Venezuela: 10E y el Cisne Negro de la revuelta popular 

Maldito País

enero 9, 2025

Si la unidad opositora en torno a MCM y la confianza de sus bases de apoyo en el cambio posible fueron importantes, el elemento clave en las elecciones del 28 de julio fue que, por primera vez, el discurso opositor logró conectar con las mayorías populares, que se activaron para dejar constancia de su malestar.

Publicado inicialmente en rialta.org

Este próximo 10 de enero de 2025 debería ocurrir en Venezuela la juramentación de un nuevo  presidente para el período 2025-2031. Si Nicolás Maduro es el protagonista del acto, se  materializará el fraude electoral más escandaloso –y evidente- de los últimos años en la región,  que profundizará la presencia venezolana en el podio olímpico de las actuales dictaduras en  América Latina, junto a Cuba y Nicaragua. Sin embargo, una potencial revuelta popular pudiera  ser el Cisne Negro que, de nuevo, desvíe el curso de la historia.  

A pesar que Hugo Chávez ganó las elecciones en el año 2012 con más de 8 millones de votos,  su mayor cifra desde el año 1998 cuando arribó por primera vez a la primera magistratura,  cualquier observador cuantitativo podía corroborar que la curva electoral de la oposición estaba  creciendo más velozmente que la del bolivarianismo. Era cuestión de tiempo que ambas se  encontraran. El fenómeno se catalizó apenas un año después. Tras la desaparición de Chávez  su heredero político, Nicolás Maduro (NM), ganó las elecciones con apenas 1.49 de margen  porcentual sobre su contrincante, perdiendo en 5 meses 600 mil votos respecto a la anterior  votación bolivariana. Maduro, quien había desempeñado el rol de canciller durante los años  2006 al 2012, no poseía mayor ascendencia pública sobre el universo del socialismo del Siglo  XXII. Con este antiguo sindicalista y militante de la Liga Socialista el deslave de popularidad del  chavismo se iniciaría irreversiblemente.  

La ausencia de carisma unida con una crisis económica, luego del fin de la década de los  commodities que disminuyó sustantivamente los ingresos estatales por exportación de petróleo  y gas, fueron un coctel explosivo para un chavismo que, ante la ausencia de su líder, había  decidido, paradójicamente, castigar a los sectores populares que constituían su base tradicional  de apoyo. Con NM se inició la era de las redadas masivas en los barrios del país, primero con  los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y luego con las Fuerzas de Acciones Especiales  (FAES). Aunque las autoridades responsabilizaban a las sanciones de su propia ineficacia,  cuando una purga interna encarceló a Tareck El Aissami, parte del círculo de confianza de  Hugo Chávez e importante funcionario durante su gobierno, acusándolo de haberse robado  21.000 millones de dólares, la gente sacó rápidamente cuentas: ¿Con cuánto se habrán  quedado los demás?  

Luego del fin de ciclo de protestas del año 2017, Maduro aprovechó el reflujo disidente  adelantando 8 meses las elecciones, por lo que la oposición mayoritaria decidió no participar.  En ese momento, la única manera que tenía el heredero del legado para ganar votaciones era  por fortfait. Haber intentado estrategias de confrontación e insurrección, sin éxito, generó los  consensos necesarios para que la oposición decidiera participar en el siguiente proceso  electoral. Para acordar una candidatura unitaria se realizaron votaciones primarias, en las que  participaron 2.4 milllones de personas, escogiendo a María Corina Machado (MCM) por un  sorprendente 93.4% de las papeletas. Estas primarias no sólo ratificaron la idea de la necesaria  unidad opositora, también creó una nueva arquitectura del liderazgo democrático, legitimando a  voceros variopintos ideológicamente como Delsa Solórzano, Enrique Márquez o Andrés  Caleca. 

