Hora Cero
junio 16, 2025
Abajo las fronteras, nadie es ilegal por Cindy Espina
Un reportaje periodístico del medio Contra Corriente, de Honduras, informó que 7 jóvenes indígenas que trabajaban como jornaleros en La Orilla, una comunidad ubicada en el departamento de La Paz, fronterizo entre Honduras y El Salvador, fueron capturados por cuerpos de seguridad salvadoreños durante la medianoche del 2 de septiembre de 2023, acusados de asociaciones ilícitas. Han pasado más de 20 meses en los que las familias de los detenidos no tienen información de su paradero. Este caso es una muestra de una crisis causada por las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción, que ha afectado tanto a nacionales como a extranjeros.
Los indígenas lencas, originarios de El Pescadito, La Paz, trabajaban como jornaleros en la frontera, donde limpiaban terrenos y llevaban abono orgánico. Al final del día, descansaban en una casa compartida ubicada en el lado salvadoreño.
Esa noche del 2 de septiembre, según relata el medio, los jornaleros se encontraban descansando de sus labores cuando su sueño fue interrumpido por los gritos y sentencias de militares que les rodeaban. De nueve, siete fueron detenidos y trasladados al sistema penitenciario salvadoreño. Les acusaron de asociaciones ilícitas y de realizar rituales satánicos, basados en unas fotografías que, según familiares, no tienen que ver con actividades delictivas. Se sabe que dos de ellos eran menores de edad y ya fueron condenados a 10 años de prisión.
Los testimonios plasmados por el medio dan cuenta de torturas, humillaciones y amenazas, prácticas que han sido documentadas en el informe de Cristosal denominado “El silencio no es opción”. La mayoría de denuncias documentadas registran casos de detenciones arbitrarias donde el principal victimario es la Policía Nacional Civil.
El régimen de excepción es una medida impuesta por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desde marzo de 2022, como una respuesta al alza de homicidios por miembros de pandillas. La medida ha sido constantemente cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos ya que suspende varias garantías constitucionales. La política ha dado como resultado más de 85 mil personas encarceladas, muchas de ellas sin pruebas contundentes, con informes policiales cuestionables y sin acceso a la defensa o un debido proceso, según han denunciado organismos como Cristosal, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), entre otros.
Muchos de ellos eran el principal sustento de sus familias, lo cual ha dejado a estas en una condición vulnerable, sobrecargando a madres y esposas con las labores de cuido y de búsqueda de ingresos tanto para alimentar a los miembros de cada hogar como para los paquetes de artículos de higiene que deben hacer llegar a la cárcel, los cuáles rondan los 60 y 80 dólares. Esta situación es vivida también por las más de 3 mil mujeres que interpusieron una denuncia ante Cristosal por la detención arbitraria y abusos de alguno de sus familiares.
Provenir de una zona rural, con el agravante de ser indígena, ha sido otra característica de algunos detenidos de forma arbitraria por el régimen de excepción. Además de los 7 hondureños que permanecen en el sistema penitenciario salvadoreño, se conoció del caso de Leví Morales, hijo del líder indígena Silverio Morales, fue detenido el 11 de noviembre de 2022 cuando regresaba a su vivienda luego de realizar labores agrícolas en el cultivo familiar de jícamas. Según testigos, policías lo golpearon y acusaron de pertenecer a pandillas.
Leví pasó 17 meses en la cárcel. En ese periodo, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado emitió dos órdenes de liberación. La primera se hizo efectiva, pero su familia no fue notificada y fue recapturado, incumpliendo así la orden judicial. La segunda se hizo efectiva hasta el 15 de mayo de 2024, 15 días después de emitida por el Tribunal.
Miembros de la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), el Movimiento Indígena para la Liberación de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y el Colectivo Herbert Anaya Sanabria, afirmaron que hay alrededor de 25 personas detenidas bajo el régimen y que se denominan de pueblos indígenas.
Jazmín Tobar de 37 años tiene una historia familiar y de vida marcada por la organización social y las manifestaciones en California. Nació en Los Ángeles, es hija de padre salvadoreño y madre hondureña salvadoreña, ambos refugiados de la guerra en El Salvador durante los años ochenta.
