8 años de impunidad: para Berta Cáceres, toda la verdad y toda la justicia

Maldito País

marzo 5, 2024

Krissia Girón

Berta Cáceres nació un 3 de marzo de 1971 y fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Este 2024 se cumplen 8 años del atroz crimen que continúa un largo camino en búsqueda de verdad y justicia. En el marco de su aniversario, su familia, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones Hondureñas y de diferentes países del mundo han exigido el encarcelamiento de todas las personas vinculadas, así como el cierre definitivo del proyecto que amenaza la vida del río Gualcarque y de la comunidad lenca.

El pasado 2 de marzo, el fuego vivo de Berta convocó, como cada año, a todo el COPINH, personas defensoras de derechos humanos y diferentes movimientos que se han unido a exigir justicia por su crimen y para el pueblo lenca. El octavo aniversario de la siembra de Berta Cáceres se conmemoró con poesía, música, baile y resistencia, recordando a Berta como una mamá, compañera, amiga y, sobre todo, “nuestra referencia ética y política”, como la nombró su hija y coordinadora general del COPINH, Berta Zúniga, en el discurso principal del aniversario.

Cada 2 de marzo es el día del llamamiento de Berta, afirma Zúniga, donde su fuerza espiritual llama al pueblo a defender los territorios, a la organización, a la defensa de la dignidad y de la justicia.

“Hoy estamos aquí, como a principios de marzo del año 2016, días que junto a las guías espirituales de Guatemala y Honduras, levantamos el primer fuego para convocar al espíritu de Berta Cáceres. Fuego que nos dirigió a iniciar la lucha por justicia para ella, para el pueblo lenca y los pueblos que viven los oprobios del extractivismo depredador, asesino y lleno de una ambición sin fin”, exclamó.

Durante su discurso, Berta Zúniga recordó elementos claves de la lucha del COPINH, luego de la muerte de su madre. Una lucha sostenida desde las comunidades y la fuerza de todo el pueblo lenca y del movimiento popular nacional e internacional, que empatizó y se unió a las causas justas de los pueblos indígenas, junto con la búsqueda de justicia para Berta y todas las personas defensoras asesinadas en Honduras. 

“La primera gran lucha fue señalar que el crímen contra nuestra compañera es un femicidio político que fue librado por las estructuras patriarcales, capitalistas y racistas que consideraban su acción y su pensamiento, una amenaza. Otro elemento clave fue sostener la lucha del COPINH, que con errores, con aciertos, reafirmó el compromiso de continuar en la defensa de los territorios del pueblo lenca y la reivindicación de nuestros derechos fundamentales. De ahí, arrancamos un gran camino de disputas que nos ha traído hasta el día de hoy. Y a pesar de las largas listas de acciones emprendidas, de tantas peleas libradas, unas perdidas, otras ganadas, y de tantas estrategias de lucha implementadas en distintos momentos, es importante traer a la memoria, las demandas con las que nació nuestra lucha, porque esas son las referencias en nuestro camino”, dijo. 

Recordó que uno de los primeros objetivos, luego del crimen, fue enjuiciar y condenar a los autores intelectuales, así como la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que amenaza al río Gualcarque. “Planteamos la determinación de las responsabilidades del Estado, sus estructuras judiciales, militares y policiales que propiciaron o promovieron el crimen. La desmantelación del modelo extractivo minero, construído bajo el gobierno del golpismo y sus gobiernos continuadores y que hoy, lamentablemente, está intacto. Además, la desmilitarización de las comunidades del pueblo lenca y la deducción de responsabilidades del sistema financiero internacional que siempre dijimos que con su dinero propició la construcción del ilegal, corrupto y asesino proyecto de Agua Zarca”.

El Caso

En noviembre de 2018, un Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete hombres por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato: Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Sergio Ramón Rodríguez. Este último fue ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), responsable del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en la comunidad Río Blanco, proyecto al que Berta se opuso de forma férrea, liderando la resistencia del pueblo lenca hasta el día de su asesinato. 

Cuatro años después, Roberto David Castillo Mejía, presidente de DESA, fue condenado a 22 años y seis meses de prisión como coautor del delito de asesinato contra Berta Cáceres. Según la página web del Ministerio Público de Honduras, Castillo Mejía concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca, lo cual fue comprobado con el vaciado de información de su celular, que contenía indicaciones de mantenerlo al día sobre las actividades del COPINH y los movimientos de la lideresa ambientalista indígena, así como el intercambio de mensajes entre la red de ejecutores del crimen y altos directivos de DESA. 

Castillo Mejía también está involucrado en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, juicio que evidenció la corrupción en el concesionamiento del proyecto Agua Zarca y que confirmó la participación de este y otros imputados en una red de empresarios, banqueros y funcionarios públicos que, por vías ilegales, obtuvieron financiamiento internacional y sostuvieron la violencia ejercida contra el pueblo lenca. Para el COPINH y la familia de Berta, este caso es la raíz de las amenazas a su vida, que detonó su asesinato y una ola de violencia en la comunidad. En este sentido, la organización asegura que la familia Atala Zablah, principal accionista de bancos a nivel regional y del proyecto Agua Zarca, propició una red criminal mediante financiamiento y contactos políticos, para atacar y violar los derechos de la comunidad lenca de Río Blanco y el COPINH.