Cuando un fenómeno sustituye a otro

Quien recuerde la campaña electoral venezolana del año 1998 confirmará que fue una donde  Hugo Chávez emergía como fenómeno político, generando un entusiasmo popular de una  magnitud tal que no necesitaba de encuestas para pronosticar su victoria en las urnas. Un  acontecimiento similar ocurrió en el año 2024, cuando María Corina Machado comenzó su gira  proselitista por el país. A pesar que el gobierno la inhabilitó como candidata, y también bloqueó  la postulación de su sustituta, la filósofa Corina Yoris, la líder de la organización Vente  Venezuela logró encabezar una campaña electoral en condiciones muy adversas, logrando lo  que algunos pronosticaban como imposible: Transferir su popularidad al candidato que, por la  presión de Brasil, finalmente fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, el diplomático  Edmundo González Urrutia.  

Si la unidad opositora en torno a MCM y la confianza de sus bases de apoyo en el cambio  posible fueron importantes, el elemento clave en las elecciones del 28 de julio fue que, por  primera vez, el discurso opositor logró conectar con las mayorías populares, que se activaron  para dejar constancia de su malestar. La bisagra fue su abordaje de la separación de las  familias como consecuencia de la crisis migratoria. La frase “Traer a los hijos de vuelta a casa”  antagonizaba con las alusiones criminalizadoras de Maduro hacia los migrantes, a quienes  trataba como enemigos políticos y los ridiculizaba sugiriendo que habían ido a otros países a  “limpiar pocetas”. Nicolás Maduro era el candidato de la continuidad de la crisis, por lo que su  errático trato del éxodo forzado sólo era el primero de una secuencia de errores  comunicacionales en su campaña, que auguraban una derrota estrepitosa. Atrás quedaban las  imágenes de Hugo Chávez recitando el poema “Florentino y el Diablo” frente a una multitud  embelesada, entregada y frenética.  

Los resultados ratificaron los presagios de las principales encuestadoras del país. Edmundo  González recibió el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro fue favorecido con el 30%  de los sufragios. A pesar que el árbitro electoral anunció el triunfo del chavismo, nunca hizo  públicos los resultados detallados de los comicios, lo que sí hizo la oposición a través de dos  páginas webs: https://resultadosconvzla.com/ https://macedoniadelnorte.com, última que ha  recopilado videos con lecturas de resultados en 895 centros de votación. Los sectores humildes  reaccionaron a la mentira oficial protagonizando una revuelta popular en todo el país los días  29 y 30 de julio, la de mayor envergadura desde “El Caracazo”, donde se vandalizó  propaganda electoral de Maduro, se atacaron sedes policiales y de gobiernos e instituciones  locales y regionales y, lo más conocido, se derribaron 8 estatuas de Hugo Chávez, todo en los  territorios que eran considerados bastiones oficialistas. El Observatorio Venezolano de  Conflictividad Social (OVCS) registró 915 manifestaciones en esos dos días, eventos  inesperados para la mayoría de la intelectualidad opositora. Para detener la bola de nieve de la  poblada el propio Maduro ordenó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) calificó como “terrorismo de Estado”: Las detenciones intensivas, la delación  comunitaria, los mensajes amenazantes por redes sociales institucionales y la anulación  masiva de pasaportes. La persecución hizo que diferentes líderes políticos y sociales salieran  del país. Lo que mantuvo vivo el conflicto fueron las acciones autónomas de los familiares de  presos políticos, especialmente los adolescentes, frente a los centros de detención durante los  meses de noviembre y diciembre. 

