Frente al aumento del autoritarismo y el pensamiento conservador en la región, el 8M encuentra al movimiento feminista centroamericano en pie de lucha.

La extrema derecha crece a nivel global impulsada por un discurso anti inmigrantes y contrario a los derechos de las mujeres y las minorías. La figura de Donald Trump ha dado un nuevo aire de impunidad a quienes profesan estas ideas. En una región históricamente conservadora como Centroamérica, esta nueva ola refuerza viejos discursos de desprecio hacia quienes exigen el fin de la corrupción, la ampliación de derechos para las mujeres, la inclusión de comunidades indígenas y afrodescendientes en la vida política, y el fin del extractivismo ambiental.

El panorama país por país ilustra la dimensión del problema. En El Salvador, Nayib Bukele ha asfixiado y perseguido a las organizaciones sociales que denuncian violaciones a derechos humanos cometidas durante su gobierno. El encarcelamiento de la abogada Ruth López en mayo de 2025 es un ejemplo de esa estrategia de intimidación. En Nicaragua, desde 2018 las mujeres no pueden marchar ni el 8 de marzo ni en ninguna otra fecha: el disenso está penado con cárcel, exilio o desnacionalización por la dictadura de Ortega y Murillo, para quienes el movimiento de mujeres siempre fue visto como un enemigo.

En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves —señalado de acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial— ha difundido un discurso de confrontación y poco respeto por las instituciones. En un acto junto a evangelistas, se comprometió a modificar la Norma Técnica del aborto terapéutico. En Honduras, las feministas temen que el gobierno de Nasry Asfura elimine o debilite entidades estatales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, en un país que registra una de las tasas más elevadas de feminicidios en América Latina y cuyos gobiernos han demostrado poco compromiso para reducir esas cifras. En Guatemala, el llamado Pacto de Corruptos —alianza entre actores judiciales y las élites del país— busca debilitar la institucionalidad y ha intentado durante años acabar con los avances en materia de derechos de las mujeres, en uno de los países más desiguales de la región.

Sin embargo, en todos estos países el movimiento de mujeres ha estado en pie de lucha al denunciar las violaciones a derechos humanos y el intento de distintos gobiernos por erosionar las instituciones. Desde las calles, las universidades, las comunidades y aún desde el exilio, el feminismo y las organizaciones de mujeres siguen luchando por la defensa de derechos y la construcción de una Centroamérica más justa para todas y todos.