Hora Cero
junio 16, 2025
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Aquí yace la historia de la defensa por el territorio, los estragos del capitalismo y la cruel matanza cultural del extractivismo. Por Krissia Girón
Cuando en mayo de 2024 salieron esos camiones repletos de tucas de madera desde el corazón de Gandoca, el primer pensamiento de ambientalistas y ecologistas consultados para esta investigación fue automático: hay que llamar al SINAC. Era lo lógico. Al ser la institución encargada de velar por la protección del ambiente, se esperaba que, junto con el MINAE y SETENA, activaran los mecanismos institucionales ante lo que parecía, en ese momento, una tala ilegal dentro de un refugio natural. Pero la sorpresa fue casi tan monumental como el daño.
Al denunciar lo que ocurría, los activistas se toparon con que todos los árboles extraídos del refugio tenían permisos firmados, con códigos oficiales, resoluciones selladas, y papel membretado que otorgaba legalidad plena a lo que, por su impacto, era inconstitucional. No hubo tiempo para reclamos, no hubo avisos, no hubo consultas públicas. Solo hubo silencio, y documentos legales que amparaban lo que, para ese momento, ya era irreversible.
Phillipe Vangoidshoven y Marco Levy, dos de las voces más persistentes en la defensa ambiental del Caribe Sur, buscaron entonces respuestas en la Municipalidad de Talamanca. Pero ahí se encontraron con otro signo de alerta institucional, el cual era una propuesta de plan regulador que, lejos de corregir el rumbo, pretendía profundizar el daño. El plan proponía la exclusión de hectáreas clave de conservación para abrir paso a urbanizaciones, hoteles y otros negocios privados.
Sin embargo, como se mencionó previamente, esta historia comienza mucho antes con la aprobación de la Ley 9223, promovida como un gesto de justicia hacia los habitantes históricos del Caribe Sur, excluyó del Refugio Gandoca-Manzanillo 406 hectáreas de área protegida, y más de 200 de bosque. No hubo respaldo técnico. No hubo consulta pública. Y, sin embargo, la ley se aprobó. Tras esa ventana legal se otorgaron más de 200 permisos sin control ambiental riguroso, eliminando bosques y ecosistemas costeros con alto valor ecológico.
En julio de 2025, la Sala Constitucional confirmó lo que ya venían denunciando las comunidades y ecologistas: la Sala IV declaró inconstitucional tanto el Plan General de Manejo del Refugio, como la Directriz MINAE-09-2023 (que planeaba excluir 165 hectáreas de humedales y 20 de bosque del refugio). Ambos instrumentos administrativos habían sido firmados por autoridades del SINAC y el ministro Franz Tattenbach del MINAE, contraviniendo incluso la Convención Ramsar, que Costa Rica había suscrito.
Y aún así, los árboles siguieron cayendo.
En marzo de 2025, la Sala IV ordenó suspender los efectos de varios permisos de tala, como el 011-2024-ACLAC-SLT, que ya habían sido otorgados por SINAC y la Municipalidad. La medida cautelar frenaba actividades en al menos 20.1 hectáreas dentro del Refugio. Pero llegó tarde. Porque el sistema, tal como está, permite que los permisos se ejecuten antes de que la justicia reaccione.
Y si el marco institucional ya parecía frágil, lo fue aún más la respuesta oficial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señaló que el SINAC ha negado tener competencias en la zona del refugio, a pesar de que en los propios expedientes técnicos a los que tuvo acceso Hora Cero constan inspecciones y certificaciones realizadas por funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe. En un correo oficial respondido al equipo de esta investigación, SINAC dijo no tener competencia en la zona afectada, pero los informes técnicos que firmaron sus propios funcionarios contradicen esa versión.
Una institución que actúa, inspecciona, certifica… y luego niega su competencia. Ese vacío deliberado abre espacio para que se ejecuten proyectos sin vigilancia ambiental real, y en este caso específico, sin viabilidad constitucional.
Aunado a ello, una investigación publicada por Semanario Universidad en agosto de 2025 reveló que el SINAC redujo en un 43% el área de humedales en el Caribe Sur, específicamente en zonas que el Estado costarricense tenía la obligación de proteger.
El recorte fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Procuraduría General de la República, quienes concluyeron que el mapa utilizado por el SINAC no contaba con respaldo técnico suficiente. Según consta en los informes, esta modificación cartográfica se realizó sin consulta pública y alteró significativamente la delimitación previa, afectando humedales catalogados como prioritarios por convenios internacionales.
