Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
A lo largo de esta investigación se han expuesto irregularidades legales, actos de corrupción institucional, impactos ambientales irreversibles y una complicidad estatal que ha permitido que Gandoca-Manzanillo se convierta en territorio disputado por el capital y el crimen organizado. Pero todo eso, por muy grave que parezca, no habría sido posible de documentar sin quienes aún se atreven a mirar y denunciar lo que las autoridades deciden ignorar.
En esta historia hay quienes llevan décadas protegiendo el bosque. Y lo han hecho solos.
Porque defender Gandoca y el Caribe Sur nunca ha sido un gesto simbólico, sino una lucha diaria plagada de vigilancia constante, denuncias y resistencia. Quienes la asumieron han vivido el acoso judicial, las agresiones físicas, las amenazas de muerte, los allanamientos ilegales, el sabotaje en sus propias casas y una custodia que nunca cesa. Las instituciones que deberían haberlos protegido no solo se lavaron las manos, también les dieron la espalda y llegaron a tratarlos como enemigos.
Los testimonios reunidos aquí no están escritos para conmover ni para despertar compasión. Se presentan porque son parte indispensable para entender el costo humano del abandono estatal. Porque el sistema que dejó sin protección a los ecosistemas del Caribe Sur también dejó sin resguardo a quienes intentaron defenderlos.
A Marco Levy lo han amenazado tantas veces que ya ni lo menciona como advertencia. La primera locación donde el equipo de Hora Cero intentó entrevistarlo tuvo que ser evacuada por seguridad, para salvaguardar su vida, y la nuestra. Marco no podía pisar Gandoca, pero aun así, se sentó frente a la cámara y habló con nosotros sobre su vida como ambientalista.
Levy conoció el Refugio en los años ochenta, cuando llegar era una odisea; debían cruzar ríos en bote, caminos de tierra y una vegetación densa. “Era como una película vieja de Tarzán”, recuerda. Volvió cada año, vio cómo el paisaje cambiaba, y lo que comenzó como admiración hacia un paraíso tropical, se terminó convirtiendo en lucha.
En Tortuguero ya había enfrentado estructuras empresariales que saqueaban madera de terrenos del Estado. Más tarde, en el Caribe Sur, reconoció los mismos patrones, con nombres distintos, pero con la misma lógica. “Encontramos a un grupo de personajes que lograron conjuntar voluntades entre Municipalidad de Talamanca, Ministerio de Ambiente, SINAC, diputados… todos conspirando para saquear y reducir los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo”.
Marco los nombró uno a uno: Alan Pacheco, Emily Yossel, Luis Fernando Arias, Enrique Pucci, Jorge Molina Polanco, Edwin Cyrus, entre otros. “Edwin Cyrus es el autor intelectual de toda esta maraña”, dice sin rodeos. Afirma que esta sería una de las primeras estructuras de crimen organizado ambiental de Centroamérica. “Han logrado colocar diputados, directores de áreas de conservación, representantes en comités locales… todo está copado”.
Para Marco, la estrategia se consolidó en 2014. Señala que una comitiva de ciudadanos afrodescendientes fue llevada a la Corte Interamericana, presionando al Estado con un reclamo por violación de derechos ancestrales. De ahí surgió la Ley 9223, que redujo los límites terrestres del refugio. “El documento técnico parecía hecho en una servilleta”. Denuncia que todo formó parte de un plan para legalizar la explotación de zonas boscosas y marítimo-terrestres. “Descubrimos un negocio inmobiliario multimillonario, quizá más lucrativo que el tráfico de cocaína”.
Asegura que muchas de las propiedades involucradas están dentro de sitios Ramsar, de humedales, de anidación de tortugas. Afirma que el terreno de Alan Pacheco está en zona Ramsar. “Pero el gobierno ha omitido ese detalle en todas sus gestiones”. Dice que el SINAC simula esfuerzos, no ha delimitado el refugio a pesar de una orden de la Sala Constitucional del 2019. “No hay certeza, pero sí un proceder doloso, malicioso y una negativa sistemática a cumplir la ley”.
Habla de una “visión de desarrollo” impuesta, incompatible con el ecosistema. “Quieren construir hoteles de cuatro pisos en zonas de recarga acuífera, en bosques fundamentales para la calidad del agua. Todo sin un plan de ordenamiento territorial. Es un desarrollo desordenado, acelerado y corrupto”.
