La oligarquía nunca dejó el poder. Persecución contra exfiscales en Guatemala
Maldito País
marzo 20, 2023
¿Cómo terminaste trabajando en la CICIG y qué casos llevaste?
Primero empecé trabajando cinco años en el organismo judicial, luego tres años y medio en el Ministerio Público como analista criminal y luego pase a CICIG en el año 2008, hice casi los 12 años que estuvo la CICIG en Guatemala, hasta que finalizó el mandato que fue en agosto del 2019. Era abogada litigante de casos de alto impacto, estuve vinculada en investigaciones, por ejemplo del caso del expresidente Portillo, de la vicepresidenta Baldetti, también en casos de relacionados con corrupción en el sistema penitenciario donde estuvo ligado a proceso Byron Lima, que era un militar de alto rango y fue condenado por el Caso Gerardi, también varios casos vinculados con corrupción en el Ministerio de la Defensa donde altos miembros de la cúpula militar fueron ligados al proceso. Tuve la oportunidad de poder trabajar en esos casos y de develar mucha corrupción que había incrustada y que lamentablemente ha vuelto a Guatemala.
Después de haber estado tanto tiempo dentro de la comisión ¿Qué significó para vos y tus compañeros el fin de la CICIG?
Fue un golpe muy duro porque habíamos logrado sentencias y sobre todo visibilizar cómo actúan las estructuras de poder. Estábamos acercándonos a temas muy complejos en donde ya tocábamos a cúpulas económicas. Luego vino toda esta situación donde declaran non grato al comisionado Iván Velázquez y se inicia toda esta campaña de desprestigio, no sólo en contra de él sino también en contra de varios de nosotros como litigantes y guatemaltecos. También fue quedarnos sin ningún apoyo, lamentablemente Naciones Unidas nunca nos reconoció como parte y eso también generó que nos quedáramos en un estado de indefensión y que fuera más fácil atacarnos como lo está haciendo ahora.
¿Cuáles fueron los mayores impedimentos que crees que tuvo la CICIG al momento de realizar su trabajo?
Al principio el gobierno estaba muy abierto a brindar la ayuda y cooperación para poder realizar las investigaciones, sin embargo conforme al transcurso de las investigaciones se fue detectando la corrupción, también la impunidad, dentro de todas estas redes de poder que están en las Cortes, en el Ministerio Público, en el Ministerio de Gobernación. Se fueron haciendo menos estrechos los vínculos y más complicado acceder a la información. Ya al final no todas las instituciones del Estado cooperaban, pese a que el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala establecía que tenían que cooperar y que tenían que hacerlo sin tanta burocracia. También el sector privado empezó una campaña de difamación para hablar en contra de la CICIG, los ataques en redes sociales fueron muy fuertes en contra de nosotros y ahora continúan. También creo que en algún momento no hubo una incidencia muy fuerte en políticas públicas para atacar de raíz lo que se estaba investigando, las reformas legales tampoco se abordaron de una forma más fuerte para acabar o por lo menos minimizar estructuralmente lo que estaba ocurriendo en el sistema penal guatemalteco.
Vos al igual que una decena de exfiscales tuvieron que salir del país por temor a represalias por parte del Estado ¿cuál es tu situación actual?
En febrero del año pasado me involucré de lleno en la defensa de todos los compañeros y compañeras, a raíz de eso me veo forzada a salir de Guatemala porque también empezaron los ataques hacia mí en redes sociales, amenazas y hostigamiento. Sin embargo, sigo vinculada con los procesos de las compañeras y compañeros apoyando desde acá. Ha sido muy difícil, no es lo mismo cuando tú quieres salir que cuando te ves forzada a salir.
Desde febrero que empezó toda esta ola de criminalización, nadie nos quería defender y entonces nosotras mismas asumimos la defensa de nuestras compañeras. No podemos confiar tampoco en muchas personas porque estamos frente a una cúpula militar, también contra personas vinculadas con el Estado directamente.
Ahora que ustedes hacen este trabajo de defensoría y vocería desde el exilio ¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a su trabajo? ¿Qué esperan ustedes de ellos?
