Otro muro nos separa: nicaragüenses refugiados en Costa Rica

diciembre 18, 2020

10 min

La migración en tiempos actuales acarrea muros gigantescos, que no precisamente son de ladrillos, y no se limitan a la movilización de centroamericanos hacia Estados Unidos o Europa; hay una realidad más cercana que ha construido muros a base de mitos que excluyen, xenofobia que mata, desigualdad y exclusión social que roba la dignidad humana, y un discurso colonial de seres que se creen superiores a otros y otras, atreviéndose a arrebatar derechos humanos. En este escrito explicaré cuál es el nuevo muro que separa a Nicaragua y Costa Rica: la realidad actual de los  nicaragüenses bajo la condición de refugio. 

Migración histórica

La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica es histórica y tiene distintas causas que explican estos sucesos. A finales del siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, un primer flujo de migrantes económicos provenían principalmente del departamento de Rivas -en Nicaragua- y se movilizaron a trabajar en el enclave bananero y a la vida ferroviaria, entre otras labores donde era utilizada su mano de obra. Entre los años 30 y 70 había flujo de migrantes que buscaban empleos en Costa Rica o que huían de la dictadura somocista , no obstante, estos últimos grupos no fueron masivos.

El segundo período se da con mayor intensidad en los años 80 con la llegada al poder del Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN) y la ruptura del tejido social en Nicaragua; en este periodo, la migración se da por razones políticas y de persecución a través de la instauración del Servicio Militar Obligatorio en 1983 y, consigo, la llamada contrarrevolución. Luego, entre los años 1900 y 2000 se da otro flujo fuerte de migrantes en busca de mejores condiciones económicas, aquí se reconoce que hubo más de 200, 000 nicaragüenses que migraron por estas  razones.

Finalmente, abril 2018: la crisis socio-política de Nicaragua nuevamente vuelve a ser portadora de noticias en el plano de las migraciones. A partir de la masacre orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, nicaragüenses se vieron obligados a desplazarse hacia el vecino país del sur por razones de orden político, llegando principalmente por los llamados “puntos ciegos”. Se dieron en mayor proporción entre junio, julio y agosto; meses donde se ejecutó la llamada “operación limpieza” destinada a eliminar las barricadas a punta de balas y encarcelamientos de manifestantes. 

Las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica no han parado desde 2018 ya que, de acuerdo con los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, hasta los primeros meses de 2020 había cerca de 101,000 solicitantes de refugio, de los cuales al menos 86,000 son nicaragüenses.

Otro muro nos separa

Es decir, el electorado rompió el bipartidismo porque creyó que el PAC era la respuesta para detener el austericidio neoliberal y la corrupción, pero el saldo fue la aprobación de una reforma fiscal regresiva, de una ley de empleo público con grandes concesiones a sectores conservadores, una ley anti-huelgas que debilita la movilización social y el debilitamiento de conquistas básicas como la jornada laboral de 8 horas, y para llegar a esto, el PAC recurrió a usar como moneda de cambio los derechos humanos de las mujeres y la población LGBTIQ para obtener votos conservadores. Lo anterior, sumado a escándalos de corrupción como el CementazoCochinilla y Diamante terminan por romper la promesa democrática para una gran parte del electorado, que acumula confusión, impotencia y descontento, y empieza a buscar respuestas en las retóricas autoritarias, xenofóbicas y conspiranoicas de la extrema derecha. 

Por todo esto, la primera amenaza a la democracia electoral no es que tipos como Rodrigo Chaves lleguen al poder, sino que, aún cuando el electorado vote por castigar la corrupción y por distribuir de forma justa el peso de la crisis, se les mienta en la cara y se continúe gobernando en favor de las élites, erosionando la confianza en el sistema democrático. Es decir, la condición de posibilidad del populismo de derecha es la decepción de las grandes mayorías ante la incapacidad del sistema de hacer que sus vidas mejoren. Como nota al pie, es importante mencionar que fue el mismo PAC quien importó a Rodrigo Chaves para que asumiera como Ministro de Hacienda, como un guiño a los grupos empresariales que se sentirían apadrinados por un tecnócrata neoliberal que difícilmente tocaría sus intereses, aunque su retórica hoy diga lo contrario. 

Pero hay otra amenaza: la de caer en reduccionismos bipolares. Si bien Rodrigo Chaves representa a nivel simbólico un refugio para las peores prácticas machistas, que ahora se verán envalentonadas y legitimadas desde la oficina más alta del país, no hay una sola causa ni dos ni tres por las cuales un millón de personas votaron por él en segunda ronda. Observando el mapa electoral es claro que las regiones costeras y fronterizas se inclinaron decididamente por Chaves, quien les dirigió un programa supuestamente anti-oligárquico, a sabiendas que el largo abandono institucional en estas zonas es un caldo de cultivo ideal para candidatos que se venden como outsiders, de esos que ven en la miseria un botín electoral. 

