Rodrigo Chaves y Nayib Bukele se vieron por primera vez el 1 de junio de 2024, cuando este último tomó posesión de su segundo mandato presidencial, luego de reelegirse de forma inconstitucional, saltándose más de 7 artículos de la Carta Magna salvadoreña. “Nunca había conversado con él, pero quedé impresionado”, dijo Chaves en una entrevista a Canal 36 de Costa Rica. La impresión fue tal que, la segunda vez, lo premió y ofreció una cena de gala en su honor; la tercera, pasaron horas conversando sobre historia; y, la cuarta, la complicidad ya era tanta que sus proyectos de mega cárcel -y hasta su vestuario- hicieron match.
Costa Rica ha enfrentado una crisis de homicidios en los últimos años. Solo en 2025 se registraron 873, la tercera cifra más alta de su historia. Según Chaves, la solución es aplicar las políticas de seguridad que Bukele ha implementado en El Salvador: un régimen de excepción que lleva más 46 prórrogas, la militarización de las fuerzas de seguridad y la construcción de una mega cárcel, entre otras medidas.
Sin embargo, los logros de estas políticas están sentados sobre la base de más de 3 mil denuncias de violaciones a Derechos Humanos y detenciones arbitrarias, además de aproximadamente 466 muertes de personas en custodia del Estado y cientos de desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Por su parte, Bukele afirma, en la mayoría de sus discursos, que ya no hay homicidios en El Salvador. En su reciente visita a Costa Rica, dijo que “hay una cantidad mínima de homicidios que generalmente son intrafamiliares”. Desde 2022, El Salvador excluye de sus registros oficiales las muertes de presuntos delincuentes ocurridas en enfrentamientos, las osamentas encontradas en fosas clandestinas y las muertes de personas privadas de libertad. Además, pese a que existe una ley que reconoce la figura de feminicidios, los registros oficiales ya no los colocan como tal, lo que favorece a la impunidad en estos casos.
El mandatario costarricense no ha escondido, desde el primer día, su fascinación por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la “paz” salvadoreña y la forma en que, en sus palabras, Bukele “fue electo democráticamente dos veces”, obviando que, para ello, ha cooptado los Órganos Legislativo y Judicial (el primero, con una bancada oficialista mayoritaria y, el segundo, por la imposición de nuevos magistrados de forma ilegal). Esto le permitió emitir una serie de sentencias y reformas que avalaron su reelección, saltándose más de 7 artículos de la Constitución de la República que lo prohíben.
Pero fueron sus planes de seguridad los que llevaron a Chaves a otorgar a Bukele, el 11 de noviembre de 2024, la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en el grado Gran Cruz Placa de Oro, una máxima distinción para extranjeros. En medio de regalos, brindis y anécdotas sobre la numerosa familia Bukele y su ala en Costa Rica, ambos gobiernos firmaron acuerdos en diferentes ámbitos como cultura, turismo, medio ambiente y economía.
En este mismo evento, anunciaron la creación de la “Liga de las Naciones”, una propuesta para unir a países pequeños “que piensen como nosotros» para atraer inversión y seguridad, dejando de lado a los organismos regionales tradicionales. “Queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y a Estados Unidos. No vamos a ser un club muy grande, precisamente por ser un club muy distinguido. Seguridad y prosperidad, obviamente en el marco de la democracia”, dijo Chaves. A la fecha, se desconoce si hay otros países integrados a dicha liga.
En el discurso, Bukele afirmó que “en un país, nadie puede ser violento más que el Estado, solo para intervenir y mantener la paz”. “No hubo una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en cómo combatimos el crimen. No hubo un funcionario con poder que no estuviera de acuerdo. Si me aceptan un consejo, tienen que ponerse todos detrás del líder, sino no va a funcionar”, dijo Bukele aludiendo a que los poderes de Estado e instituciones deben estar alineados a quien lidera las estrategias.
