

La atención a los impactos climáticos tampoco ha sido priorizada. Ruiz señala que “la prioridad del país debería ser la adaptación al cambio climático, no la mitigación, pero el régimen prioriza donde hay oportunidades de negocio”. Y cuando los desastres ocurren, como con los huracanes Eta e Iota, la ayuda humanitaria termina siendo utilizada con fines políticos. “La ayuda humanitaria fue instrumentalizada políticamente por el régimen, beneficiando principalmente a su militancia”.

Desde 2018, la situación ha empeorado con el cierre de organizaciones ambientales. “El cierre de organizaciones ambientales ha generado un caldo de cultivo para que aumenten los procesos de deterioro ambiental en el país”, lamenta Ruiz. Y recuerda que todo este proceso tiene raíces profundas: “Desde 2007, con la alianza entre el régimen y el sector privado, se fortaleció un modelo de inversión extractivista sin enfoque en derechos laborales ni ambientales”.