Seguir creyendo que las provincias periféricas únicamente votan por populistas de derecha por su conciencia conservadora es ignorar o justificar las políticas empobrecedoras de los últimos gobiernos, a la vez que se infantiliza al votante rural asumiendo que no tiene la capacidad de sacar conclusiones sobre su deteriorada realidad económica. Podríamos decir que el populismo de derecha tiende una trampa a estos sectores e intenta canalizar de forma distorsionada su descontento, pero lo mismo podemos decir del votante metropolitano de clase media, que creyó no una, sino dos veces en que el PAC era realmente un partido progresista. Ese electorado privilegiado que hoy dice “hay que volver a las calles” pero durante el último gobierno no pestañeó ni una vez cuando se aprobó toda la legislación regresiva, incluyendo la ley anti-huelgas que imposibilita movilizarse a sectores importantes de los movimientos sociales, ¿a qué calles quieren volver, a las que siempre estuvieron ocupadas por movimientos campesinos, sindicatos, y estudiantes que fueron reprimidos y judicializados durante los gobiernos del PAC?

Que sea virtualmente imposible robar una elección en Costa Rica no es sinónimo de que seamos una democracia funcional. Reflejo de eso es lo poco que cambian las cosas a pesar de la extrema volatilidad en el voto. Lo del 3 de abril fue un ejercicio traumático y masoquista, donde la mayoría del electorado fue a votar con disgusto, con miedo, con asco, preguntándose cómo dos de los candidatos más cuestionables llegaron a segunda ronda. Ya hace varias elecciones en Costa Rica se vota en contra y no a favor, como si no tuviéramos derecho a soñar porque nuestros sueños no son “presidenciables” o son ilógicos para el sentido común neoliberal. ¿De qué sirve una “democracia ejemplar” si nos producen náuseas sus resultados? 

En síntesis, a Costa Rica ya no le alcanza con vivir de las palabras, de decirse pacifista, ambientalista, igualitaria y democrática, porque la realidad cada vez más dista de esa ilusión. Las élites y las transnacionales siguen acumulando riquezas a costas de la precarización de la mayoría, y siguen capturando los espacios institucionales y clausurando la protesta social. Esto, sumado a un presidente que inevitablemente va a decepcionar a la mayoría del país, nos podemos preguntar ¿qué sigue? ¿Hasta dónde vamos a llegar si seguimos erosionando la confianza en la democracia? 

“Maldito país que obliga a salir para buscar refugio en Costa Rica, porque quien migra forzadamente solo busca salvar su pellejo de la muerte o de la cárcel”

Existen tantos obstáculos que desgastan la noción de protección de la persona que busca refugio y paradójicamente lo que encuentra son miles de dificultades, nuevamente se enfrenta a la vulneración de sus derechos: por huir de un país que no garantiza su seguridad y por resistir en el país de acogida.

Igualmente, debe cuestionarse el rol de organismos internacionales como ACNUR -ente creado para proteger y velar el cumplimiento de los derechos de las personas solicitantes de refugio y refugiadas-, más allá de sus esfuerzos, se quedan cortos en el aseguramiento de derechos de esta población; se requiere beligerancia, acuerdos con el gobierno costarricense que bajen hasta la población solicitante de refugio y refugiada, atención a las necesidades inmediatas y un acceso a condiciones mínimas que garanticen un refugio digno. 

El rol que juega el Estado costarricense es clave en el abordaje de esta situación, evidentemente les rebasa, y en tiempos de pandemia se vuelve más complejo para la población en condición de refugio. Se necesita pasar del discurso “pro derechos humanos” a la práctica con funcionarias y funcionarios públicos que dejen de negar derechos, además de revisiones a las normativas y a los procesos bajo los cuales se someten personas que solicitan refugio, labores beligerantes para detectar empresas que contratan mano de obra nicaragüense bajo condiciones de explotación laboral y se requieren políticas sociales que aporten a la eliminación de acciones que vulneran derechos humanos. 

La xenofobia, la desigualdad y exclusión social a la que se enfrentan migrantes y refugiados nicaragüenses no cesará mientras no se trabaje desde las raíces del problema; con una compresión de la dinámica de movilización que ha unido históricamente a Nicaragua y Costa Rica por razones económicas, de conflicto armado, y persecuciones políticas. Son dos países que tienen historias en conjunto, cuentan con familias binacionales, se dependen mutuamente y, sobre todo, quienes migran son seres humanos que merecen la garantía a sus derechos.