A Marco lo han vandalizado, entraron a su casa, pintaron las paredes, dejaron heces en su refrigerador y le reventaron las llantas de su vehículo. “Trataron de desestabilizarme emocionalmente, pero no lo van a lograr”, menciona.
Ha perdido la fe en el sistema. “El Poder Judicial es un cascarón. El SINAC también”. Lo que más le duele es esa pérdida de institucionalidad. Asegura que el problema es estructural: una falta de cultura ambiental, un sistema educativo pobre que enseña a memorizar y no a pensar. Y una población que responde más al empresario local —el que da empleo— que al mensaje de conservación. “El líder de opinión en la zona es el empresario que tiene seis empleados. Pero muchos de esos empleados, ni siquiera son de la zona, son centroamericanos mal pagados”.
Advierte que el Caribe Sur está siendo moldeado para un turismo de élite, desplazando la forma de vida local. “Lo que va a pasar en Gandoca-Manzanillo se va a replicar en todo el Caribe. Y si la gente no hace conciencia de lo que tiene, los van a despojar de lo más valioso”.
En la entrevista con Marco, estábamos frente a una playa de Limón, en un día oscuro y lluvioso, donde luego de conocer sus múltiples experiencias, le preguntamos si ha tenido miedo de perder la vida, y nos respondió con una resignación que asusta: “En el Caribe, uno se levanta y no sabe si se va a acostar.” Y no habla solo por sí mismo. Menciona a Jairo Mora, a Sergio Rojas, a los ambientalistas asesinados en Costa Rica. Pero insiste en seguir. “Es una bendición tener el privilegio de defender este lugar, y si tengo que perder la vida por defenderlo, lo voy a hacer”.
Marco tiene 68 años, 14 nietos y un cuerpo que ya muestra el desgaste de tantos años de lucha. En Costa Rica la jubilación llega hasta los 65, pero él, con tres más encima, sigue cargando sobre sus hombros la defensa del Caribe. Habla con una serenidad que desconcierta, mientras dice que ya no cuenta los años vividos, sino los que le quedan, los pocos que aún puede dar. Y aun así, no baja la guardia. “Seguimos en este esfuerzo, con ustedes, con quien se sume. A ver hasta dónde llegamos”, nos dijo con esperanza.
Phillipe Vangoidshoven nació en Bélgica. Tenía una vida resuelta, con trabajo estable, un futuro asegurado, la posibilidad de envejecer tranquilo, pero, atraído por los folletos turísticos del Caribe Sur, vendió todo lo que tenía para irse a vivir a Costa Rica y disfrutar del paraíso en su jubilación.. Su plan era sencillo: instalar un negocio pequeño, vivir frente al mar y pasar los años que le quedaban en calma.
Sin embargo, lo que encontró fue distinto. Los humedales, las playas y los bosques estaban siendo destruidos ante los ojos de todos, y fue ahí, donde tomó la decisión que le cambió la vida. Aprendió español, se formó por su cuenta en leyes ambientales y empezó a denunciar en el año 2000. Desde entonces no ha parado. Ha realizado más de 250 denuncias. En su Facebook guarda más de 3.000 fotos y videos, cada uno como prueba de lo que ocurre en Gandoca, esta es una de las razones por las que lo han vigilado, amenazado y golpeado.
Desde que empezó a documentar destrucciones ilegales en Gandoca-Manzanillo, su vida cambió por completo. Graba todo, documenta, archiva, envía denuncias, y lo hace porque, según dice, si él no lo hace, nadie más lo va a hacer. Durante la entrevista con Hora Cero, mientras nos dirigíamos al sitio acordado, detuvo el vehículo para registrar una quema ilegal y reportarla. Ni siquiera ese momento de conversación podía estar aislado de su rutina de vigilancia permanente.
Tiene seis cámaras de seguridad en su casa. Duerme con un arma a la par de la cama. Cambia de ruta todos los días, conduce con los vidrios abajo, por si necesita lanzarse en movimiento, situación que le ha tocado vivir en repetidas ocasiones, según nos comentó.
El precio de denunciar lo que sucede en Gandoca se refleja en cada parte de su cuerpo. En Punta Uva, mientras documentaba la destrucción de un humedal, un hombre armado con machete lo confrontó. Phillipe sacó su arma para disuadirlo, pero al intentar escapar en motocicleta, el agresor le arrebató el celular, que contenía toda la evidencia. Nunca lo recuperó.