Pero, ¿qué dicen las autoridades acerca de lo que pareciera ser un sistema que facilita la destrucción de bosques y ecosistemas?
Para indagar sobre esto conversamos con actores clave, uno de ellos es el fiscal agrario ambiental Luis Diego Hernández, quien desde su escritorio en el Ministerio Público, y su aparición en medios de comunicación, se ha encargado de denunciar las irregularidades institucionales, y de recibir todas las denuncias realizadas por casos ambientales en el país.
Durante la entrevista, Luis Diego se mostró frustrado y “atado de manos”. Para él, lo que ocurre en Gandoca-Manzanillo no es solo un caso aislado de tala o permisos mal otorgados, sino que es un fenómeno estructural, se trata de “un caso de criminalidad verde, donde la punta del iceberg son los delitos ambientales: cambio de uso del suelo, tala ilegal, alteración de humedales. Pero detrás de eso hay una serie de fenómenos de corrupción muy marcados”, asegura.
Explicó que detrás de cada permiso mal otorgado o documento alterado hay una red compleja de profesionales: “intervienen personas de diferentes disciplinas: especialistas en ciencias naturales, geógrafos, biólogos, abogados, especialistas en manejo de recursos naturales”. Esa red, según Hernández, manipula leyes, instrumentos de planificación territorial, inventarios de humedales, y clasificaciones de suelo para legalizar lo que debería ser ilegal.
El fiscal también denunció una mutación en el modelo de despojo, afirmó que “se sustraen tierras del Estado destinadas a conservación utilizando mecanismos de titulación que la ley establece, para incorporarlas a los circuitos de mercado. Y eso no sería posible sin corrupción”.
Para él, la raíz del problema es clara: “Una de las causas de esto es que hemos retrocedido muchísimo en gobernanza”. Además, señaló un caso específico: la Ley de Fortalecimiento del MINAE, que centraliza el poder en un ministro de paso y debilita las instituciones desconcentradas como SETENA, SINAC o CONAGEBIO.
También conversamos con Manuel Morales, quien es diputado por el Partido Progreso Social democrático, además es ingeniero forestal y forma parte de la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa.
Antes de empezar la entrevista, Morales se quitó un pin de jaguar que llevaba en el saco. Ese mismo símbolo representa al proyecto político que lo llevó al Congreso, y la bandera con la que Rodrigo Chaves alcanzó la presidencia. Quizás fue un acto automático, quizás no, pero el simple hecho de retirar el emblema antes de la grabación, parecía marcar distancia con el Ejecutivo. Una distancia que, durante la conversación, se volvería evidente.
Manuel es crítico con la narrativa de “país verde”. Asegura que el país vive aún de los réditos ambientales del pasado, pero que hoy la legislación no se cumple, y lo más grave es que no hay consecuencias. “He conocido colegas —y queda clarísimo— que han sido suspendidos en el Colegio de Ingenieros y Agrónomos, donde falsifican firmas, donde cambian permisos, donde cambian especies. ‘Mirá, esto no es un guayacán real, es un cedro’. Y así lo firman”, afirmó el diputado Morales.
Señaló también la incapacidad institucional para fiscalizar: “Las municipalidades otorgan permisos con muchas dudas, sin planes de manejo de reciclaje, con planes reguladores desactualizados desde hace 20 años. Y nosotros en la Comisión de Ambiente sesionamos dos horas por semana. Eso es lo que da el reglamento. Dos horas para denuncias, investigaciones, audiencias y proyectos de ley”.
Desde un rincón ideológico totalmente opuesto, entrevistamos también a Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Ambiente durante el primer año legislativo, Robles no solo ha cuestionado al Ejecutivo en múltiples sesiones, sino que también fue quien llevó el caso ante la Convención Ramsar, denunciando la violación de los compromisos internacionales del país. Su insistencia le ha valido amenazas de muerte y una vigilancia constante sobre sus movimientos, especialmente en el Caribe Sur, región que ha visitado en reiteradas ocasiones, acompañando a comunidades, periodistas y activistas.
Aquel vínculo, sin embargo, no es reciente. Durante una de las entrevistas, Robles recordó su primer contacto con Gandoca: el libro de Ana Cristina Rossi. “Nunca imaginé que esa historia fuese tan real, que tendría una segunda parte. Y que nos tocaría verla tan de cerca”, dijo. Esa cercanía con la historia, con la resistencia y con la memoria, parece haber sido el punto de partida de un periodo legislativo marcado por sus denuncias en defensa de Gandoca-Manzanillo.