Su historia la cuenta desde su celular en donde ha tomado la videollamada. Mientras con una mano sostiene su celular, con la otra refuerza las palabras que pronuncia, las cuales fluyen muy rápido, como un relato que ya ha contado varias veces. Jazmín inicia hablando de sus progenitores, quienes le enseñaron de justicia social, pero no querían que ella se involucrara en asuntos políticos o activismos. Pero el deseo de su papá y su mamá no logró cumplirse, porque en marzo de 2006 ella organizó a sus compañeros de clase para asistir a “la gran marcha” para demandar que no se aprobara la ley que pretendía tipificar como delito la estancia permanente en Estados Unidos de las personas que carecían de documentos de inmigración.
“Desde ahí no paré”, dice Jazmín mientras se le cuela una risa al recordar que hizo todo lo contradictorio a lo que querían su padre y su madre. Jazmín Tobar es doctora en Trabajo Social y es profesora de la Universidad Estatal de California, en el Departamento de Estudios Centroamericanos y Transfronterizos. Imparte clase de historia revolucionaria de Centroamérica y de la diáspora centroamericana en Estados Unidos. Dice con orgullo que es el único departamento de investigación sobre América Central en EE.UU.
Después de más de dos décadas de asistir a todas las manifestaciones, Jazmín ahora se encarga más de la logística de estas, sobre todo para garantizar la seguridad a sus vecinos y compañeras. Pero todo este tiempo, ella no ha sido solo parte de las protestas, sino que conoce y es una relatora y experta en la historia de los movimientos sociales en Los Ángeles, por lo que asegura que las marchas de junio en contra del ICE unieron a las organizaciones de base de esa ciudad y que la activación los ha llevado a ser más estratégicos.
Debido a que es verano, la doctora en Trabajo Social dice que tiene más tiempo para dedicarse al activismo en donde su trabajo se enfoca en apoyar a la comunidad centroamericana de Los Ángeles. Uno de esos trabajos es con el colectivo de Rapid Response y cuenta que el día anterior tuvo que ir al área sur de Los Ángeles para atender una llamada en donde le pedían ayuda para detener y documentar las redadas que el ICE llevaba a cabo en ese lugar. Jazmín cuenta que ese día el ICE no logró su objetivo, se fue del área, cree que fue porque llegó mucha gente a auxiliar a las familias que se encontraban amenazadas. Eso le da mucha satisfacción, aunque la contiene, porque prefiere no bajar la guardia.
En otras ocasiones, como parte del trabajo que realiza, ha tenido que apoyar a familias completas a realizar un plan en caso sean deportados. Para ella, esa es la parte más difícil de toda su labor comunitaria, porque ese acto de solidaridad también es un duelo por el avance de las políticas y leyes que en marzo de 2006 la animaron a salir a las calles junto a cientos de angelinos y por lo que aún lucha en las calles de su ciudad natal.
Las detenciones arbitrarias, violaciones a Derechos y abuso de poder denunciados por instancias de Derechos Humanos no han sido exclusivas para las y los salvadoreños. Como los 7 jornaleros hondureños, cientos de extranjeros se encuentran detenidos bajo el régimen de excepción.
Según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), hasta 2023 había 25 personas extranjeras detenidas, quienes se unen a las más de 400 personas extranjeras detenidas en el Centro Preventivo de Jucuapa. Esta cifra se infla luego de los acuerdos entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con El Salvador para recibir en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a más de 200 migrantes venezolanos. Estos últimos fueron liberados el pasado 19 de julio.
Los migrantes venezolanos denunciaron a diferentes medios de comunicación haber recibido torturas físicas y psicológicas dentro del CECOT.
El régimen de excepción impuesto desde 2022 y prorrogado en más de 30 ocasiones, es una de las medidas principales del gobierno de Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador. Sin embargo, las constantes denuncias de detenciones arbitrarias en contra de personas sin antecedentes penales o vínculos con grupos delincuenciales, permite un sistema que considera personas sospechosas a pobres, jóvenes, con el agravante de ser indígenas, extranjeros, campesinos.
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