En diciembre de 2023, el Ministerio Público encabezado por el fiscal general, Yohel Zelaya, anunció un requerimiento y orden de captura contra Daniel Atala Midence, quien era gerente financiero de DESA y considerado uno de los involucrados con la autoría intelectual del crimen contra Berta Cáceres. El anuncio propició su huída y hasta la fecha no hay información sobre su captura y enjuiciamiento. Atala Midence habría realizado movimientos bancarios dos días antes del asesinato de Cáceres, que incluyeron la transferencia de USD 1.2 millones entre su empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa) y la compañía Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa), propiedad de David Castillo, según denunció en abril de 2021 la acusación privada en la causa Berta Cáceres.

A nivel judicial, la causa de Berta Cáceres continúa abierta. Pese a que ya existen sentencias por este crimen, dichas condenas continúan en pausa. Los abogados defensores de todos los involucrados interpusieron recursos de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, lo que impide que las sentencias estén confirmadas. 

A través de un comunicado, tanto el COPINH como las hijas e hijo de Berta, lamentaron que el sistema de justicia aún no resuelva los recursos de casación, ni capture a Daniel Atala Midence. “Esta situación es una clara vulneración del derecho de acceso a la justicia para las víctimas y un lastre para la justicia en Honduras. Es además, una oportunidad para que las mafias empresariales corruptas pretendan incidir en la resolución”, expresaron.

Ellas y ellos exigen la instalación de un Grupo Internacional de Investigación de este crimen, que permita avanzar de manera transparente, justa y efectiva en la justicia para Berta, para desmantelar las estructuras criminales que están detrás de este y otros crímenes contra otras personas defensoras de derechos humanos.

Al respecto, Berta Zúniga expresó durante la conmemoración del aniversario de la siembra de Berta, que al no resolverse estas sentencias, fruto del esfuerzo del COPINH y de las comunidades indígenas de Honduras, quedarán al descubierto las intenciones de hacer retroceder este proceso de justicia. 

“No solo se han vencido todos los tiempos que, según las leyes, se establecen, sino que ya no podemos hablar ni siquiera de una mora judicial. Para nosotras, cualquiera de estas irregularidades es señal de que hay intenciones de hacer retroceder este proceso de justicia, que Honduras no sería extraño que en esto que llaman ‘la segunda instancia’, retrocedieran. Y estas sentencias, que no son ni por cerca lo que nosotros demandamos, deben defenderse a costa de todos nuestros esfuerzos y de toda nuestra energía, porque sabemos que esa incertidumbre es una amenaza y un peligro para la búsqueda de justicia”, expresó.

Además, afirmó que han trasladado al gobierno central su exigencia de cancelación del Proyecto Agua Zarca, pero no cualquier cancelación, sino una que evidencie las ilegalidades e irregularidades cometidas por la empresa DESA, y que los contratos que dan vida a esa concesión, sean declarados nulos. “Porque no queremos que DESA siga ganando por ningún proyecto que no construyó, por toda la violencia a la que nos sometió, que siga ganando por haber asesinado a nuestra compañera Berta Cáceres. El Estado debe hacer un proceso responsable y meticuloso para derivar en la cancelación de esos contratos. Alertamos que lamentablemente esa concesión sigue viva y se convirtió en un producto de especulación financiera que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) vendió a una empresa suiza y que están ahí con una intención. Eso nos alerta porque sabemos que esas empresas están haciendo algún tipo de movimiento para sacar algún provecho de esa ilegal concesión sobre el río Gualcarque”.

Zúniga se refiere a cómo el BCIE remató al por menor la deuda de Agua Zarca a Guillermo Bueso, presidente del Banco Atlántida. Según investigaciones periodísticas, con los 500 000 dólares de la venta de dicha deuda, el BCIE financió un proyecto de Ley de Consulta Previa, que planeaba facilitar el camino a los generadores privados de energía con al menos 115 contratos, incluyendo el reinicio del proyecto Agua Zarca.

Volverás y seremos millones

El día del llamamiento de Berta Cáceres es a la organización comunitaria lo dice su hija y el comunicado del COPINH, un llamado que invita a materializar la solidaridad entre los pueblos, al diálogo, al consenso, a la tarea compleja de “ponerse de acuerdo”. Además, exhorta a seguir la lucha por la preservación de las raíces indígenas, el derecho a vivir en armonía, por un futuro donde la espiritualidad y la naturaleza sean pilares fundamentales. 

“En estos años de lucha, hemos aprendido que la justicia va más allá de los tribunales; es un eco que resuena en la preservación de nuestra identidad, en la defensa de nuestros territorios y en la construcción de un futuro donde la voz de nuestras comunidades sea escuchada y respetada. Al recordar a Berta, recordamos también la importancia de preservar y fortalecer nuestras tradiciones, sabiduría y formas de vida. En este camino, no estamos solos ni solas y no desfalleceremos”, reza el comunicado.

El lema de este aniversario es “Para Berta, toda la verdad y toda la justicia”. Su hija asegura que no quieren que ella se convierta en un símbolo vacío. “Hoy que se ha declarado heroína nacional y que se ha dicho que va a aparecer en un billete, eso pone en peligro el hecho de que se convierta en un símbolo vacío. Por eso debemos asegurar mantener la integridad, la coherencia, la grandeza de su legado, para continuar con su lucha de reconstruir Honduras. Invitamos a cumplir con su memoria para mantener viva su palabra”.

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Krissia Girón

Productora radiofónica y audiovisual, periodista y comunicadora feminista de El Salvador. Editora a cargo de la sección Tierra Rebelde en HoraCero.