Robles sostiene que Costa Rica ha mentido ante la comunidad internacional sobre la situación de Gandoca-Manzanillo. Denunció que no se ha informado a la Convención Ramsar sobre las reducciones de área protegida ni la desaparición de humedales. “La portada de la convención Ramsar tiene una foto de Gandoca-Manzanillo, entonces, entiéndanse el nivel de contradicción que significa ser parte de esta convención y que sea principalmente en ese lugar donde se están pasando las cosas que pasaron”.
Sobre su rol desde la asamblea, el diputado menciona que “es sorprendente que un despacho tenga que venir a decirle al Registro Nacional que una finca invade zona marítimo-terrestre. Y más aún, que cuando se intenta hacer lo mismo con el resto, empiecen a poner excusas por el escándalo. Estamos hablando de la élite económica costarricense. […] Estas familias no nacieron en el Caribe Sur. Son las que bautizaron calles y barrios de San José. Dent, Pacheco… no es casualidad”.
Acerca de las instituciones públicas mencionó: “Claro que la están vendiendo a pedazos (a Costa Rica), pero no solo lo que les pertenece. Están vendiendo lo que tenemos todos los demás”. E inmediatamente las cuestionó diciendo: “¿Dónde estaban las autoridades ambientales? ¿Dónde estaba el MINAE? ¿Dónde estaba el SINAC? […] No es que no sabían. Es que sabían y no actuaron. Y en algunos casos, actuaron a favor de los intereses económicos, en contra del interés público y del ambiente”.
Sobre las consecuencias, Ariel dijo que “todos los permisos deberían anularse. Absolutamente todos. Porque están viciados. Y no solo eso, también debe haber restauración del daño”. Para Robles, permitir que se mantengan los proyectos ya avanzados sería “premiar al que violó la ley”.
Hay quienes aseguran que todo comenzó con una firma. Pero no fue una. Fueron cientos. Resoluciones, permisos, avales, sellos.
Para el ambientalista Phillipe Vangoidshoven , no se trata de corrupción aislada. “Aquí hay una estructura institucional que ha permitido este tipo de actos durante años. No es solo corrupción individual; es una red que incluye funcionarios del MINAE, del SINAC y de la municipalidad”, afirma.
Las piezas parecen calzar. Durante una visita a la Municipalidad de Talamanca, Phillipe pidió explicaciones. Nadie los quiso recibir, y además, le declararon “non grato”. Luego se enteró de que el nuevo plan regulador buscaba cambiar la zonificación dentro del refugio. “No puede ser que una municipalidad proponga un plan regulador que contradice los límites del refugio. Eso solo puede pasar con el aval o la indiferencia de instituciones como SETENA y el MINAE”.
La historia se repite con Marco Levy, otro ambientalista con décadas de trabajo en la zona. Denunció que muchos estudios de impacto ambiental avalados por SETENA omiten información esencial. “Yo he leído estudios de impacto ambiental que son un chiste. Hay casos donde ni siquiera se menciona la existencia de humedales o bosques primarios. Y aun así SETENA los aprueba”.
Lo que Marco cuestiona no es un error técnico, sino un patrón. “SETENA actúa como una oficina de sellos, no como un ente técnico. Deberían estar protegiendo el ambiente, pero lo que hacen es facilitar los proyectos de los empresarios”.
Y es aquí cuando la cronología del despojo queda clara. Las instituciones diseñan la vía legal para legitimar el grave impacto ambiental de la destrucción de bosques. Si todo esto ya no sorprende, lo que queda es una serie de acciones que siguen ocurriendo frente a nuestros ojos. Funcionarios que firman los documentos con los que se talan los árboles. Técnicos “expertos” que redactan estudios de impacto donde se atribuyen deliberadamente el criterio de que no existen ni humedales ni bosques. Autoridades locales que negocian los límites de un refugio natural como si fueran líneas borrables en una servilleta. Y profesionales del medio ambiente que, lejos de proteger, terminan avalando un ecocidio en el Caribe Sur de Costa Rica.
Porque cuando todo está permitido por ley —cuando el sistema legitima lo que debería proteger—, no solo se abren las puertas al despojo, también se corre el cerco de lo posible. Y más allá de ese cerco, operan actores a los que ya no alcanza ni la firma de un fiscal ni la resolución de una sala constitucional.
Actores para quienes la selva es un negocio más.
Y así, entre decretos, mapas alterados y permisos de tala, el Estado retrocede. Y en ese retroceso, otros avanzan, hacia la zona liberada.