Días después, el mismo hombre regresó. Le lanzó una piedra a su carro. El vidrio explotó. La piedra le fracturó un dedo; los médicos dijeron que debía amputarse. Phillipe se negó. “Soy zurdo —les explicó— necesito ese dedo para poder trabajar y vivir. No puedo perderlo”, y aunque la mano nunca recuperó su fuerza completa, pudo conservar su dedo.
En Playa Negra, al registrar maquinaria pesada en zona prohibida, menciona que dos miembros del Concejo Municipal de Talamanca lo atacaron. Lo golpearon con su propio bastón, lo ahorcaron, lo dejaron con heridas graves en cabeza, cuello y boca. “Intenté sacar mi revólver, pero me lo quitaron. Solo porque un profesor estadounidense intervino no me mataron”, dice. Por los golpes recibidos en este evento, perdió su dentadura inferior, razón por la cual se le dificulta hablar y comer.
Phillipe vive en medio de una persecución constante. Le han lanzado piedras a su casa con nombres escritos, le gritan desde vehículos, lo graban cuando camina por la calle. Asegura que todo se intensificó cuando comenzó a denunciar la relación entre ciertas estructuras locales y el narcotráfico. “Uno ya no puede distinguir entre el empresario y el narco”, comenta. Y cuando denuncia, las respuestas no llegan en forma de resoluciones, sino en forma de amenazas y violencia.
Vangoidshoven sabe que no hay respaldo. “Cuando uno denuncia, la respuesta no viene del Estado. Lo que viene es silencio. O violencia.” Y aun así, continúa. “Yo vine aquí para vivir tranquilo. Pero si para vivir tranquilo tengo que quedarme callado mientras destruyen todo, prefiero que me duela”.
Antes de que terminara nuestra conversación, mientras apagábamos la grabadora, Phillipe nos dijo una frase que no sonaba ni heroica ni exagerada, sino honesta, como quien ha vivido más de lo que cuenta: “Si me tengo que morir por cuidar Gandoca, lo voy a hacer. A mí no me importa la vida. Me importa este país, al que amo y he defendido por 25 años. Aunque, viendo hacia atrás, no haya servido de mucho”.
La historia que narró Ana Cristina Rossi en 1992 jamás pensó tener el desenlace que tuvo en 2024. La escritora, reconocida por ser la primera voz que relató la posible destrucción de los bosques de Gandoca, retrató en su novela La Loca de Gandoca una historia que para entonces parecía exagerada, casi distópica, pero que en 2024 se convirtió en una advertencia cumplida.
Aquello que Rossi escribió como ficción, era en realidad un testimonio temprano de lo que estaba ocurriendo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Desde los años noventa, Ana Cristina denunciaba las irregularidades en las concesiones, el silencio institucional y los pactos informales entre funcionarios y desarrolladores. Lo que hizo fue documentar, con las herramientas creativas que ofrece la literatura, un modelo de despojo que hoy se repite, pero con una fuerza multiplicada, la cual parece no detenerse.
Cuando llegamos a la casa de Ana Cristina, lo primero que sentimos fue una especie de quietud distinta, como si el tiempo ahí caminara más lento. En medio de estantes llenos de libros, figuritas de madera, velas encendidas y plantas que trepaban por las paredes, había una mesa de trabajo cubierta de papeles, anotaciones y objetos que contaban historias sin hablar. Y entre todo eso, ella nos enseñó una figura pequeña, gastada, parecida a un juguete.
Era un Myrmecophaga tridactylara, mejor conocido como el oso caballo. Lo sostuvo con cuidado, como una reliquia. “De estos había muchos en Gandoca”, nos dijo, mientras su voz se quebraba y salían algunas lágrimas de sus ojos. Después nombró ranas, estrellas de mar, manatíes que se acercaban a los manglares sin miedo, caballitos de mar, y una vegetación repleta de árboles impresionantes.
Habló de la selva viva que una vez escuchó desde su hamaca, de los colores, de los cantos nocturnos. Pero todo eso está ahora del otro lado del tiempo. Y mientras lo decía, abrazaba con ambas manos aquel oso caballo, como si sujetarlo fuera también sostener una memoria que se le escapó. Nos quedamos en silencio. Ese animal, según los registros, no se ha vuelto a ver en Costa Rica desde hace más de quince años. Y no es el único. Uno a uno, los habitantes silvestres de Gandoca han ido desapareciendo, desplazados por carreteras, hoteles, luces, ruido, y lo más complejo, por el abandono de quienes debieron protegerlos.
