Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Durante buena parte de su historia reciente, Costa Rica construyó su vida social y política sobre la idea de que la violencia extrema era un fenómeno ajeno, algo que ocurría fuera de sus fronteras o en contextos excepcionales, y esa percepción se sostuvo durante años porque los datos acompañaban ese relato, con tasas de homicidio relativamente estables, una presencia limitada del sicariato y un Estado que, con todas sus debilidades, conservaba control territorial suficiente como para evitar que la violencia letal se convirtiera en un elemento cotidiano. Pensar en una balacera en vía pública, en una persona asesinada frente a un comercio o en un cuerpo tendido en una calle residencial habría sido, hasta no hace mucho, un hecho extraordinario, capaz de paralizar comunidades enteras y ocupar durante días la atención pública.
Ese equilibrio comenzó a erosionarse de forma progresiva a partir de la segunda mitad de la década de 2010, cuando los homicidios iniciaron una tendencia ascendente que todavía no generaba alarma generalizada, pero que ya mostraba cambios en la naturaleza de la violencia, particularmente en zonas costeras y urbanas donde empezaban a consolidarse disputas asociadas al narcotráfico interno. Para 2018, el aumento dejó de ser coyuntural y se convirtió en una tendencia sostenida, y aunque durante 2019 y 2020 la pandemia desplazó parcialmente el foco mediático, el crimen organizado mantuvo su actividad, preparando el terreno para el quiebre que vendría después.
El punto de inflexión se hizo evidente en 2021 y quedó registrado con claridad en 2022, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó 661 homicidios, una cifra que en ese momento fue considerada histórica y que marcó la entrada del tema de la inseguridad en el centro del debate nacional. Sin embargo, ese registro terminó funcionando como antesala de un deterioro aún mayor, porque en 2023 Costa Rica alcanzó el máximo histórico de homicidios, con 907 asesinatos registrados por el Organismo de Investigación Judicial, seguido de 880 en 2024 y 873 en 2025, dejando como resultado los tres años más violentos en la historia del país.
La acumulación de homicidios no solo modificó los indicadores, sino también la forma en que la violencia se manifestó en el espacio público. Los asesinatos comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia en calles, barrios, comercios y espacios abiertos, desplazando la violencia desde ámbitos más cerrados hacia escenarios visibles y compartidos, lo que incrementó de manera directa el riesgo para personas ajenas a cualquier actividad criminal. Esto dejó como resultado personas con miedo de salir a la calle, que tal vez piensen en adquirir un arma, o en proteger al máximo su casa con el fin de no correr riesgos.
Según los registros del OIJ, cerca del 70 % de los homicidios documentados están vinculados a ajustes de cuentas, una categoría que refiere a disputas entre estructuras criminales, control territorial y venganzas, pero que no implica ausencia de daño colateral, sino únicamente que el motivo del crimen responden a disputas criminales , aunque sus consecuencias alcancen a terceros.
Esta tendencia se refleja en las palabras de Gerardo Castaing, investigador criminal retirado del OIJ y exdirector de esa institución, quien sostiene que el país experimenta una transformación profunda en la naturaleza de la violencia cuando afirma que “Costa Rica ha sido tradicionalmente un país democrático, un país de paz, en donde ha reinado la seguridad en forma general hasta hace unos años” y que ese esquema cambió porque “se apostó por la policía pacifista, por un tipo de policía civil que no tenía presencia en las calles, en los distritos, en los cantones”, de modo que “la presencia en la calle, el patrullaje en las calles, a pie, en vehículos, dejó de existir”.
Esa ausencia de presencia preventiva tiene un correlato directo en la evolución del fenómeno delictivo, y Castaing lo afirma con términos operativos cuando asegura que “no hay una forma preventiva contra el delito” porque la responsabilidad de la prevención primaria recae en la Fuerza Pública y los modelos utilizados “no han dado absolutamente ningún resultado”, una evaluación que debe leerse a la luz de un país donde los homicidios se situaron en niveles récord consecutivos durante tres años.
Para Castaing, la pérdida de control territorial por parte del Estado no es retórica, sino un dato funcional: “La delincuencia, empezó a crecer y se fue apoderando de las calles, se fue apoderando del ambiente hasta el punto de que ahora andan con armas de grueso calibre y deciden a quién matan, cuándo lo matan, cómo lo matan y lo matan”.