Costa Rica ha sido una vía estratégica a nivel mundial para el tránsito de drogas, especialmente por el Pacífico sur y el Caribe. Esta condición geográfica, sumada a la debilidad institucional, ha permitido que grupos criminales transnacionales usen al país como plataforma de tránsito, almacenamiento, legitimación de capitales y narcomenudeo.
El Ministerio Público ha señalado que en la zona sur han sido identificadas rutas aéreas y marítimas, casas de seguridad, caletas y lugares de acopio, además de la infiltración de organizaciones criminales que operan incluso con colaboración de actores locales y gubernamentales, como el caso del exmagistrado Celso Gamboa, a quien la DEA solicitó en extradición, y de quien vamos a hablar más adelante.
El periodista Ronny Rojas, quien ha investigado durante años las redes de narcotráfico en Centroamérica, ha documentado cómo el sur de Costa Rica comenzó a posicionarse como una ruta de tránsito desde hace más de una década, especialmente en territorios como Golfito, Osa y Limón, donde la actividad criminal se mezcla con dinámicas locales como el desarrollo inmobiliario, la corrupción municipal y la falta de vigilancia institucional.
En Gandoca-Manzanillo no es distinto. La institucionalidad que prometía resguardar el territorio terminó siendo la puerta de entrada para el crimen organizado. El vacío que dejaron las instituciones fue ocupado rápidamente por otro tipo de actores, quienes no esperan procesos administrativos ni dictámenes jurídicos.
Cuando el equipo de HoraCero llegó a Gandoca lo primero que sentimos fue un aire denso, un ambiente cargado de silencios incómodos que solo se rellenaban con las olas chocando en las palmeras. En la esquina de un supermercado local, vimos cómo dos personas se saludaban con ese gesto de la mano extendida, un contacto breve, y el pase discreto de algo… el narcomenudeo en su forma más cotidiana. Al preguntar por el narcotráfico a los locales, la reacción fue siempre evasiva. Nadie quería hablar del tema, nadie soltaba un nombre, una dirección, una pista. Y no era por ignorancia. Era por miedo. El narcotráfico no se menciona porque está en todas partes. Porque en Gandoca es una presencia constante. Un elemento que se ve, se intuye y se calla. Visible, violento, y por momentos, inconfesable.
Luis Diego Hernández, fiscal agrario ambiental, no dudó en vincular ambas esferas: crimen ambiental y crimen organizado. “Se está dando mucho la incursión del narcotráfico en delitos ambientales. Cuando ellos ven disminuidos sus ingresos, incursionan en el tráfico de especies de vida silvestre, en bienes raíces, todo”. Según explicó, estas redes aprovechan el debilitamiento institucional para instalar esquemas de blanqueo que encuentran en la tierra su mejor aliado. “Uno puede avizorar el tipo de delincuencia que viene, que ya es estructurada, que ya es delincuencia organizada ambiental”, advirtió.
Lo que expone Hernández no es un caso aislado. El Poder Judicial y el OIJ también han documentado cómo el narcotráfico se mueve a través del Caribe costarricense. En 2022, se desarticuló una red criminal que lavaba dinero mediante la compraventa de propiedades dentro de zonas protegidas. A eso se suman figuras como Jeison Olivery Alfaro Bustamante, alias “Press”, condenado por tráfico internacional de drogas y luego liberado, y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, actualmente en manos del Poder Judicial tras una solicitud de extradición presentada por la DEA. Ambos lideraron estructuras narco que operaban entre Limón, Cahuita y Manzanillo. En las pocas declaraciones que logramos recoger durante nuestra visita a la zona, varios vecinos mencionaron una construcción en Punta Uva: un muro alto, sin ventanas, al que todos llaman simplemente “el búnker”.
La zona de Talamanca —y específicamente Gandoca-Manzanillo— es parte de ese nuevo mapa. Las playas abiertas, la baja presencia policial y la facilidad para mover bienes raíces sin mayor fiscalización, crean el escenario perfecto para lo que el fiscal Hernández llama “una gobernanza puesta al servicio de intereses económicos”.
El ambientalista Marco Levy, quien lleva décadas documentando el deterioro institucional en la zona, lo mencionó de forma clara: “Hemos percibido legitimación de capitales. Bienes y raíces es posiblemente la actividad más lucrativa para el lavado y blanqueo de dinero”. Durante las entrevistas realizadas, relató cómo ha identificado patrones sospechosos de inversión: “Hay gente ahí que ha levantado diferentes construcciones. Hemos hablado con centroamericanos, nicaragüenses que trabajan en estas construcciones. Les hemos preguntado cosas sobre cómo les pagan, y todos ellos nos mencionan que les pagan en dólares, que les pagan en efectivo en dólares y prácticamente sin ningún control. Todo lo cual apunta a que en algunos casos, no todos, existe también una legitimación de capitales en la zona”.
