Por otro lado, es importante hacer referencia a la violencia intrafamiliar, la cual afecta desproporcionadamente a las mujeres. De acuerdo a información oficial de la Fiscalía General de la República se registraron 1,188 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante el 2020, siendo los principales rangos etarios: 18-30 años: 355 y 31-40: 337⁶. Cabe señalar que el contexto de pandemia y la medida de confinamiento obligatorio dejaron  en evidencia el ambiente de vulneración que las mujeres, niñas y adolescentes sufren al interior de sus hogares. Pese a la disminución de denuncias en instituciones públicas, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el aumento significativo de la violencia. Por su parte, la estrategia gubernamental de prevención y contención del COVID-19 careció de perspectiva de género, lo que  colocó en una situación de especial vulnerabilidad a las víctimas.

​En efecto, ante el panorama de violencia y discriminación, la respuesta estatal a las vulneraciones más recurrentes contra las mujeres  no ha sido efectiva. Dentro de los desafíos de la administración de justicia, se encuentra el colapso de la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres. Pese a las elevadas cifras de violencia registradas, en el 2016 con la creación de dicha jurisdicción especializada, sólo se establecieron tres juzgados de instrucción y tres de sentencia, a nivel nacional. Como era de esperarse, el congestionamiento del sistema impactó en la tramitación de los procesos, la calidad de los servicios, y en términos generales, el acceso a la justicia de las víctimas. En este contexto, tuvieron que pasar casi cuatro años para la creación de dos juzgados más de instrucción. Medida positiva, pero insuficiente a la luz de las denuncias.

​Es importante destacar que la justicia es un derecho, que para el caso de la administración de justicia se materializa mediante la prestación de un servicio. Este debe ser de calidad para responder adecuadamente a las expectativas de la ciudadanía, en general. De ninguna manera, puede estar supeditado al género de la persona. Por lo que es necesario se genere el fortalecimiento institucional que permita avanzar hasta que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo, sin distinción ni discriminación.

​Asimismo, es preciso decir que garantizar una sociedad libre de violencia contra la mujer no sólo compete a las instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción del delito. Los tres órganos del Estado tienen obligaciones en esta materia. Por lo que se deben generar políticas públicas con enfoque de género que permitan un abordaje integral y oportuno de las diversas vulneraciones que tanto aquejan a las mujeres salvadoreñas. De manera tal, que incluso se avance a “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres” basados en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados que legitiman  o exacerban la violencia contra la mujer, de acuerdo a la Convención Belém do Pará.