Chaves avaló esta sentencia. “Es necesario otorgar, en democracia, suficiente poder a quienes gobiernan”. Lo que omite el mandatario costarricense es que desde la llegada de Bukele al poder, en 2019, El Salvador ha caído 24 puestos en la calificación de democracia según el informe de la Unidad de Inteligencia del grupo de The Economist (EIU). Desde 2020, El Salvador es considerado un “régimen híbrido”, que combina la democracia electoral con tendencias autoritarias. Además, la Iniciativa Mundial sobre el Estado de la Democracia, coloca al país en un “desempeño de rango bajo” en Derechos y Estado de Derecho. “En los últimos cinco años, ha disminuido en numerosos factores, especialmente en elecciones creíbles, parlamento eficaz, acceso a la justicia, libertades civiles, independencia judicial, integridad y seguridad personal y aplicación predecible”, expresa el estudio.
La gala se dio en medio de una serie de inundaciones, deslizamientos y cientos de afectados por el huracán Rafael, que impactó al pacífico. En pleno evento, Chaves tuvo que quitar la atención al presidente Bukele para “enviar un saludo de solidaridad con las familias afectadas por las lluvias”. Informó que más de 40 instituciones estaban trabajando en medio de la crisis y que había solicitado ayuda a Estados Unidos para atender la emergencia. Al respecto, Bukele ofreció un cargamento de ayuda y cientos de militares para realizar funciones de rescate. Los vítores no se hicieron esperar.
El avión con la ayuda humanitaria no se hizo esperar e ingresó a Costa Rica al día siguiente: Un contingente de apoyo acompañado de aproximadamente 75 efectivos de la Fuerza Armada salvadoreña, situación que provocó un debate en la Asamblea Legislativa, ya que es este Órgano de Estado quien debe autorizar la entrada de militares al país. Diputados y diputadas del Frente Amplio cuestionaron que Rodrigo Chaves no informó al Legislativo de esta situación, violando lo estipulado en el art. 121 de la Constitución que establece la «potestad» para conocer o denegar el ingreso de tropas extranjeras al territorio costarricense o permisos de permanencia de aeronaves de guerra.
El congreso aprobó, luego del debate, un permiso excepcional para la permanencia de militares en un país donde el ejército no existe. Sin embargo, exigieron al Ejecutivo un informe sobre la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, su rango militar y tiempo de permanencia en el país y recordaron que el Legislativo tiene la competencia “exclusiva y excluyente” para autorizar cualquier permiso de cualquier fuerza militar al país.
“Bienvenido a su segunda casa”, dijo Bukele a Chaves en su tercer encuentro en El Salvador. Ahí, firmaron la Declaración de Coatepeque que busca el intercambio de experiencias entre ambos países en diferentes materias. También lanzaron el “Escudo de las Américas”, como una alianza entre países contra la criminalidad, el narcotráfico y el combate a estructuras transnacionales. Al igual que con la Liga de las Naciones, expresaron que “con el tiempo, invitaremos a otros países que piensen igual”.
Para Bukele, El Salvador es menos desarrollado que Costa Rica porque, según él, vivieron dos guerras: la guerra civil en la década de los 80 y la “guerra de las pandillas” o la que llamó “dictadura de las pandillas”. “Ahí vivíamos en una dictadura, no ahora que vivimos en total democracia”, dijo.
Los mensajes entre ambos presidentes donde Chaves halaga las políticas de Bukele y este último aconseja darle continuidad a la forma de llegar a los bajos índices de seguridad a través de tener los tres Órganos de Estado alineados se repiten en cada visita. En esta, Chaves dijo que la oposición costarricense le acusaba “de ser un pichón de dictador, porque lo que quiero es cambiar las leyes. Lo que yo sí quiero es que mi país cambie al ‘poder perjudicial’, perdón, al Poder Judicial, para que los ciudadanos salgan de sus casas y los criminales se queden en la cárcel”.