Para Ana Cristina, escribir tuvo un precio. Por atreverse a nombrar lo innombrable, por señalar responsables, por denunciar con nombre y apellido las estructuras de poder que estaban detrás de la destrucción del Refugio, recibió amenazas de muerte.
Ana Cristina asegura que escuchó su nombre en una reunión donde estaban presentes Emily Yossel, Luis Fernando Arias y Enrique Pucci. Allí, según su testimonio, se dijo que “había que apartarla del camino”. Días después, mientras conducía por una carretera de montaña, el volante de su vehículo se bloquéo, y estuvo a punto de caer en un precipicio, de no ser por un montículo de tierra que le ayudó a frenar. La revisión mecánica posterior reveló que la manivela, las llantas y la transmisión del carro habían sido alteradas.
Ese intento fallido de silenciarla terminó por empujarla al exilio. Ana Cristina decidió abandonar Costa Rica y se fue a vivir a Holanda. Lo hizo por seguridad, por necesidad, pero también como un acto de resistencia. Desde entonces, no ha vuelto a residir en Gandoca ni a acercarse físicamente a los terrenos donde alguna vez pensó en envejecer, es decir, el territorio que alguna vez la inspiró, terminó por expulsarla.
Ana Cristina Rossi no se ha callado. Sigue escribiendo, sigue denunciando, y ha hecho de su vida una trinchera desde la cual grita por quienes ya no pueden. Pero lo cierto es que hoy, más de tres décadas después de la publicación de su novela, la historia le dio la razón. La trama de La Loca de Gandoca ya no es una metáfora. Es una realidad que se impone con violencia sobre la selva, sobre el territorio, sobre la memoria. Y aunque el Estado costarricense ha guardado silencio ante las amenazas que la obligaron a irse, ella continúa siendo una de las voces más incómodas para quienes han hecho del Refugio un negocio. Porque su exilio, igual que su escritura, sigue siendo una denuncia vigente. No obstante, tal como nos lo mencionó, ya se siente “vieja y cansada”, y es una constante en los ambientalistas antes mencionados, todos son personas adultas mayores, todos han entregado su vida a la defensa del medio ambiente, pero al mismo tiempo, todos, ya desean descansar.
Jairo Mora Sandoval tenía apenas 26 años cuando lo asesinaron. Era biólogo, voluntario, oriundo de Gandoca, defensor de las tortugas baula que anidan en las playas del Caribe costarricense. Trabajaba en Moín, una zona costera que por las noches se convertía en un terreno hostil, dominado por el tráfico de drogas, la extracción de huevos de tortuga para su venta ilegal y el miedo. Pero Jairo no se detuvo. A pesar de las amenazas, siguió patrullando las playas, acompañado por jóvenes voluntarios y armado apenas con una linterna y una libreta.
Según informaciones de la BBC Mundo, Semanario Universidad y La Nación, el 31 de mayo de 2013, Jairo fue emboscado por un grupo de hombres mientras intentaba resguardar un nido de tortugas. Lo golpearon, lo maniataron, lo arrastraron. Lo obligaron a tragar arena junto con agua de mar, hasta dejarlo boca abajo, sin vida, en la playa que él mismo intentaba proteger. Horas antes había pedido más apoyo policial para patrullar, porque sabía que algo se venía. Nadie le respondió.
Su asesinato no solo conmocionó a Costa Rica, sino que encendió las alarmas a nivel internacional. La ONU, Amnistía Internacional, y decenas de organizaciones exigieron justicia. Pero el sistema no respondió con la misma fuerza. Años más tarde, aunque algunos sospechosos fueron detenidos, el proceso estuvo plagado de irregularidades, errores judiciales y dudas sobre la verdadera responsabilidad del Estado.
Jairo no murió en una zona de guerra. Murió en una playa paradisíaca, mientras cuidaba la vida silvestre de su país.
Quien recorra los archivos judiciales de Costa Rica, difícilmente encontrará sentencias firmes por delitos cometidos contra defensores ambientales. No es casualidad. En un país que se presenta como líder en conservación, quienes han alzado la voz para proteger sus territorios, sus manglares, sus humedales, han sido relegados al silencio, al exilio o a la muerte.
La constante en sus relatos no es solo el abandono del Estado, sino su complicidad. No se trata de simples omisiones, sino de estructuras institucionales que castigan al denunciante y premian al infractor. Quienes deberían investigar, protegen al crimen organizado. Quienes deberían actuar, hacen caso omiso. Quienes deberían defender, conceden. Y al final, quienes deberían vivir en paz, aprenden a dormir con cámaras de seguridad, a modificar sus rutas y a despedirse de sus familias antes de salir de casa, sin saber si van a regresar.
