Estado de emergencia ambiental, protestas contra la mina más grande de la región y la venta de hectáreas de la selva del Darién, fueron los hechos más destacados del 2023 para Panamá. Si bien el año cerró con una victoria popular, con el cierre del proyecto Cobre Panamá, aún hay temas que afectarán a la población y en los que el gobierno aún no da respuestas. La Defensoría del Pueblo de este país colocó al derecho al medio ambiente como el segundo más vulnerado por el Estado en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 2023. 

“El derecho al ambiente sano también es vulnerado por el inadecuado manejo de desechos, la minería a cielo abierto que generó conmoción social, la falta de estrategias ante la crisis hídrica que desencadena en la calidad del servicio de agua potable; también es importante prestar atención a aplicación de medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático y prevenir casos como el traslado de los habitantes de Gardí Sugdup”, expresaron en su comunicado.

Este año, Panamá se declaró en Estado de Emergencia Ambiental, debido a una sequía prolongada por las altas temperaturas, la evaporación y la falta de lluvia, a consecuencia del fenómeno del “Niño”. Esta situación ha afectado la producción de agua potable y los lagos artificiales que abastecen a la población y sirven para el cruce de barcos en el canal interoceánico. Los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente indican que las temperaturas aumentarán y que afectaran especialmente la producción agropecuaria. El estado de emergencia se prolongó hasta mayo de 2024. 

Por otro lado, denuncias sobre la supuesta venta de 326 000 hectáreas en Darién a la sociedad panameña Sinclair Panama Oil Corporation, revivieron en la opinión pública un viejo problema sobre los permisos de exploración petrolera en este país. El gobierno nacional de Panamá negó en un comunicado que “a la fecha” haya otorgado algún tipo de concesión, permiso u solicitud presentada para la exploración o explotación de petróleo u otros tipos de hidrocarburos en esa provincia o en alguna parte del territorio nacional. Sin embargo, estos permisos existen desde el 11 de abril de 1923, según lo publicado en el diario oficial de esa fecha. 

La concesión de exploración fue adjudicada a la sociedad panameña Sinclair Panama Oil Corporation, para explotar las fuentes o depósitos de petróleos o hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de las tierras públicas o privadas. Organizaciones han denunciado que dicha concesión de exploración de petróleo se encuentra en el Territorio Ancestral de Tagarkunyala. En el año 2017, el Registro Público lo convirtió en titulo de propiedad a favor de la empresa Sinclair Oil Panamá, sobre un área total de 326 000 hectáreas de tierra, sin tomar la invasión a la propiedad colectiva de la Comarca Emberá – Wounaan (constituida legalmente en 1983 y en el año 2000 se constituye legalmente la Comarca Kuna de Wargandí), y de las comunidades que buscan ser reconocidas mediante la Ley 72 del año 2008, como Tierras Colectivas.