Estado de emergencia ambiental, protestas contra la mina más grande de la región y la venta de hectáreas de la selva del Darién, fueron los hechos más destacados del 2023 para Panamá. Si bien el año cerró con una victoria popular, con el cierre del proyecto Cobre Panamá, aún hay temas que afectarán a la población y en los que el gobierno aún no da respuestas. La Defensoría del Pueblo de este país colocó al derecho al medio ambiente como el segundo más vulnerado por el Estado en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 2023.
“El derecho al ambiente sano también es vulnerado por el inadecuado manejo de desechos, la minería a cielo abierto que generó conmoción social, la falta de estrategias ante la crisis hídrica que desencadena en la calidad del servicio de agua potable; también es importante prestar atención a aplicación de medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático y prevenir casos como el traslado de los habitantes de Gardí Sugdup”, expresaron en su comunicado.
Este año, Panamá se declaró en Estado de Emergencia Ambiental, debido a una sequía prolongada por las altas temperaturas, la evaporación y la falta de lluvia, a consecuencia del fenómeno del “Niño”. Esta situación ha afectado la producción de agua potable y los lagos artificiales que abastecen a la población y sirven para el cruce de barcos en el canal interoceánico. Los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente indican que las temperaturas aumentarán y que afectaran especialmente la producción agropecuaria. El estado de emergencia se prolongó hasta mayo de 2024.
Por otro lado, denuncias sobre la supuesta venta de 326 000 hectáreas en Darién a la sociedad panameña Sinclair Panama Oil Corporation, revivieron en la opinión pública un viejo problema sobre los permisos de exploración petrolera en este país. El gobierno nacional de Panamá negó en un comunicado que “a la fecha” haya otorgado algún tipo de concesión, permiso u solicitud presentada para la exploración o explotación de petróleo u otros tipos de hidrocarburos en esa provincia o en alguna parte del territorio nacional. Sin embargo, estos permisos existen desde el 11 de abril de 1923, según lo publicado en el diario oficial de esa fecha.
La concesión de exploración fue adjudicada a la sociedad panameña Sinclair Panama Oil Corporation, para explotar las fuentes o depósitos de petróleos o hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de las tierras públicas o privadas. Organizaciones han denunciado que dicha concesión de exploración de petróleo se encuentra en el Territorio Ancestral de Tagarkunyala. En el año 2017, el Registro Público lo convirtió en titulo de propiedad a favor de la empresa Sinclair Oil Panamá, sobre un área total de 326 000 hectáreas de tierra, sin tomar la invasión a la propiedad colectiva de la Comarca Emberá – Wounaan (constituida legalmente en 1983 y en el año 2000 se constituye legalmente la Comarca Kuna de Wargandí), y de las comunidades que buscan ser reconocidas mediante la Ley 72 del año 2008, como Tierras Colectivas.
Al mismo tiempo, y tras la firma de una concesión por 20 años que el gobierno dio a la multinacional canadiense First Quantum Minerals Ltd., la población salió a las calles a exigir el cierre de la mina Cobre Panamá. Así, Panamá se convirtió en el grito contra la minería durante el 2023, frente a la mina más grande de Centroamérica. Jóvenes, trabajadores, ecologistas, sindicatos y ciudadanía en general salieron a las calles para exigir justicia ambiental y una mayor protección de la población más vulnerable, luego de este acuerdo que fue firmado sin consultar a todos los sectores y a puerta cerrada, como lo denunciaron varias organizaciones.
Luego de varios días de marchas y cierres a nivel nacional, el 3 de noviembre, el presidente Cortizo sancionó la Ley de Moratoria Minera, que rechaza las solicitudes de concesiones mineras que, a la fecha, acumulaban aproximadamente 103. Asimismo, con dicha ley caducan 14 contratos vigentes con otras empresas mineras, ya que el art. 4 establece que ninguna concesión podrá ser renovada o prorrogada. La lucha contra la minera concluyó en la declaración de inconstitucionalidad del contrato ley 406, que permitía la operación de la minera Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Mineral. Lo anterior conlleva, entre otros, el cese de operaciones y el cierre de la mina. De este proceso, se conocen las fases de un plan de acción que se ejecutará en 2024 y que fue presentado el 19 de diciembre por el Ministro de Comercio, Jorge Rivera.
El Plan de Acción para la Transición Post Minería comprenderá de 3 estrategias:
— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) December 19, 2023
➡️El cierre ordenado y definitivo.
➡️Defensa del Estado ante arbitrajes internacionales.
➡️Sustitución sostenible de la minería metálica en el PIB nacional.
Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, expresa que se esperaban acciones más firmes luego de la declaración de inconstitucionalidad del contrato, como la fiscalización de las entradas y salidas en los puertos de material fruto de la explotación minera o una hoja de ruta para realizar auditorías ambientales y analizar el estado del agua en la zona de la mina. Sin embargo, no existe nada concreto, lamenta.
“Desde entonces -el fallo de la Corte- no hemos visto una hoja de ruta clara, certera, con acciones firmes por parte del gobierno. Del ministro de Ambiente esperábamos, primero que todo, su renuncia, como sucedió con el entonces ministro de Comercio. No se ha dado porque simplemente está huyendo de la ciudadanía, porque hay una vigilia que los ciudadanos le hemos montado frente al Ministerio de Ambiente exigiendo su renuncia y acciones concretas en el plan de cierre de la mina, y no pasa ni una cosa ni la otra. Lo que dice el ministro hoy es cómo se iniciará en tres etapas, da algunas luces generales pero no hay un cronograma, no hay un una estructura ni quiénes la conforman. Ha sido muy diluido, muy flojo, muy dilatado, porque vamos a cumplir la otra semana un mes del fallo y han sido los ciudadanos del área de la mina, los que han estado cuidando la entrada fiscalizando. Hemos sido los ciudadanos los que hemos puesto las denuncias, las acciones, pidiendo la renuncia de los funcionarios que deben renunciar”.
Pese a esta falta de respuestas y lo que falta por caminar hacia el cierre de la mina, Raisa considera que la lucha no fue en vano. ”El pueblo panameño recuperó la dignidad, recuperó el sentido de patria, el sentido de pertenencia y recuperamos el sentido de país hacia dónde queremos ir, todavía no estamos claros de cómo se construye, pero sabemos que queremos un Panamá verde, un Panamá sostenible, un Panamá que valore el agua y su riqueza natural como su mayor activo y en defensa de ese activo es que tenemos que impulsar nuestras acciones desde lo político, lo empresarial y sobre todo los ciudadanos”.
Raisa Banfield hace un llamado a la gestión colectiva y articulada de la naturaleza en la región, sin fronteras geopolíticas ni estructuras que impidan que la población sea salvaguarda de los bienes comunes.