Lo más engorroso no es lo que ya ocurrió. Es que, si no se detiene, todo esto puede volverse costumbre. Porque el Estado no solo abandonó a los bosques. También abandonó a quienes los defendieron. Y en ese abandono, dejó abierta la puerta para que el crimen organizado no solo comprara tierras, sino que pudiera comprar también el silencio. Y el silencio, si no se nombra, se repite, y solo queda el eco de lo que algún día fueron las voces de resistencia en Gandoca.
Durante años, Costa Rica se ha posicionado ante el mundo como un modelo de sostenibilidad y paz. Su nombre resuena en foros internacionales como referencia ambiental, país de parques nacionales y santuario de biodiversidad. Y aunque esa narrativa tiene sustento —porque el país sí fue pionero en políticas ambientales—, con el paso del tiempo, ese imaginario verde comenzó a resquebrajarse. Lo que esta investigación reveló, es que bajo esa fachada verde se esconde un sistema que ha sabido adaptar sus leyes, instituciones y narrativas para permitir la destrucción del mismo territorio que dice proteger.
En Gandoca-Manzanillo, lo legal se volvió un instrumento del despojo. No se trata de un fallo aislado, ni de simples omisiones administrativas. Se trata de una estructura sostenida, donde funcionarios, empresarios, diputados, abogados y hasta figuras judiciales han operado como parte de un engranaje que beneficia al capital inmobiliario, en detrimento de los bosques, los humedales y las comunidades.
Aquí los decretos modifican refugios, los estudios de impacto ignoran humedales, los permisos de tala se firman sin revisar, y las instituciones que deberían fiscalizar terminan avalando al crimen organizado. Se firman papeles que desprotegen, se redactan leyes que permiten construir donde antes estaba prohibido, y se callan voces que denuncian. Mientras tanto, el bosque desaparece, los animales huyen y los ríos se contaminan.
Esta investigación apunta a una evidencia concreta: la destrucción de Gandoca no fue un accidente. Fue posible porque existieron personas con poder que lo permitieron. Porque hubo instituciones que fallaron. Y porque cuando alguien se atrevió a decirlo en voz alta, fue perseguido, golpeado o asesinado.
Los testimonios recopilados, los documentos analizados y los patrones observados confirman que el Caribe Sur de Costa Rica está siendo rediseñado para intereses que no responden al bien común. La complicidad institucional ha llegado al punto de permitir el avance del narcotráfico en zonas protegidas, de ignorar las denuncias de ambientalistas amenazados y de mirar hacia otro lado mientras se levantan hoteles donde antes anidaban tortugas.
Costa Rica no es un caso único en la región. Pero lo que ocurre en Gandoca es más complejo, porque contradice todo aquello que el país ha dicho ser. Esta no es solo una historia de defensa ambiental. Es una historia sobre cómo se derrumba un sistema. Sobre cómo la selva se perderá no solo por el cemento, sino por los portillos legales, por la indiferencia política y por un miedo que se extiende entre quienes aún resisten.
Durante esta investigación, Hora Cero habló con activistas amenazados, funcionarios denunciados, empresarios implicados, diputados, fiscales, jueces y vecinos de la zona. Se accedió a actas municipales, medidas cautelares, permisos forestales, estudios de impacto ambiental, registros de propiedad, sentencias judiciales, informes del SINAC y testimonios vivenciales. A través de estas voces y documentos, concluimos que el resultado no es solo una cadena de fallos y errores, sino un sistema que funciona con eficiencia cuando se trata de destruir la reserva.
En Gandoca-Manzanillo no falló una sola entidad. Falló toda la institucionalidad. Falló el control del territorio. Falló la justicia. Falló el Estado. Y cuando quienes denuncian deben esconderse, huir o callar; cuando los funcionarios que deberían proteger el bosque redactan los permisos que lo desmontan; cuando la ley se vuelve instrumento de despojo y no de protección; ya no hablamos de un problema ambiental, hablamos de un país que dejó de cumplir su promesa de conservación.
Las tucas de madera que salieron del refugio en 2024 de los bosques de Gandoca, no fueron el inicio, sino la consecuencia de más de 30 años de insistencia por instaurar un modelo de desarrollo destructivo en el país.
Y si nada cambia, la próxima reserva en desaparecer no lo hará por error ni por negligencia. Lo hará, como Gandoca, con el aval del sistema.