Sin cuestionar, Chaves repite los datos y narrativa de Bukele respecto a los niveles de seguridad en El Salvador. Por ejemplo. En su visita al CECOT, el presidente tico dijo a Trivisión que era “mentira” que en las cárceles salvadoreñas habían “personas inocentes”, ya que en dicho centro se encontraban “personas que habían matado a más de 10 personas”.
“Esa es la mentira más grande. Básicamente lo que El Salvador hizo fue decir: esto no es un tema de criminalidad, es un tema de guerra”, dijo el mandatario, obviando que organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) han documentado más de 1,500 casos de familias afectadas por arrestos sin pruebas hasta agosto de 2025, mes en el que pidieron la derogatoria de dicha medida. Chaves también desvía la mirada de los informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, entre otros organismos, países y comunidad internacional que han señalado, desde la implementación del régimen, la sistemática violación a derechos humanos y cómo estas medidas están impactando, sobre todo, a las personas de las comunidades más empobrecidas.
El 2% de la población salvadoreña se encuentra en diversas cárceles que distan de la realidad del CECOT. Las denuncias de torturas, hacinamiento, enfermedades sin tratamiento y muertes sin justificación son el grueso de estos informes. Además, las víctimas no solamente son las personas detenidas, también sus familiares, en su mayoría mujeres, que cargan con el peso de los cuidados de la niñez sin sus padres y el envío de paquetes alimenticios y dinero a sus familiares presos. Todo esto sin tomar en cuenta otras situaciones como el exilio de más de 40 periodistas y otro número de personas defensoras de derechos humanos por persecución, acoso de autoridades policiales y posibilidades de detenciones sin pruebas.
En Costa Rica, la cercanía con Bukele no tardó en generar sospechas. ¿Dónde termina la cooperación y dónde empieza la influencia? Es la pregunta que se hacen congresistas y magistrados en dicho país. El cuarto encuentro de estos amigos se dio el pasado 14 de enero, en un momento delicado en el calendario político costarricense: la recta final de las elecciones presidenciales.
El salvadoreño visitó Alajuela, donde se construye una mega cárcel denominada Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), inspirada en el CECOT. Los discursos en esta visita fueron, de nuevo, destinados a actuar pronto contra la criminalidad. Es la primera visita enmarcada en la Alianza “Escudo de las Américas”, firmada en Coatepeque, en el año 2025.
Antes de su llegada, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que recordar lo obvio: ningún mandatario extranjero puede participar en la política interna de otro país. La cercanía de Chaves con el salvadoreño ha sido aprovechada por la candidata oficialista, Laura Fernández. Por ejemplo, durante el anuncio de escáneres en la localidad de Puntarenas y Limón, el presidente Bukele envió un saludo que fue reproducido en la conferencia de prensa de Chaves. Horas después, Laura Fernández emitió un comunicado donde agradece a Bukele “sus palabras y buenos deseos”.
“Usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad que, con el apoyo de la mayoría de los costarricenses, lideraré a partir de mayo de 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades”, dijo Fernández en el video que se encuentra en diferentes redes sociales.
El artículo 19 de la Constitución de Costa Rica dice que los extranjeros no pueden intervenir en los asuntos políticos del país y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República.
Ligas justicieras, escudos contra el crimen, acuerdos bilaterales, abrazos, cenas de gala y muchas palmadas en la espalda. Esta ha sido la dinámica de la amistad entre Rodrigo Chaves y Nayib Bukele, una relación bajo la lupa de medios de comunicación, los poderes Legislativo y Judicial de Costa Rica (que siguen siendo contrapesos) y la ciudadanía costarricense que, de cara a las próximas elecciones, coloca sus esperanzas en el mal llamado “modelo Bukele” de seguridad. Mientras que sectores de oposición, defensores de Derechos Humanos y la misma población salvadoreña les recuerda que el costo de dicho modelo ha sido bastante alto.
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