Los territorios donde se concentran más homicidios en Costa Rica no son aleatorios. Limón y Puntarenas, las dos provincias con mayores tasas de violencia letal, cuentan con puertos y rutas logísticas clave para el tránsito de drogas, lo que las ha expuesto de forma directa a la disputa entre estructuras del narcotráfico. En ese contexto, el sicariato se consolidó como una herramienta para imponer control territorial, resolver conflictos y enviar mensajes, haciendo que el homicidio deje de ser un hecho aislado y pase a formar parte de una dinámica criminal organizada.
La dimensión social de ese proceso se refleja en las palabras de Castaing cuando observa que “la estadística hace la normalidad. Un hecho de tanto repetirse se vuelve normal, y eso está ocurriendo en Costa Rica. Hay que tomar en cuenta que lo que ocurren son asesinatos y no solo homicidios. Entonces ya la gente lo está viendo como normal”, una advertencia que implica que la sociedad puede habituarse al volumen de hechos violentos y desplazar la atención hacia otros temas mientras el fenómeno letal continúa.
Durante los primeros años del aumento, el discurso dominante sostuvo que la violencia respondía principalmente a enfrentamientos entre delincuentes, una narrativa que fue reforzada incluso desde el Poder Ejecutivo, cuando el presidente Rodrigo Chaves afirmó que quienes morían eran, en su mayoría, criminales que se mataban entre ellos. Ese encuadre comenzó a resquebrajarse cuando los asesinatos se desplazaron hacia espacios públicos y empezaron a registrarse víctimas colaterales, personas sin vínculo alguno con el crimen organizado que murieron en balaceras o por impactos de bala perdidos, evidenciando que la violencia ya no estaba contenida dentro de los límites del mundo criminal.
El foco de la discusión no puede limitarse a los homicidios porque la inseguridad se expresa también en otros delitos que retroalimentan la percepción de deterioro social, pero la violencia letal sigue siendo el indicador más duro y el más objetivamente medible del fracaso de las políticas de prevención y control cuando estas mantienen cifras elevadas en varios años consecutivos.
Sin embargo, la explicación de estas cifras pasa por la evolución del crimen organizado en el país. Castaing distingue entre dos dinámicas que hoy conviven en Costa Rica: por un lado, el narcotráfico internacional, que utiliza el territorio como punto de entrada y almacenamiento de droga, y por otro, un narcotráfico interno que ha crecido en estructura y capacidad operativa hasta convertirse en el principal generador de violencia. Ese narcotráfico interno, según Castaing, “está generando toda la inseguridad en el país”, no solo por la cantidad de homicidios que produce, sino por su capacidad de establecer control territorial.
Ese control se materializa cuando las estructuras criminales imponen reglas sobre barrios y comunidades específicas, decidiendo quién vende droga, quién puede operar en la zona, qué grupos pueden entrar y cómo se resuelven los conflictos. Casos como el de Pecho de Rata o alias El Diablo, vinculados a disputas territoriales y al uso sistemático del sicariato, muestran cómo estas organizaciones sostienen su dominio mediante la violencia, pero también mediante el reclutamiento de jóvenes que cumplen funciones clave como vendedores, vigilantes, transportistas o sicarios, especialmente en contextos marcados por la deserción educativa y la falta de oportunidades laborales. De esta forma, el homicidio deja de ser un hecho aislado y pasa a cumplir una función concreta dentro de una lógica criminal organizada que se reproduce de manera constante en los territorios donde el Estado perdió presencia, y además, se convierte en una fuente de trabajo.
Este crecimiento de mercados criminales de alcance interno se conecta directamente con la incapacidad para golpear financieramente a las estructuras que los sostienen, lo cual incluye el lavado de dinero (legitimación de capitales) como motor implícito de la violencia. Castaing afirma que “el lavado de capitales en el país es sumamente alto” y que “el Instituto contra las Drogas, que es el encargado de luchar contra el lavado de dinero, tampoco da abasto”, un señalamiento que pone sobre la mesa la debilidad institucional y la insuficiencia de mecanismos de control financiero frente a economías ilícitas en expansión.
La capacitación de las fuerzas de seguridad, la disponibilidad de recursos humanos y la voluntad política aparecen de manera reiterada como factores inseparables en el diagnóstico sobre la inseguridad en Costa Rica, no como conceptos abstractos, sino como condiciones concretas que determinan la capacidad del Estado para prevenir, contener y desarticular estructuras criminales.