Durante ese tiempo Nicolás Maduro promovió dos tipos de estrategias para mantener lo que se  proyectaba como un inminente gobierno de facto. La primera de ellas persuadir a su base de  apoyo, calculada en poco más de tres millones de personas, para mantener la mentira del  triunfo en las elecciones. Para ello relanzó el proyecto del Estado Comunal, reformando la ley  de jueces de paz comunales, bajo la cual se eligieron 28.374 “jueces de paz comunales”, el 15  de diciembre de 2024, en todo el país. Enmascarada en un discurso de participación, la  “Comuna” bolivariana –un ente inexistente en la Constitución de 1999- es un mecanismo de  control y gestión territorial remunerado que prescinde de la elección de funcionarios mediante  el voto universal, directo y secreto; altamente politizada y parcializada y, finalmente, sin  mecanismos de contraloría institucional e independiente. Asimismo, hay una tolerancia a la  extorsión generalizada de funciónarios a la población, una suerte de “pago” por el silencio y la  complicidad. Por otro lado, se han aprobado leyes para un mayor control y neutralización de la  disidencia, siendo la más grave la llamada “Ley Libertador Simón Bolívar”, que avala juicios en  ausencia, la confiscación de bienes, la inhabilitación política hasta 60 años y las penas de  prisión entre 25 a 30 años a quienes apoyen sanciones contra el país, desconozcan a las  autoridades o se consideren una amenaza a la seguridad de la nación, incluyendo medios de  comunicación.  

Con novedad en los frentes

Luego de haber sido forzado a exiliarse Edmundo González, el diplomático ganador de las  elecciones presidenciales en Venezuela, anunció que regresaría al país el 10 de enero para  juramentarse como primer mandatario. Una encuesta divulgada por la firma Clearpath  Strategies, de noviembre 2024, seguía dándole a MCM un apoyo generalizado del 70%. El  poder simbólico de esa popularidad intenta ser usado con la convocatoria a manifestaciones  durante los días 9 y 10 de enero, que estimulen una fractura a lo interno de las Fuerzas  Armadas. Lo lógica política sugiere que no habrá cambio de situación posible si el chavismo  mantiene la cohesión que ha mostrado luego de las elecciones. Y un pilar de esa unidad han  sido los uniformados. Este esfuerzo supone que dentro del Ejército queda un residuo de  institucionalidad. Que los castrenses pudieran desobedecer órdenes movidos por un superego  democrático tras haber sido testigos de los resultados, en el llamado “Plan República” en las  mesas de votación. Para reforzar esta convocatoria MCM, quien había pasado a la  clandestinidad en las últimas semanas, anunció que encabezaría las movilizaciones.  Paralelamente Edmundo González intentaría ingresar al país, acompañado de una comitiva de  expresidentes latinoamericanos.  

Cuando esta nota se escribe la mayoría de los presidentes latinoamericanos habían anunciado  que no asistirían a una eventual toma de posesión de Nicolás Maduro. Luego de las elecciones  las autoridades habían expulsado del país a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica,  Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, quienes abiertamente desconocieron los  resultados anunciados por el CNE. A la lista se suma Paraguay, con quien Maduro rompió  relaciones el 7 de enero, tras su reconocimiento como presidente a Edmundo González.  Siguiendo la metáfora izquierdista Colombia y Brasil, y por inercia México, realizarán un  “reconocimiento crítico” del nuevo período madurista, enviando a sus embajadores en terreno a  la toma de posesión, pero a ningún otro funcionario de envergadura. Esta actitud fue descrita  por el argentino Bruno Bimbi, como “la traición de los progresistas de buena parte del mundo” a la causa democrática de los venezolanos, dejando el espacio vacío para ser ocupado por  representantes del espectro conservador. “La culpa esta toda, enterita, de nuestro lado”, afirmó  en un tuit de su perfil en X. La nota discordante de la ambigüedad zurda la constituye el  presidente chileno Gabriel Boric, que ha sido tajante en rechazar lo que considera, sin medias  tintas, “el fraude electoral perpetrado por el régimen”.  

