Hora Cero
junio 16, 2025
Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial en asuntos económicos, mano derecha de Ortega y uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista fue puesto en un régimen de casa por cárcel por la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es el mismo Ortega. Según fuentes consultadas por medios de comunicación nicaragüenses, Arce está bajo dicho régimen desde el 26 de julio. Su oficina, ubicada en el Reparto El Carmen —muy cerca del perímetro de la de Ortega y Murillo—, al igual que su vivienda permanece vigilada por policías.
Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales Arce fue puesto bajo arresto domiciliario. Su retención responde a un patrón que la dictadura implementó desde 2021 contra aspirantes de oposición y precandidatos presidenciales. Este consiste en impedirles salir de sus hogares e instalar un cordón policial en el perímetro. La diferencia es que el régimen lo ha impuesto hacia uno de sus más cercanos operadores, alguien que, hasta hace poco, conformaba el círculo de confianza de los copresidentes.
El patrón es similar al impuesto a otras figuras dentro de los círculos de poder del régimen. El ejemplo más destacable es el de Humberto Ortega, hermano de Daniel. Previo a su fallecimiento, el 30 de septiembre de 2024, Humberto fue confinado a permanecer en su casa tras brindar entrevistas a medios internacionales. En un audio divulgado después de su muerte, declaró ser un “preso político” de su hermano. Otro caso que ejemplifica el encarcelamiento contra figuras leales al sandinismo es el de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Desde el 26 de julio de 2024, se encuentra bajo arresto domiciliario de facto, incomunicado y despojado de sus dispositivos electrónicos junto a su esposa, Arlen Cuadra (exmagistrada del Tribunal Laboral).
A la lista también se le suman una serie de cuadros históricos del sandinismo que han sido encarcelados, desterrados u obligados al exilio debido a la represión:
Arce fue uno de los nueve comandantes que conformaron la Dirección General del Frente Sandinista, tras el triunfo de la revolución en 1979. Según las “Memorias de la lucha sandinista”, de la también comandante e investigadora Mónica Baltodano, Arce fungió como coordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional, que era la máxima responsabilidad partidaria antes de que se creara el cargo de Secretario General, asumido por Daniel Ortega. En aquella década, su trabajo consistía en encargarse de las cuestiones ideológicas del partido.
En 1990, tras la derrota electoral del sandinismo por la Unión Nacional Opositora (UNO), Arce desarrolló actividades empresariales. En su libro “La revolución perdida”, el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, señaló que en la primera etapa de la revolución no había “millonarios”, pero que después, tras “la piñata”, sí hubo, y Arce fue uno de los que construyó su capital a raíz de ello. Este proceso permitió a los comandantes de la revolución quedarse con bienes del Estado mediante una serie de leyes aprobadas entre marzo y abril de 1990.
Medios de comunicación independientes como La Prensa, ubican a Arce como uno de los hombres más ricos de Nicaragua. En 2009, dicho medio reveló la construcción de una mansión en un paraje alejado al sur de Managua. Para entonces, el valor del inmueble era cercano al millón de dólares de la época. Su enfoque empresarial después de los noventa lo llevaría a convertirse, posteriormente, en asesor presidencial en asuntos económicos del gobierno sandinista.
Tras el retorno de Ortega en 2007, se convirtió en asesor. Fue una pieza clave en el modelo de “diálogo y consenso” que el régimen impulsó con el gran capital del país. Un modelo que priorizó los negocios y el desarrollo empresarial, a expensas de un autoritarismo cada vez más creciente. Entre 2007 y 2018, Ortega mantuvo un fuerte vínculo con el sector privado, quienes callaban la represión ejercida contra grupos de la sociedad civil. Este modelo se agotó en 2018, tras el estallido social de abril.
El modelo impulsado con Arce como punta de lanza tuvo una gran incidencia en las políticas públicas del país. Una investigación realizada por el colectivo Connectas arrojó que se acordaron conjuntamente 124 (40%) de las 326 normas aprobadas entre 2008 y 2018. El asesor fungió como el principal operador del poder en la estrategia de alianzas económicas con el gran capital nicaragüense e internacional.
En mayo 2018, el operador estuvo presente en la primera mesa del Diálogo Nacional entre el régimen y sectores de la sociedad civil. Durante ese año brindó una entrevista a la cadena Univision, en la cual aseveró que la Policía “perdió el control” al reprimir las manifestaciones. También dijo que Ortega “se equivocó” con las reformas a la Seguridad Social, las cuales fueron el último detonante de las manifestaciones que encendieron el malestar social de 2018.
“Pues sí, yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial para analizar la propuesta y presentar alternativas desde el punto de vista de ello”, respondió con un pragmatismo que lo caracteriza.
No obstante, el régimen mantenía un modelo en el que diversos politólogos y analistas alertaron su agotamiento. Uno en el que se reprimía toda disidencia, se mantenía el clientelismo y, con su opacidad, propiciaba la corrupción.
El régimen ha dado un nuevo giro en el que apuntalan la represión contra quienes forjaron los cimientos de su poder. Aliados, referentes emblemáticos y figuras centrales del sandinismo son perseguidos en la nueva lógica autoritaria de los copresidentes. Una lógica que aparenta priorizar la supervivencia de la dinastía a expensas del cuadro histórico de una revolución cada vez más desdibujada de sus líderes, y enfocada en su totalidad en una sola familia.
