A la empresa minera se le otorgan “los derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el cobre”, en un área total de 12 mil 955.1 hectáreas en la provincia de Colón, a 240 km de la capital. Contempla “ingresos anuales” de 375 millones de dólares para el Estado, es decir, 10 veces más de lo que se percibía con el contrato anterior que data de 1997, año en que la concesión fue aprobada sin estudios de impacto ambiental. 

Este acuerdo se debatió sin consulta de todos los sectores y a puerta cerrada, así lo denuncia Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible. Ella comenta que fue hasta que la comisión de Economía y Comercio de la Asamblea Nacional aprobó que el debate se haga público, cuando se conocieron los detalles del documento. “Esto permitió que se abriera el debate y que llegara a través de los canales de la Asamblea a nivel nacional y la gente empezara a entender la gravedad y profundidad de lo que aquí se estaba empeñando. Vieron la barbarie de contrato que el Estado panameño estaba firmando con una empresa extranjera que, básicamente, les cedía parte del territorio nacional para hacer un enclave no sólo minero, sino eléctrico, de retención de agua, portuario, o sea, con todos los beneficios y una serie de y excepciones en pagos de impuestos, de dividendos y de cánones”.

Luego de varios días de marchas y cierres a nivel nacional, el 3 de noviembre, el presidente Cortizo sancionó la Ley de Moratoria Minera, que rechaza las solicitudes de concesiones mineras que, a la fecha, acumulaban aproximadamente 103. Asimismo, con dicha ley caducan 14 contratos vigentes con otras empresas mineras, ya que el art. 4 establece que ninguna concesión podrá ser renovada o prorrogada. La única vigente a la fecha es la concesión de First Quantum Minerals, que tiene una demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Suprema en 2017 y de la cual se espera una decisión en los próximos meses. 

Para Banfield, es importante que la Corte Suprema declare inconstitucional este contrato, “porque daría herramientas sólidas para la defensa del país en instancias internacionales”. Esto, previendo una demanda de la empresa contra el Estado Panameño, lo cual, para la activista ambiental, es inevitable.

“Lo que estamos buscando los panameños es encontrar la forma de demostrar su ilegitimidad también ante instancias internacionales para defendernos de una empresa que no solo nos ha saqueado y ha sacado oro y otros metales durante dos años sin pagar nada, so pretexto de que no tienen contrato, pero el pretexto de que no tienen contrato no ha impedido que sigan operaciones, porque ahí les sirve el pretexto de mantener los empleos y con ese juego han trabajado ilegalmente, incluyendo hoy donde hay un rechazo nacional porque la operación de ellos continua”.

Sin embargo, otras organizaciones siguen en las calles exigiendo al Estado la derogación de la ley 406, se declare o no inconstitucional. Una exigencia que se ha sumado al descontento social generalizado en este país.