Con o sin florituras, el chavismo tiene abierto un boquete en su frente internacional como nunca  antes. No obstante, también el consenso revolucionario interno ha comenzado a hacer aguas.  El Partido Comunista Venezolano (PCV) se enfrentó electoralmente a Maduro, con duras  críticas al chavismo, apoyando al candidato Enrique Márquez, quien fungió de vicepresidente  del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la época final de Hugo Chávez. Márquez también  atrajo la figura de Juan Barreto, quien creó el partido Redes para ser parte de la coalición  electoral “Polo Patriótico”, sumando votos en elecciones anteriores de sectores descontentos  con el PSUV para el caudillo bolivariano. Otro tanto ha hecho el llamado “Frente en Defensa de  la Constitución”, conformado por antiguos ministros de Hugo Chávez, que también han  cuestionado el “triunfo electoral” del antiguo sindicalista del Metro de Caracas. Parte de este  archipiélago de antiguos militantes del oficialismo introdujeron un recurso judicial ante el  máximo tribunal del país para que se obligara al CNE a publicar los resultados detallados. El  resultado fue la inhabilitación del ejercicio profesional de la abogada María Alejandra Díaz  Marín, una conocida militante revolucionaria durante los tiempos del “zurdo de Sabaneta”, y la  imposición de una multa en su contra. Por su parte, el 7 de enero fue detenido el propio  Enrique Márquez. Finalmente, revolucionarios que siguen identificándose como chavistas  originarios, crearon la “Corriente Popular Comunes”, haciendo campaña por la liberación de los  presos políticos del 28J y cuestionando el fraude electoral.  

La indignación de las multitudes

Como demostró el caudal electoral materializado el 28 de julio, que incluyó el más de un millón  y medio de votos para Edmundo González emitidos desde la antigua base electoral cautiva del  oficialismo, pero especialmente la revuelta popular de los dos días posteriores, los sectores  populares han re-emergido como un actor definitorio en el país. Frente una clase media  disminuida y con sectores abogando abiertamente por una conciliación con la dictadura,  amplias mayorías han demostrado una interesante madurez política, fruto de su propia  experiencia acumulada en los últimos años, su ruptura con el imaginario bolivariano y la  convicción que no hay futuro posible con Maduro en el poder. Si los cálculos de MCM son  atinados, quien ha venido disfrutando de una racha de decisiones tácticas y estratégicas  eficaces, el 10 de enero sería el inicio de un nuevo período de conflictividad, similar a los ciclos  de protestas de los años 2014 y 2019, pero con la especificidad de ser protagonizados por los  habitantes de las barriadas del país. Si la indignación de las multitudes se concreta en el nivel  esperado, sería una oportunidad para, dentro del propio movimiento, ejercitar y fortalecer un  músculo autonómico y de auto organización comunitaria, que a mediano plazo generara  condiciones para la recomposición de los movimientos sociales independientes en el país.  

Aunque reiteradamente los venezolanos consideran cada hito político en términos de “batalla  final”, existe la percepción que, si el gobierno de Nicolás Maduro logra estabilizarse, tras  mostrarse inequívocamente como una dictadura, difícilmente se repetirán en un futuro las  condiciones actuales, que incluyen –con sus luces y sombras- un fenómeno aglutinante como 

lo es el de MCM. Venezuela pasaría a ser parte de la lista de crisis olvidadas, abriendo la caja  de pandora de los fraudes electorales en la región. De manera similar a Nicaragua, Maduro ha  anunciado una reforma constitucional, que acabe con el voto universal, directo y secreto, y de  sustentabilidad a un gobierno de facto. También pudiera cumplirse la proyección que casi dos  millones de venezolanos se sumarían a la diáspora.  

En 1910 Ricardo Flores Magón escribió: “La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte. ¿Hay  rebeldes en un pueblo? La vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia  y la industria”. Tras cerrar los canales instituciones, pacíficos y políticos de resolución del  conflicto, el chavismo parece condenar a la población venezolana a la rebelión. O a la  migración forzada. Veremos, en las próximas semanas, cuál de las alternativas, o alguna  variante híbrida, se impone.