Lo que está en juego, según él, es un negocio incluso más lucrativo que la cocaína. “Un negocio inmobiliario multimillonario, quizá tan parecido o mejor todavía que el tráfico de la cocaína, en el que estaba involucrado el Ministerio de Ambiente, Municipalidad de Talamanca”.
Para tener un mejor entendimiento de esto, me remito al testimonio del activista Phillipe Vangoidshoven, quien describe una escena cotidiana donde las fronteras entre crimen y desarrollo son difusas: “Yo conozco gente que son narcos, que en la noche se ponen en la playa para ver si no hay un paquete flotando, porque es la manera como pasa la cocaína”. Al parecer, según los vecinos, es una práctica común esperar que caiga la noche para toparse con la “suerte” de ver un paquete de droga flotando, y venderlo.
En el centro de todo este entramado aparece el nombre de Allan Pacheco Dent, señalado desde los primeros días como uno de los principales implicados en el caso Gandoca-Manzanillo. Durante una conversación sostenida con su abogado, y con él presente, se nos autorizó a parafrasear parte de lo expresado. Pacheco insiste en que el desarrollo de Puerto Viejo ha estado marcado por construcciones que han talado sin mayor cuestionamiento durante años, pero que, sin embargo, todas las acusaciones parecen haberle caído únicamente a él.
Asegura que lo están utilizando como chivo expiatorio, para desviar la atención de lo que ocurre en otras zonas como Guanacaste, donde —según afirma— hay intereses mucho más grandes moviéndose con mayor impunidad. En su relato, el tema ambiental se entrelaza con otro aún más delicado: el narcotráfico. Habla de empresarios presionados, de funcionarios amenazados, de lanchas que entran en la noche sin control alguno. Dejó claro que, a su juicio, lo que sucede en Gandoca es apenas una arista de un sistema donde el poder económico y el crimen organizado operan con respaldo, y donde las verdaderas estructuras siguen activas, amparadas por los vacíos legales y el silencio institucional.
Durante las llamadas sostenidas por el equipo de Hora Cero con Roberto Gómez, abogado del empresario Allan Pacheco, el tema del narcotráfico apareció una y otra vez, pese a la insistente advertencia del defensor de no referirse al asunto. Aun así, en presencia de su abogado, Pacheco fue enfático. Habló de presiones, de amenazas, de narcotraficantes que ya no solo se involucran en el tráfico de droga, sino que presionan a empresarios, ecologistas e incluso a funcionarios del Estado para facilitar otras rutas. Esa conversación, tensa y controlada, confirmó algo que ya se intuía, pero que pocos se atreven a decir en voz alta: en Gandoca, el narco ya forma parte de la estructura social y económica de la zona.
Aunado a ello, el 26 de agosto, una investigación de La Nación documentó la destrucción de un humedal dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo. El terreno fue talado, rellenado con maquinaria pesada y sobre él se construyó una pista de aproximadamente 300 metros de largo, con dimensiones compatibles con el aterrizaje de avionetas. No hubo permisos ambientales, ni registros previos de autorización. ¿Para quién se construyó esa pista? ¿Quién autorizó el ingreso de maquinaria pesada a una zona protegida? ¿Cuántas otras pistas hay en puntos ciegos del Caribe Sur?
No es sencillo reconstruir lo que ocurre en Gandoca-Manzanillo. Hay vacíos que no se llenan con expedientes ni mapas oficiales. Hay relatos que no pueden documentarse con sellos, pero que se repiten con demasiada frecuencia como para ser ignorados. Personas distintas, en espacios distintos, con ideologías opuestas, coinciden en lo mismo.
Existe una estructura más grande operando en Gandoca. Algo que escapa a las competencias del MINAE, de SINAC, de SETENA. Algo que se filtra entre las grietas que dejó la legalidad. No es común ver coincidir a un fiscal del Ministerio Público, un ambientalista extranjero, un líder comunitario, y al empresario más señalado por el caso Gandoca, desde ópticas tan distintas. Lo que nos habla de una zona liberada, donde ya no manda la ley.
Lo que debería ser un refugio natural es hoy un espacio administrado por silencios, negociaciones informales, pagos en efectivo, amenazas. Gandoca-Manzanillo se convirtió en un lugar donde poner una denuncia puede costar muy caro, y puede implicar el exilio, o que silencien la voz de quien denuncia, para siempre.