Gerardo Castaing ha señalado de forma explícita que “faltan consensos políticos” y que la ausencia de herramientas legales como una ley efectiva de extinción de dominio limita de manera directa la posibilidad de golpear al crimen organizado en su base económica, un señalamiento que adquiere especial relevancia cuando se observa el periodo comprendido entre 2023 y 2025, durante el cual el país registró los niveles más altos de homicidios de su historia sin que se produjera una reversión sostenida del fenómeno.
La fragilidad institucional que describe este escenario se vuelve más visible cuando se analizan casos que evidencian vínculos entre el poder estatal y estructuras criminales. El caso de Celso Gamboa, en este escenario, es peligroso, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el recorrido institucional que las antecede.
Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Seguridad Pública, Gamboa ocupó durante años posiciones estratégicas dentro del aparato estatal antes de ser vinculado a investigaciones por narcotráfico internacional y posteriormente solicitado en extradición por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Más allá del desenlace judicial de su caso, el hecho de que una figura con ese nivel de poder político y judicial lograra mantenerse durante tanto tiempo en cargos clave sin que los controles institucionales detectaran o detuvieran posibles nexos con el narcotráfico se convirtió en un punto de referencia para comprender cómo el crimen organizado no solo se expandió en los territorios, sino que encontró márgenes de tolerancia, omisión o debilidad dentro del propio Estado.
Al mismo tiempo, la respuesta institucional frente al aumento de la violencia se ha concentrado en medidas que evidencian más bien un carácter reactivo que preventivo. La creación del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido como CACCO, fue presentada oficialmente como una herramienta para enfrentar al crimen organizado, aunque en la práctica responde a una urgencia distinta: el colapso del sistema penitenciario costarricense, un problema estructural que se arrastra desde hace años y que se manifiesta en hacinamiento, pérdida de control interno y limitadas capacidades de gestión en los Centros de Atención Institucional y la Cárcel de La Reforma.
El CACCO no surge como un centro diseñado para desarticular redes criminales complejas, sino como una respuesta tardía a la saturación de un sistema carcelario que dejó de cumplir su función básica de contención, y cuya inauguración, realizada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, reforzó el simbolismo punitivo de la medida sin resolver las causas estructurales que alimentan el crimen organizado fuera de los muros penitenciarios.
Esta combinación de altos niveles de violencia homicida, ausencia de consensos políticos, limitaciones legales, penetración institucional y respuestas centradas en la contención carcelaria contribuyó a un escenario en el que, según Castaing, la confrontación entre poderes del Estado y la falta de control efectivo “transmiten hacia la sociedad patrones de comportamiento” que colocan a las estructuras criminales en una “situación de confort”, facilitando la expansión de su accionar. La secuencia 2023–2025, al concentrar los años más violentos de la historia del país, terminó por convertir la inseguridad en un problema medible y atribuible a decisiones concretas en materia de política pública, diseño institucional y capacidad de ejecución, más que en una preocupación abstracta o circunstancial.
De cara al proceso electoral de 2026, la inseguridad se consolidó como uno de los ejes centrales del debate político, con propuestas claramente diferenciadas que reflejan lecturas distintas sobre las causas del problema y las vías para enfrentarlo. Desde el oficialismo y sectores afines, candidaturas como la de Laura Fernández (líder de todas las encuestas de intención de voto), así como las de José Aguilar y Fabricio Alvarado, han planteado enfoques centrados en una justicia de carácter punitivo, que incluyen la suspensión de garantías individuales en determinados contextos, la construcción de megacárceles y el endurecimiento de las penas como mecanismos para contener la violencia y el crimen organizado. Lo que se refuerza con la amistad pública entre los mandatarios Chaves y Bukele, evidenciando una tendencia hacia el “bukelismo” en temas de seguridad.
En contraste, otras propuestas han puesto el énfasis en el fortalecimiento tecnológico y la coordinación interinstitucional. El planteamiento del C5 impulsado por Álvaro Ramos desde el Partido Liberación Nacional propone un modelo de integración de información, vigilancia y respuesta que busca articular a las distintas instituciones de seguridad bajo un mismo sistema de comando y control. Paralelamente, figuras como Ariel Robles y Claudia Dobles han insistido en enfoques que combinan prevención social, fortalecimiento del sistema educativo y refuerzo del control policial en zonas costeras y territorios estratégicos, con especial atención a la recuperación del control territorial como condición para reducir la violencia.