Hemos tenido bastante apoyo, ha habido apertura a escuchar qué es lo que está sucediendo. Entidades como Amnistía Internacional declararon a una compañera presa de conciencia, fue una situación que trabajamos en conjunto para poder lograr que se hiciera esto. Hemos tenido apoyo con misiones diplomáticas que también han escuchado lo que se les ha dicho sobre la situación en Guatemala, sobre todo la falta de institucionalidad y la falta de poder defenderse de manera justa, con los estándares mínimos internacionales sobre debido proceso. Sin embargo, creo que nos falta más todavía, no solo necesitamos comunicados, sino también un poco más de presencia.
Justo mencionaste el caso de Virginia Laparra, exfiscal que ha sido presentada como presa política y su caso ha sido uno de los más mediáticos. El 16 de marzo nos enteramos que el exfiscal Orlando Salvador que llevó a juicio a Rios Montt fue detenido también, pero no solo se trata de ex operadores de justicia sino que escuchamos del arresto de periodistas y defensores de derechos humanos ¿Por qué crees que está sucediendo esta persecución sistemática que también va más allá de los fiscales?
El principal responsable es este grupo denominado Fundación contra el Terrorismo que son un grupúsculo creado en el 2013, fue creado -y así lo establecen sus estatutos- para defender a las personas -veteranos de guerra- vinculadas a temas de justicia transicional. Sin embargo, ellos dicen que van a defender el Estado de derecho y a recomponer lo que CICIG y FECI en su momento hicieron. Nosotros como CICIG y FECI nunca trabajamos casos de justicia transicional porque no era nuestro mandato, sin embargo, tocamos estructuras de poder vinculadas con personas del Estado y también con particulares que tienen mucho poder económico. Las cortes están también cooptadas, entonces obviamente están teniendo su momento de gloria y están tomando venganza.
Primero empezaron por CICIG, por FECI, por quienes trabajamos en contra de la corrupción y la impunidad, ahora vemos que dan un giro hacia personas como Orlando que llevó el casos de genocidio, procesó a varios veteranos de guerra vinculados con crímenes de lesa humanidad. Estos señores de la Fundación contra el Terrorismo se ufanan diciendo que van a llevarse a más personas que metieron presos a sus veteranos. Muchas personas que estaban siendo investigadas o que están siendo investigadas y que están también siendo criminalizadas han salido al exilio. Entonces se están quedando sin personas a quien perseguir, eso es algo muy perverso.
¿Vos crees que se puede trazar una línea directa entre la oligarquía responsable de los crímenes del conflicto armado y los grupos de poder actuales que persiguen a quienes denuncien la corrupción?
A mi criterio sí, porque antes era la matanza, ir a arrasar un pueblo, o porque pensabas diferente eras víctima de la desaparición forzada, en cambio ahora es la muerte civil y ellos mismos lo anuncian. Es una forma de también de matarte porque están anulando a las personas. Todos tienen miedo, por ejemplo, nadie quiere defendernos, nadie quiere hablar de nada a favor de nadie porque también se enfrentan a que los pueden criminalizar. Todo viene desde una estrategia muy elaborada por parte de personas vinculadas al Ejército que en Guatemala continúan teniendo el poder, el presidente está ahí pero ellos son los que mandan. También hay que sumar al empresariado que en su momento durante el conflicto armado interno, ellos financiaron también el conflicto y ahora ellos están financiando esta situación. Se ha dicho ya en varios medios de comunicación quiénes son los que están realmente financiando a esta Fundación contra el Terrorismo, tras de ellos está toda una generación de gente vinculada con el Ejército, vinculada con el empresariado, con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Entonces yo veo una guerra otra vez, pero de una manera distinta.
También nos hemos enterado sobre casos de defensores indígenas guatemaltecos que han debido exiliarse por la persecución política ¿Qué sucede en estos casos?
Creo que las defensoras y defensores de los pueblos indígenas, sobre todo desde los territorios que defienden el agua y los recursos naturales, ellos siempre han tenido una lucha importante. Sin embargo, a ellos también se les continúa criminalizando, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varias mujeres que están siendo criminalizadas por el hecho de defender territorios, porque están en contra de la minería. Por ejemplo en un pueblo hay 20 órdenes de aprehensión en contra de mujeres y solo se han podido ejecutar 5 y las otras 15 mujeres están escondidas. Hay otra población también que son 1500 órdenes de aprehensión entre hombres y mujeres. Ellos siempre han tenido estas luchas y ahora se trasladó al área urbana, donde se ha visibilizado más, pero ellos siempre han estado bajo acecho y esta creo yo que es también una oportunidad para unirnos.