La fuente principal de agua para El Salvador es el Río Lempa, el cual abastece a tres millones de salvadoreños. Nace en Guatemala y atraviesa parte de Honduras antes de llegar a El Salvador, por lo que depende de la protección que en estos territorios se le dé.  Esta fuente se encuentra amenazada por los proyectos mineros en esos territorios ya que aunque en El Salvador está prohibida la minería metálica desde el 2017, los proyectos cerca de las fronteras lo afectan directamente. En la actualidad se perciben posibles retrocesos de la Ley ya que el gobierno ha participado en Foros de Minería y la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas en 2021. Para este año 2023 se aprobó un presupuesto para revisar y actualizar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (McKinley, 2021).

Uno de los proyectos mineros entre cientos que amenazan actualmente a El Salvador es la Mina Cerro Blanco en Guatemala, actualmente es una mina subterránea pero la empresa canadiense Bluestone Resources busca obtener un permiso para una mina a cielo abierto, la cual es mucho más contaminante y representa un peligro por los desechos que tendría, ya que desembocarían en el lago de Güija; parte de la cuenca alta del Lempa. La Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), el Movimiento Ecofeminista, organizaciones salvadoreñas y guatemaltecas se han organizado para denunciar las afectaciones de este proyecto ya que no sólo afectaría a las poblaciones sino a más de 220 especies de aves y 14 especies nativas de peces de El Salvador; fuente de alimento e ingresos para las comunidades del lago (Amaya y Avelar, 2022).

Como parte del trabajo de las organizaciones se logró una consulta municipal de vecinos el 18 de octubre de 2022 en donde el 87.98% dijo NO a la mina Cerro Blanco, pero se enfrentan a la petición de declaración de ilegitimidad hecha por parte del Ministerio de Economía y Minas (MEM) de Guatemala y la empresa Elevar Resources, justificando que la Municipalidad no tenía la atribución para la consulta. Según el análisis jurídico de integrantes de la Mesa Frente a la Minería Metálica la Consulta de Vecinos tiene su asidero en el Código Municipal, y es un derecho de los habitantes de una circunscripción territorial determinada, por lo tanto válida. El 30 de noviembre la Corte Constitucional notificó que el amparo en contra de la consulta, interpuesto por la empresa en Jutiapa, no procede, con ello se le ordena al juez que revoque el amparo provisional concedido, lo cual califican las personas defensoras ambientales (PDA) como un buen indicador y se espera que la sentencia sea favorable (Ayala, 2023). 

Mientras tanto, no hay respuesta o activación de alguna comisión de negociación que vele por una gestión transfronteriza de esta problemática por parte del gobierno de El Salvador.  Se puede observar que este tema vital para la población no es prioritario. Para las comunidades la minería no es viable, ya que afecta todo su entorno, por ello se han opuesto a pesar que han sido amenazados y hasta asesinados.