Hora Cero
junio 16, 2025
Abajo las fronteras, nadie es ilegal por Cindy Espina
Abajo las fronteras, nadie es ilegal por Cindy Espina
Sara Bardales, de 38 años, ve la esperanza después de cuatro años de haber migrado de Honduras a España. Ella fue la primera de su familia en migrar, aunque el sueño de hacerlo siempre fue el de su madre. Desde mayo de 2025 ella, sus hijos, su mamá y su hermano se encuentran juntos y viven todos en un mismo cuarto en una departamento compartido en las afueras de la ciudad de Barcelona.
La esperanza que visualiza Sara se encuentra en la regularización que aprobó el Gobierno de España y que beneficia a todas las personas que se encuentren en una situación migratoria de irregularidad, que llegaron al país europeo antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar que habían vivido ahí, por lo menos, en los últimos cinco meses previo a esa fecha.
Aunque Sara ya había iniciado su proceso de regularización para obtener permiso de trabajo, se siente aliviada que con la reciente aprobación, su mamá y hermano también van a poder trabajar en el mercado laboral formal, lo cual les permitirá alquilar un departamento completo y aumentar el ingreso económico de su familia, ya que actualmente solo ella se encuentra a cargo y saca adelante a todos con trabajos de limpieza de viviendas y cuidado de ancianos.
En España, las personas que no se encuentran en una nómina laboral por no contar con permiso de trabajo, o que no cuentan con seguridad social tienen un nulo acceso a la renta de viviendas, ya que estos documentos muchas veces son requisitos para obtener un alquiler. A esta serie de requerimientos se suman actos de racismo y descriminación que enfrentan personas inmigrantes de países latinoamericanos, africanos y de oriente en España.
En abril de 2020, durante la pandemia de COVID-19, la cual puso en una situación muy vulnerable a las personas trabajadoras en el mercado informal, motivó a 120 colectivos de personas migrantes y de solidaridad llamados, Regularización Ya a lanzar su primera campaña. Regularización Ya se describe en redes sociales como un movimiento estatal autoconvocado de colectivos y organizaciones por los derechos de las personas migrantes.
Dos años después de su creación, con casi un millón de firmas recolectadas promovieron una iniciativa legislativa popular para solicitar la regularización de más de medio millón de personas migrantes. Fue un trabajo constante, de mucho trabajo organizacional y de redes colectivas, lo que permitió que a principios de enero consiguieran el apoyo de una alianza de partidos políticos de izquierda.
Pero esta no es la primera regularización extraordinaria en la historia reciente de España. Según Por Causa, una fundación dedicada al periodismo de investigación enfocado en migración, en el país europeo, desde 1986, ha habido nueve procesos, impulsados por gobiernos de distinta ideología. Solo el Partido Popular (derecha) ha aprobado cinco procesos de regularización extraordinaria a favor de las personas migrantes.
El centro de investigación y análisis económico y social, Funcas, registra que a enero de 2026 en España viven 840.000 personas en situación migratoria irregularizada, lo representaría el 17.2% de la población extranjera que no procede de países de la Unión Europea. El 91% de estas personas son originarias de Latinoamérica y la mayoría son de origen colombiano, con cerca de 290,000, le siguen las personas peruanas con casi 110,000 y las hondureñas con 90, 000, de los cuales forman parte Sara Bardales y su familia.
Para Sara este año inicia su camino para cumplir sus sueños porque podrá acceder a garantías laborales y seguridad social, además la regularización le permitirá aspirar a trabajos relacionados con sus estudios, ya que mientras trabajaba en la limpieza y cuidados, hizo un master en Coaching y espera algún día ser parte del equipo de Recursos Humanos en una empresa en España.
La vida para Sara se siente menos pesada, ahora que su mamá y hermano pueden trabajar le quita una preocupación menos, ya que este año tenía programada una cirugía que la dejará incapacitada para trabajar y temía mucho que los ingresos de su familia se redujeran. Dice que tiene planes de visitar Honduras y abrazar a sus seres queridos, también quiere escribir un libro que capture su lucha como trabajadora migrante irregularizada en España.
In the lead-up to the 2026 elections, insecurity solidified as a central theme of the political debate, with clearly differentiated proposals reflecting distinct interpretations of the problem’s causes and how to address it. From the ruling party and allied sectors, candidates such as Laura Fernández (leading in all opinion polls), as well as José Aguilar and Fabricio Alvarado, have proposed approaches centered on a punitive justice system. These include the suspension of individual rights in certain contexts, the construction of mega-prisons, and harsher penalties as mechanisms to curb violence and organized crime. This is reinforced by the public friendship between Presidents Chávez and Bukele, demonstrating a trend toward «Bukeleism» in security matters.
In contrast, other proposals have emphasized technological strengthening and inter-institutional coordination. The C5 plan, championed by Álvaro Ramos of the National Liberation Party, proposes a model for integrating information, surveillance, and response that seeks to coordinate the various security institutions under a single command and control system. Meanwhile, figures like Ariel Robles and Claudia Dobles have insisted on approaches that combine social prevention, strengthening the education system, and reinforcing police control in coastal areas and strategic territories, with particular attention to regaining territorial control as a prerequisite for reducing violence.
